Historias Surrealistas/Javier Velázquez

México: la hora de la justicia sin rostro

Primera escena (México): el juez Vicente Antonio Bermúdez Zacarías sale a ejercitarse cerca de su casa de manera despreocupada. Se le acercan dos desconocidos y uno de ellos lo alcanza para dispararle un tiro a quema ropa en la nuca que lo mata de manera instantánea.

Segunda escena (México): después de ese homicidio, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y casi todos los partidos políticos claman porque se establezca un sistema de “justicia sin rostro” para que no se conozca la identidad de los jueces y demás impartidores de justicia y evitar que estos puedan ser objeto de atentados, mientras que la organización México Evalúa se pronuncia en contra de una medida de ese tipo, porque  “se mandaría el mensaje a la delincuencia de que el estado está en jaque”.

Vicente Antonio era un juez joven, cuya carrera se encontraba en franca consolidación. Además de sus éxitos profesionales, tenía una vida familiar feliz. Era de esas personas de las que suelen decirse que nada les faltaba.

El 17 de octubre pasado, cuando lo asesinaron, el juez 5 de distrito en materia de amparos y juicios civiles federales, había salido a correr, como lo hacía casi todos los días. Hacía ejercicio de manera despreocupada, sin estar acompañado de escolta, a pesar de que muchos de los casos en que trabajaba hubieran requerido de que no se le dejara solo en momento alguno.

Eso lo conocían los asesinos, a tal grado que después de dispararle con una pistola a centímetros de distancia, huyeron casi caminando, según se aprecia en el video grabado por una cámara que se encontraba en la calle, en una escena repetida en los últimos días por los medios de comunicación ante el pasmo de los espectadores.

Es aterrador observar la sangre fría con que actúan los delincuentes, la indefensión del juez, la soledad de una calle por la que dos asesinos se retiran del lugar, sin que nada pase, sin ser detenidos. Esa calle vacía de autoridad, como la mayor parte de las que tiene el país.

Se desconoce quien fue la mano que armó al sicario que disparó en contra del juez a quema ropa. Vicente Antonio participaba en la resolución penal de casos importantes. Cualquiera de ellos puede guardar relación con su homicidio.

El juez había rechazado un amparo solicitado por Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, en contra de su proceso de extraditado a Estados Unidos. Por otra parte, decretó el arraigo de Abigael González Valencia, alias El Cuini, uno de los principales capos del Cartel de Jalisco Nueva Generación.

También había negado el amparo para proteger de las acciones de la justicia a Gilberto López Astudillo El Gil, acusado de participar en la presunta desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero.

Y en un caso reciente, de apenas más de un mes, el juez negó la protección de la justicia federal al empresario de origen libanés Naim Libien Kaui, propietario del diario Unomásuno, acusado de fraude fiscal.

Muchos presuntos sospechosos, ninguno vinculado a proceso por este homicidio. Sólo especulaciones en una investigación que a la fecha no arroja resultados concretos.

El caso colombiano

El 30 de abril de 1984, el ministro de Justicia de Colombia, Rodrigo Lara Bonilla, viaja en su auto Mercedes Benz por una avenida de Bogotá, cuando es alcanzado por una motocicleta en donde viajan dos hombres. El hombre que va atrás saca una metralleta y dispara en contra del vehículo del funcionario, sin que sus escoltas puedan evitar el homicidio.

Lara Bonilla había descubierto la verdadera personalidad mafiosa del capo Pablo Escobar, quien en aquel tiempo era asambleísta en el Congreso de Colombia. Como resultado se inicia la persecución de Escobar, quien es desaforado y es suspendida su visa a Estados Unidos.

El 30 de octubre de 1986, el juez colombiano Gustavo Zuluaga viaja a bordo de su auto por la avenida Bolivariana de la ciudad de Medellín, cuando un vehículo lo intercepta, descienden tres hombres que lo asesinan a balazos. Zuluaga había girado un auto (orden) de detención en contra de Pablo Escobar y de su primo Gustavo Gaviria.

Las amenazas de muerte del cartel de Medellín en contra del juez habían durado cuatro años. Primero fueron de manera telefónica, hasta que un día el auto de su mujer Carmela fue interceptado por varios desconocidos. La mujer fue bajada del vehículo y el auto empujado hacia un barranco. “La próxima vez usted irá adentro”, le dicen. A pesar de las amenazas, el juez siguió con su trabajo. Él quería una vida normal con su esposa, deseaban tener una niña. Ángela, su hija, nació pocos meses después de la muerte de su padre

El 16 de noviembre de 1986, el más importante miembro del equipo de trabajo de Lara Bonilla, el coronel de la Policía de Colombia, Jaime Ramírez Gómez fue asesinado en su auto mientras regresaba de unas vacaciones con su familia

Ante la cascada de homicidios cometidos por la delincuencia organizada en Colombia, se realizan cambios legales en 1991 para proteger la identidad de los jueces y a todo el personal del sistema judicial que participara en los procesos legales iniciados en contra de los capos del narcotráfico.

De esa manera, se determinó que “la protección de los jueces contará con una cortina de sigilo que permite al funcionario ocultar hasta su propia fisonomía cuando tenga que interrogar a los sindicados, para lo que se valdrá de modernos sistemas electrónicos. En las providencias no figurarán su nombre ni su firma”.

Se determinó que, además, la protección se extiende a investigadores y testigos. Los testimonios de acusación de la Policía Judicial, así como los peritajes, sólo tendrán el número de orden del agente que las produjo, mientras que los testigos tampoco firmarán, únicamente pondrán su huella digital y, en caso de ser necesario, se les cambiará hasta de identidad”.

De igual manera, se fijó que “la Policía Judicial, a la cual se le asigna la investigación, tampoco registrará un solo nombre de quienes aportan pruebas, pues figurarán con el número de orden que les haya sido asignado en la respectiva unidad”.

Patética situación de México

Mientras en países como Colombia, en donde la delincuencia organizada ha asesinado a miles de personas relacionadas con la impartición de justicia, se adoptaron acciones concretas y prácticas para evitar que estos funcionarios fueran corrompidos o ajusticiados por los criminales, en México sencillamente no se ha tomado acción alguna al respecto.

Es patético escuchar planteamientos como el de la presidenta de la organización México Evalúa, Edna Jaime, en el sentido de que el sistema de justicia sin rostro no es una solución para impedir que los jueces sean victimados por los delincuentes.

Claro que la solución de los hechos de delincuencia en nuestro país requieren de acciones más profundas que tienen que ver con el abatimiento de la pobreza, cero tolerancia a la impunidad y a la corrupción y la generación de un entorno social y económico más adecuado, pero indudablemente, el sistema de justicia sin rostro debe ser aplicado cuanto antes, con la finalidad de que los delincuentes no conozcan la identidad de los jueces que llevan su caso y actúen para corromperlos, amedrentarlos o en el peor de los casos, para asesinarlos, como ha sucedido durante muchos años en México.

Se equivoca la señora Jaime, al afirmar que con el sistema de justicia sin rostro se mandaría una señal negativa de que la delincuencia tiene en jaque al Estado mexicano, porque las instituciones del país ya están en jaque desde hace muchos años y parece que de esto no se ha dado cuenta la señora Jaime, que alguien se lo haga ver, por favor. La justicia sin rostro no es una solución de fondo en los problemas de impartición de justicia, pero sí permitirá que los magistrados hagan su trabajo sin temor a ser reprimidos por delincuentes.

Justicia sin rostro ahora o seguirán los homicidios de jueces.

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