Nigromante/José Vilchis Guerrero

Se agota la paciencia, crece el crimen organizado y la impunidad

La Guardia Nacional ya es un hecho. Durante su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó a sus directivos y el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, a los integrantes de la Coordinación Operativa Institucional: por la Sedena, el general Xicoténcatl Núñez Márquez; de Marina, el contraalmirante Gabriel García Chávez; y de la Policía Federal, la comisaría Patricia Rosalinda Trujillo.

Quedará al mando el general de Brigada Luis Rodríguez Bucio, quien se encuentra en proceso de retiro a partir del mes de agosto; tiene 45 años en activo. Nació en Condémbaro, Municipio de Tancítaro, Michoacán, el 27 de agosto de 1956. Ingresó como cadete al Colegio Militar en 1973, donde se graduó Subteniente de Infantería en 1977, fue asignado al Segundo Batallón de Guardias Presidenciales, donde prestó sus servicios hasta 1985.

Se desempeñó en la Sección Segunda del Estados Mayor Presidencial y como ayudante del canciller en la Secretaría de Relaciones Exteriores en 1981 y 1982. En 1985, ingresó a la Escuela Superior de Guerra, donde realizó el Curso de Mando y Estado Mayor, de donde egresó en 1988 como Oficial de Estado Mayor, y fue destinado como jefe de la Sección Tercera de la Segunda Brigada de Infantería en el Campo Militar No.1-A., en la Ciudad de México.

Cuenta con amplia experiencia en la lucha contra el narcotráfico, que será un importante soporte en el combate a la delincuencia organizada.

Durante la conferencia matutina del presidente López Obrador se dio a conocer que la Coordinación Operativa de la Guardia Nacional estará a cargo de Patricia Rosalinda Trujillo Mariel, de la Policía Federal, donde se desempeñó como titular de la División Científica; estudió medicina en la Universidad Veracruzana y cuenta con una maestría en Medicina Forense, además de 11 doctorados.

Es autora de 28 libros. El primero lo escribió a los 16 años, sobre maquillaje de cadáveres. Durante el 2018 fue incluida en el listado de mujeres más poderosas de México realizado por la revista Forbes. Desde el 2009 forma parte de la Policía Federal, y bajo su cargo como titular de la División Científica, recibió un reconocimiento como corporación número uno en ciberseguridad.

Fue nombrada en 2016 como Médico del Año por la Confederación Internacional de Salud por sus aportaciones a las investigaciones en materia de medicina forense que realizó en la Policía Federal. Entre sus Doctorados Honoris Causa sobresalen los recibidos en Perú, Argentina y Colombia por sus investigaciones en las áreas forense y de trabajos sobre violencia, así como los otorgados por la World Wide Leaders in Health y la Asociación de Deontología y Ciencias Forenses.

Como representante de la Secretaría de Marina (Semar), Gabriel García Chávez, general retirado, refirió haber estado en la Infantería de Marina en zonas de Tuxpan, San Blas y Huatulco, y contar con diplomados del Estado Mayor con diversas maestrías, sobre todo en derechos humanos.

Enfrentan ahora la peor crisis de violencia y delincuencia que haya vivido México, después de que 2018 fue calificado como el año más violento de la historia nacional en que los homicidios se incrementaron 14 por ciento al pasar de 24 a 27 por cada 100 mil habitantes, de los cuales, 69 por ciento se cometieron con un arma de fuego. Estos casos representan un costo de 5.16 billones de pesos por la cantidad de homicidios y el impacto económico que representa para grupos empresariales equivale a 11 veces más al gasto actual del gobierno federal en materia de seguridad y justicia. Al cambio de gobierno los índices no han disminuido.

De acuerdo a los datos del Índice de Paz México 2019 realizado por el Instituto para la Economía y la Paz, debido a la baja inversión que se tiene en el sistema de justicia, el 97 por ciento de los delitos que se cometen quedan impunes, además de que en México hay solo 3.5 jueces y magistrados por cada 100 mil habitantes cuando el promedio global es de 16.

