Historias Surrealistas/Javier Velázquez Flores

Dinero por votos

Todo ciudadano que recibe dinero del gobierno, algún día lo pagará de alguna manera, casi siempre en las urnas: es una máxima en la política que empieza a tener visos de verdad para muchos hombres interesados en los fenómenos del poder.

El 10 de marzo, la Cámara de Diputados abrió las puertas para que las becas y los programas sociales del presidente Andrés Manuel López Obrador formen parte de la Constitución, lo que, a juicio de los partidos de oposición, en especial el PAN, representa formalizar el clientelismo político para que Morena compre votos para todas las elecciones por venir.

Los cambios al artículo Cuarto de la Carta Magna abrirá forzosamente un boquete de 95 mil millones de pesos al presupuesto federal, para canalizar dinero a becas y programas sí o sí, sin tomar en cuenta que el país necesite recursos para otros fines, de acuerdo con la oposición.

Con los cambios previstos en la Carta Magna, será un derecho constitucional la pensión para adultos mayores, así como los apoyos para personas de comunidades indígenas y personas con discapacidad.

También se incluyen las becas paras estudiantes de escasos recursos y la entrega de atención y medicamentos a la población sin seguridad social, a través del Sistema Nacional de Salud para el Bienestar.

Este cambio legislativo abrió el debate no sólo entre los políticos, sino entre especialistas y analistas de la cosa pública.

Uno de ellos es Gustavo Merino Juárez, profesor de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey, quien recuerda que ya otros gobiernos consideraron elevar a rango constitucional programas sociales, como ocurrió con Oportunidades en tiempos de Fox, pero afortunadamente la racionalidad jurídica y de política pública venció a la ambición política de corto plazo y a la miopía económica.

En un análisis “La Constitución y los Programas Sociales”, destaca que es necesario ajustar, transformar y remplazar programas a partir de la evidencia sobre su efectividad y atendiendo las siempre cambiantes condiciones sociales, demográficas y económicas de la población objetivo y del país, lo que requiere flexibilidad.

Blindar presupuesto y dificultar cambios a los apoyos fue quizá el objetivo, pero no sólo están atando innecesariamente las manos de los gobiernos del futuro, sino también las del gobierno actual, asegura el catedrático.

Apunta que la reforma obliga a destinar muchos recursos a estos programas, con lo que quedará menos para financiar otras acciones prioritarias. “No pudo llegar en peor momento: la economía está estancada, la inversión a la baja y las finanzas públicas enfrentan un panorama poco auspicioso por el nulo crecimiento y por la débil situación financiera de Pemex”, asegura.

Puntualiza que el panorama económico mundial tampoco es halagüeño por el impacto económico del Coronavirus y otros problemas. Además, dada la tendencia demográfica del país, estos apoyos y en particular la pensión, requerirán cada vez mayores recursos y asegura que tampoco se ve una estrategia bien armada para avanzar hacia la cobertura universal de seguridad o de salud ni como funcionará esta pensión con los demás esquemas existentes.

Comenta que, si bien las becas se justifican en algunos casos, se requieren otro tipo de inversiones para asegurar una educación de calidad y la asistencia a la escuela. La creciente proporción, el presupuesto educativo que se destinará a las becas dificultará realizar otras inversiones que nos acerquen al ejercicio del derecho de una educación de calidad.

El profesor recuerda que falta la aprobación de la reforma en el Senado y en la mayoría de las legislaturas estatales, pero se espera que prevalezca una visión de estado, guiada por la aspiración de hacer realidad los derechos sociales, que reconozca el error de elevar programas al rango constitucional.

“Los programas en cuestión pueden tener buenas intenciones, pero no se tiene evidencia contundente de su impacto. Un programa será más valioso si contribuye a lograr el ejercicio pleno de un derecho social y por eso es tan importante que exista la flexibilidad de ajustarlos, guiados por los resultados de las evaluaciones y las mejores prácticas dentro y fuera de México”, considera.

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