Historias Surrealistas/Javier Velázquez Flores

Los reportajes de los periodistas Anabel Hernández y Tim Golden calaron muy hondo en Palacio Nacional, durante más de una semana, el presidente Andrés Manuel López Obrador, no ha podido sacudirse los señalamientos en las redes sociales que lo vinculan con el narcotráfico.

Esta situación fue observada por Xóchitl Gálvez Ruiz, candidata de la oposición a la primera magistratura, quien planteó que son acusaciones serias las publicadas, en el sentido de que el narco aportó entre 2 y 4 millones de dólares para la campaña de AMLO, en 2006.

Xóchitl considera que si, como el presidente sostiene, se trata de “injurias” las publicadas por los periodistas, en el medio alemán Deutsche Belle, en el caso de Anabel, y en la edición de Pro República, con Tim, López Obrador debe hacer una denuncia penal en Estados Unidos.

Fuera de negar en cada mañanera sus posibles vínculos con el narcotráfico, AMLO no ha respondido adecuadamente , contla propuesta de la abanderada de la alianza opositora. El que nada debe, nada teme y López Obrador se ha visto avasallado por los señalamientos y sospechas de ciudadanos en las redes sociales, que en este caso, ya no son tan “benditas”, como el morenista las ha denominado.

Y es que en este caso no se trata de cualquier ciudadano sobre el que pesa la acusación de ser financiado por el narco, sino de nada menos el presidente de la República, con todas las implicaciones que esto tiene, especialmente cuando el jefe del ejecutivo ha mantenido una política de “abrazos, no balazos”, para el hampa organizada.

En una opinión que es compartida por muchos mexicanos, Gálvez Ruiz considera que el presidente sí está obligado a pedir que se aclare la acusación, a que se profundice, y si él está convencido de que no recibió dinero, no habría ningún problema que hiciera una denuncia penal en Estados Unidos contra los periodistas. Así lavaría no sólo su imagen, sino la del país entero, pero al parecer eso no sucederá.

Sin duda, el señalamiento sobre la figura presidencial viene a enrarecer aún más el de por clima convulso prevaleciente en muchas regiones del país, por la violencia ejercida por el narco.

En este ambiente, llamaron la atención los recientes señalamientos de magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en el sentido de la manera en la cual puede incidir la violencia en las elecciones federales, estatales y municipales, a realizarse en este año.

En un encuentro con periodistas, la presidenta del TEPJF, Mónica Soto y los magistrados Felipe de la Mata y Felipe Fuentes sostuvieron que no se puede ignorar el tema de seguridad en las elecciones.

Señalaron que la injerencia del crimen organizado puede ser una causa para anular casillas o hasta una elección; sin embargo, deben reunirse los elementos necesarios para que se acredite dicha acción.

Es decir, la legislación sí considera que se pueda anular una elección, pero deberá producirse una violencia generalizada, sin embargo, lo cual, no se considera que ocurra, debido a la coordinación que ya existe entre las autoridades electorales y las autoridades para cuidar el orden en los comicios.

Una de las acciones preventivas más efectivas, consiste en que las autoridades monitoreen el desarrollo de las elecciones y puedan intervenir de manera directa para impedir que la violencia surja, en aquellas casillas, en donde se presenten disturbios.

Mónica Soto recordó casos como el de Michoacán en el que, si bien se anularon algunas casillas, eso no derivó en declarar la nulidad de la elección a nivel estatal. Situación que se ve poco o nada probable en los comicios de 2024.

Y es que la misma Constitución marca pautas para anular elecciones, porqué no se trata sólo de que se anulen elecciones en determinados lugares, debido a que se presente violencia generalizada, sino por la manera en que esta influyó en los resultados de los comicios, a final de cuentas.

Uno de los factores fundamentales para dirimir la legalidad de una elección en determinada zona, obedece a la presentación de las denuncias que son presentadas por los ciudadanos o representantes de los partidos, de tal manera que las autoridades electorales cuenten con todos los elementos necesarios para calificar los comicios.

En todos los casos, las autoridades electorales son garantes del marco de derecho, de tal manera que aseguran que las elecciones sean limpias, transparentes y apegadas a la ley.

Sin duda, la violencia incidirá en zonas de Guerrero, Guanajuato, Zacatecas, Jalisco, Chiapas, Sinaloa, Sonora, Chihuahua, Tamaulipas, Veracruz y Estado de México, entre otros, en donde se producen a diario ejecuciones, enfrentamientos y toda clase de ilícitos.

En nuestro país se registran entre 75 y 90 homicidios dolosos diariamente. Sería iluso pensar que, en los comicios más grandes de la historia del país, al menos disminuirá esa tendencia.

Desde que inició el proceso pre electoral han sido asesinados 10 candidatos a puestos de elección popular y eso que aún no empiezan las campañas en forma. Con estos antecedentes, es alto el riesgo de violencia en los comicios del 2 de junio, ojalá y me equivoque.