El nivel de paz se deterioró 4.9 por ciento, lo que representa el tercer año consecutivo a la baja. El reporte señala que alrededor de 93 millones de mexicanos, es decir, el 75 por ciento total de la población del país, presenciaron un deterioro en las condiciones de paz durante el año pasado. Según cifras gubernamentales, México cerró 2018 con el mayor número de homicidios en dos décadas, con 33 mil 369 registrados, que representa un incremento en la tasa nacional de homicidios del 14 por ciento.

La tasa de crímenes de delincuencia organizada también se elevó 11.6 por ciento respecto a 2017, mientras que los homicidios cometidos con arma de fuego se elevaron 69.4 por ciento. Con estas altas cifras, 22 estados del país empeoraron sus niveles de paz, mientras que sólo 10 vieron una mejoría respecto al año anterior. Guanajuato fue el estado con mayor deterioro, según el estudio, luego de que en 2018 tuviera un incremento de 127 por ciento en la tasa de homicidios. Baja California encabeza la lista de los estados menos pacíficos del país, luego de Guerrero, Colima, Quintana Roo y Chihuahua.

En contraste, Baja California Sur presentó la mayor mejoría, pues redujo su tasa de homicidios en 76 por ciento, al pasar de 105 a 26 por cada 100 mil habitantes. Yucatán es el estado número uno con mayores niveles de paz seguido de Campeche, Tlaxcala, Chiapas e Hidalgo.

Es insuficiente la inversión del Estado en su sistema de justicia penal, lo que provoca que 97 por ciento de los delitos queden impunes. De los 33 miembros de la OCDE, México es el que dedica menos presupuesto a su fuerza policial y sistema judicial, a menos de la mitad que otros países de América Latina. El gasto que realiza México en justicia y seguridad es de tan sólo 0.81 por ciento del PIB. Mientras que los otros países miembros de la OCDE tienen un gasto anual del 1.60 por ciento del PIB.

En 2018 la violencia tuvo un costo económico de 5.16 billones de pesos (272 mil 151 millones de dólares), 24 por ciento del Producto Interno Bruto. En perspectiva, la violencia le costó a cada mexicano 41 mil pesos (dos mil162 dólares) per cápita, según su estimación. Además, la violencia sexual aumentó 12 por ciento en 2018 con respecto al año anterior. Los datos evidencian que la violencia en el país afecta de diferente forma a hombres y mujeres. Es más probable que los hombres sean víctimas de homicidio, mientras que las mujeres son víctimas de trata de personas.

En nueve de cada 10 homicidios la víctima fue un hombre; mientras que el 71 por ciento de las víctimas de trata fueron mujeres y el 40 por ciento menores de edad. Durante 2018, por lo menos una de cuatro víctimas de trata fueron niños, niñas o adolescentes. El 44 por ciento de las mujeres informaron haber sufrido violencia por parte de su pareja en algún momento de su vida y la tasa de homicidios de jóvenes de entre 15 y 29 años fue 42 por ciento más alta que la de la población en general. Son hombres los responsables del 85 por ciento de los delitos.

El índice aporta datos de encuestas del INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía) y toma en cuenta la falta de denuncia de delitos. Pone en evidencia la debilidad de México en sus niveles de corrupción, en el funcionamiento del gobierno y libertad de los medios. Esta debilidad se manifiesta en los niveles de impunidad y en los ataques hacia la ciudadanía, políticos y empresarios.

En octubre del año pasado se informó por la organización Semáforo Delictivo, que preside Santiago Roel, que si bien en el tercer trimestre de 2018 los secuestros bajaron 17 por ciento, los robos a casa habitación 8 por ciento, los robos a negocios 5 por ciento y las lesiones dolosas 4 por ciento, en el mismo lapso las cifras de los delitos de alto impacto fueron a la alza: narcomenudeo 32 por ciento, ejecuciones 26 por ciento, homicidios 18 por ciento, violencia familiar 8 por ciento, feminicidios 8 por ciento; violación 6 por ciento, extorsión 2 por ciento, el robo a vehículos se incrementó 1 por ciento.

La tarea fundamental de la Guardia Nacional será desmantelar las redes de corrupción e impunidad que se tejieron entre autoridades y corporaciones policíacas con jefes del crimen organizado, que es el origen visible del problema.

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