Historias Surrealistas/Javier Velázquez Flores

En las manos de militares

Para la familia Alvarado, de Chihuahua, no hay alegría de que la Guardia Nacional haya quedado en manos de militares, porque ellos saben lo que es una desaparición forzada por parte de miembros del Ejército Mexicano.

La noche del 29 de diciembre de 2009, entre ocho y 10 militares y miembros de la policía estatal llegaron a una casa habitación del ejido Benito Juárez, del estado de Chihuahua y, sin orden de aprehensión, detuvieron a los primos Nitza Paola Alvarado y José Ángel Alvarado, de 34 y 31 años edad. Ellos platicaban en el interior de una camioneta.

Después, los elementos armados se dirigieron a casa de otro familiar de ellos, Rocío Irene Alvarado, de 18 años de edad y por la fuerza la llevaron a un lugar desconocido. A 10 años de distancia, nadie sabe en donde se encuentran. Forman parte de las más de las más de 45 mil personas desaparecidas en México.

La esposa de José Ángel que se encontraba en la casa de ambos, frente al vehículo en donde él estaba, se dio cuenta de todo, pero no pudo salir a tratar de defenderlo, porque sus hijos se lo impidieron ante el temor de que también se la llevaran. Sólo ahogó su llanto.

En la casa de la jovencita Rocío Irene, los militares penetraron por la fuerza y después de golpear a la madre de la muchacha y de robar objetos de la vivienda, la subieron por la fuerza a una camioneta.

José Ángel trabajaba en una maquiladora. En el momento de su desaparición, tenía dos hijos, de cinco y nueve años de edad y su esposa estaba embarazada de un tercer bebé.

Su prima, Niza, había tenido que dejar de trabajar, porque presentaba un problema de salud que la había forzado a renunciar a su labor como secretaria. Tenía en 2009 dos gemelas de 14 años de edad y otra hija de 11 años.

Los familiares denunciaron los hechos ante las autoridades locales y, por lo menos cinco de la docena de instancias a las que acudieron, les informaron que los Alvarado estaban detenidos en el 35 batallón de infantería del Ejército Nacional.

Sin embargo, encontraron una actitud de puertas cerradas de los militares. Después de eso, los familiares empezaron a recibir amenazas anónimas de muerte, si no renunciaban a seguir investigando el destino de sus parientes.

La posibilidad de también ser desaparecidos, obligó a 37 miembros de las tres familias a dejar sus casas o a cambiarse a otras ciudades y a 11 de ellos a solicitar asilo en Estados Unidos. Como si viviéramos en Siria o en otro país en donde hay guerra.

Los familiares de los desaparecidos consideran que la llamada Operación Chihuahua que desató el gobierno de Felipe Calderón en contra de los cárteles de la droga en ese estado, fue la causa fundamental de que los Alvarado fueran detenidos injustamente.

El Ejército quería demostrar su eficacia en el combate contra los narcotraficantes y justificar su criticada presencia en las calles, por lo cual desataron detenciones de centenares de ciudadanos en ese estado del norte y luego, al no poderlos involucrar en delitos y recibir denuncias en su contra, simplemente los desaparecieron.

No obstante, nada intimidó a los familiares de los Alvarado, se movieron por todas partes con tal encontrar a consanguíneos, hasta que después de 9 años, apenas en 2018 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dio entrada a juzgar este caso de desapariciones forzadas en contra del Estado Mexicano.

La CIDH considera que el llamado Caso Alvarado fue una desaparición forzada ejecutada por miembros del Ejército. Así de directo, así de vergonzoso para una institución que vela por la seguridad de los mexicanos.

Desapariciones, larga historia

Las desapariciones forzadas, realizadas por fuerzas públicas como característica que las define, siempre han existido en México, pero en su etapa contemporánea se agudizaron durante el movimiento estudiantil de 1968 y se recrudecieron en la llamada guerra sucia que generaron los gobiernos de Luis Echeverría y José López Portillo en contra de grupos armados que surgieron en reacción a represión de la década de los sesentas.

Sin embargo, las desapariciones forzadas en esa etapa del país estaban encaminadas en contra de grupos políticos y sociales muy específicos. Es a partir de que inicia la llamada guerra en contra del narco cuando se convierte en un grave problema social en México.

En lugares públicos, agrupaciones de familiares de desaparecidos han gritado un ¡ya basta!, para que cesen las desapariciones de personas que nos colocan en primer lugar en Latinoamérica en este vergonzoso casillero. Sin embargo, en el país, muchos mexicanos son objeto de vejaciones y torturas, incluso por parte de policías y militares y, en el peor de los casos, no se les encuentra.

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