Historias Surrealistas/Javier Velázquez Flores

Periodistas, igual de indefensos

Al periodista Julio Valdivia lo decapitaron y después arrastraron su cuerpo varios metros, desde el lugar donde lo victimaron hasta colocarlo sobre las vías de un tren para aparentar que su muerte fue por un accidente.

Su inseparable motocicleta, que lo transportaba a todas partes para cubrir nota roja, se encontraba sin un rasguño, prueba más que suficiente para que el médico forense considerara que no fue embestido por el ferrocarril.

Eran las 14.30 horas del 9 de septiembre pasado, cuando fue descubierto el cuerpo de Julio, sobre las vías del tren que pasa por el poblado de Motzorongo, Veracruz. Tenía varias horas que nadie sabía de él.

Julio era corresponsal del diario El Mundo de Córdoba, en Tezonapa. Sus restos fueron encontrados a cerca de 9 kilómetros de la localidad en donde trabajaba, aunque sus desplazamientos por la zona eran continuos y necesarios para la cobertura de la información.

Ya había sufrido varios “levantones” para asustarlo y que dejara de publicar el involucramiento de las bandas delincuenciales en los numerosos homicidios cometidos en una de las regiones más azotadas por la delincuencia en territorio veracruzano.

El reportero había platicado a varios de sus amigos de estos “levantones”, pero no dejó de informar. Jamás dio aviso de esto a las autoridades, ni se sometió al amparo de los mecanismos de protección a periodistas. Así, Julio se convirtió en un comunicador más asesinado por el hampa, sin que hasta el momento se haya ubicado a un presunto responsable.

De 2000 a la fecha, la organización Artículo 19 ha documentado 135 asesinatos de periodistas en México, en posible relación con su labor. De ese total, 124 son hombres y 11 mujeres.

Del total de periodistas victimados, los homicidios de 47 se registraron durante el mandato de Enrique Peña Nieto y 15 en el actual de Andrés Manuel López Obrador. La 4 T no representó cambio alguno en la negra estadística de homicidios de comunicadores.

El gobierno de Javier Duarte, que comenzó en diciembre de 2010 y finalizó el 30 de noviembre de 2016 en Veracruz, ha sido el más letal para los periodistas: 17 de ellos asesinados (incluyendo al fotoperiodista Rubén Espinosa). Dicho estado tiene el mayor registro de asesinatos de comunicadores, con 30. El caso más reciente es el de Julio Valdivia, señala Artículo 19.

Los periodistas son la voz de quienes no la tienen. En muchas ocasiones, de manera directa o indirecta, se convierten en defensores de causas sociales, pero a ellos nadie los defiende. 

En una nación controlada por mafias, el periodista se encuentra sujeto a presiones de toda clase de grupos de poder delincuencial, económicos o políticos. 

Reporteros sin Fronteras coloca a México en el lugar 144 en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2019, dentro de un universo de 180 países, es decir, nos ubicamos como una de las naciones más vulnerables dentro de este derecho. 

Los periodistas no cuentan con una figura jurídica que defienda su actividad, a pesar de que está supuestamente tutelada por la Constitución, me comentó en alguna ocasión el periodista y abogado Noé Becerra. 

El compañero, quien falleció en este año, trabajaba en la definición de una iniciativa de ley para establecer la figura del Ombudsman del Periodista. Su tarea quedó inconclusa. 

Becerra consideraba, al igual que muchos periodistas, que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Contra la Libertad de Expresión no ha dado los resultados esperados.

“Es lamentable que la Fiscalía General de la República investigue las agresiones en contra de periodistas, cuando estos ya están muertos o que las autoridades locales escondan en sus cajones las denuncias que realicen o que a los compañeros asesinados se les acuse de estar relacionados con la delincuencia, como una manera de desviar la atención”, mencionaba.  

Noé Becerra diseñaba una propuesta novedosa que pudiera llegar a la promulgación de una Ley Nacional de Protección al Periodista que definiría un sistema jurídico para determinar los derechos de los comunicadores y la existencia de un Ombudsman del periodista, que sustituiría a esa fiscalía.

Comentaba que el Ombudsman tendría facultades similares a las de un ministerio público, con capacidad para iniciar carpetas de investigación, que no fuera sólo un esquema de emitir recomendaciones, como ocurre con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, porque ese sistema no ha servido de mucho. 

La figura del Ombudsman del Periodista tendría características de un organismo autónomo para que pudiera actuar de manera independiente de los tres poderes de la Unión y estaría conformado de un presidente abogado, con un consejo integrado por periodistas. 

Becerra sostenía que la iniciativa de ley en la cual trabajaba, sería presentada ante el Congreso de la Unión, pero también dada a conocer a los poderes ejecutivo y judicial. 

“El Ombudsman del Periodista también funcionará como un contrapeso del poder político, porque los periodistas debemos recuperar la confianza y la dignidad que merecemos y no recibir el trato de desprecio que sufrimos de los más altos niveles”, aseguraba. 

El periodista reflexionaba sobre los intentos de control que pretenden hacer sobre los medios, grupos políticos como el Partido del Trabajo, y que fueron descubiertos por una declaración del diputado del PT, Oscar González Yáñez, quien señaló que “solamente ganamos las elecciones, pero no hemos desmantelado los poderes fácticos, no los hemos regulado y ahí nosotros tenemos una propuesta que haremos llegar para regular a los medios”. Esa propuesta recibió una repulsa general y, finalmente, fue desechada. 

“Cualquier intento de control de los medios sería violatorio a la libertad de expresión definida en la Constitución, sería tanto como caer en una dictadura, con consecuencias fatales para el país. Por eso necesitamos un ombudsman”, enfatizaba Becerra. La muerte le arrebató su propuesta a Noé. Los periodistas siguen indefensos legalmente, materialmente al garete.

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