Historias Surrealistas/Javier Velázquez

El asco del sistema penal acusatorio

En los diarios impresos y en internet de todo el país aparecen noticias similares “Asaltó, pero salió libre gracias al sistema penal acusatorio”… “Está relacionado con un secuestro y lo dejaron en libertad”, “Cae una banda y en horas abandonaron el ministerio público”. La palabra resuena como una burla: “libres… libres… libres”.

‘Los A’ se han convertido en los últimos años en el azote de empresarios en una amplia zona de la región Centro de Tabasco. A fines de febrero pasado, una célula de esta banda delincuencial se enfrentó a tiros con policías ministeriales, quienes finalmente los aprehendieron después de una persecución automovilística, en la que ambas partes hicieron resonar sus armas de fuego.

Durante la audiencia inicial del proceso, que se llevó a cabo en la Sala de Oralidad del Tribunal Superior de Justicia de Villahermosa, un juez le restó valor jurídico a la petición del fiscal de no dejar detenidos a los imputados Pedro N., Eddy N. y Ángel N. de 26, 29 y 24 años de edad, respectivamente, pese a que fueron detenidos en flagrancia con tres armas de grueso calibre, a bordo de una camioneta robada y una placa falsa del Poder Judicial local.

Los presuntos hampones fueron dejados libres por el juez de control, Ludwig Ovando Ramón, argumentando que en el informe homologado de los ministeriales “no revelaron el nombre de la víctima”. Así, como lo lee, usted, dejados en libertad porque decidieron no dar a conocer el nombre de la persona a la que habían secuestrado, pese a que hubo flagrancia en lo que hicieron.

Estos casos de impunidad se repiten en todo el país, por razones que pueden parecer lógicas, pero que en realidad no lo son cuando se observa lo sucedido con dichos argumentos: toda persona imputada por un delito es inocente hasta que no se demuestre lo contrario y por ello no puede ser encarcelada, a no ser de que sean graves los delitos de que se le acusan.

Lamentablemente, esta situación ha sido manipulada cientos de miles de veces por ministerios públicos y jueces involucrados con la delincuencia a tal grado de que ni siquiera cuando existe flagrancia se vincula a proceso a los presuntos responsables, por el absurdo legaloide que para la autoridad son inocentes de entrada. El peor de los mundos para la ciudadanía.

Expertos indican que en el sistema penal inquisitivo anterior, lo primero que el ministerio público solicitaba al juez, mientras prepara la investigación, era la “prisión preventiva”, otorgándole al inculpado la condición de culpable; en el nuevo esquema esas prácticas quedaron atrás, ahora el juez calificado determinará la medida cautelar que deberá aplicar, considerando como excepcionales las medidas privativas de la libertad.

Se supone que esto no opera para delitos graves, como el homicidio, el secuestro, las lesiones y otros más, pero en la realidad, esto sirve como pretexto para que los jueces determinen la libertad condicional de delincuentes de alta peligrosidad bajo la premisa de que pueden ser inocentes.

Por lo tanto, ahora es posible ver a los imputados en lugares públicos o en su casa, gozando de la libertad que el artículo 19 constitucional les otorga y que refiere a que sólo por delito que merezca pena privativa de libertad, habrá lugar a prisión preventiva, tal es el caso de homicidio doloso, delincuencia organizada, violación, secuestro, delitos cometidos por medios violentos, corrupción de menores, y todos aquellos que hayan sido cometidos por violencia con arma.

Si no se está en ninguno de esos casos, entonces el Ministerio Público tendrá que probar ante el Juez que hay necesidad que el imputado sea sujeto a una medida de prisión preventiva porque: la víctima corre riesgo, existe peligro de fuga, o porque el imputado ya ha sido sentenciado con anterioridad por la comisión de un delito doloso y no es de fiar.

En caso de que el Ministerio Público no comprobara estos elementos, entonces el juez tendrá la facultad de imponer o no una medida cautelar como puede ser: no acercarse a la víctima, la prohibición de presentarse o acudir a ciertos lugares, el permanecer en su domicilio, presentar una garantía económica, portar una pulsera electrónica o estar bajo la custodia de alguna institución, entre otras.

Lo anterior no exime al imputado de ser procesado por el delito que se le atribuye, ya sea en libertad o privado de su libertad, esto depende de la medida cautelar que se le haya impuesto el juez de acuerdo a los elementos ya antes señalados.

Libres, 12 mil delincuentes

Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno de la Ciudad de México, está inconforme por la aplicación del nuevo sistema y acusatorio. De hecho, comenta que es uno de los elementos que propician un repunte de la delincuencia en la metrópoli.

Las cifras demuestra como a los delincuentes se les abrieron las puertas en la capital del país: de 42 mil reos que se encontraban en los reclusorios de la metrópoli antes de entrar en marcha el nuevo sistema, ahora sólo permanecen 30 mil.

Mancera sostiene que el repunte de los delitos, muchos de ellos cometidos con violencia, se debe precisamente a que  a esos 12 mil delincuentes se les abrieron las puertas de las prisiones y ahora están en las calles cometiendo fechorías, que es lo único que hacen en esta vida.

Las cosas se hicieron a medias en el sistema judicial, ya que se trató de establecer una estrategia que permitiera a los primo delincuentes enfrentar sus procesos penales en libertad, con la idea de que no se «contaminaran» en los presidios con los hampones consumados.

La idea de la «redención’ social y de la «rehabilitación», son los ejes de este tipo de argumentación en aquellos casos de personas que delinquen por primera vez.

Esta modificación en el sistema penal es totalmente acertada, si se tiene como objetivo impedir que los primo delincuentes reciban un trato diferente al que se da a los reos reincidentes o de alta peligrosidad.

Sin embargo, en realidad está sucediendo algo completamente diferente, las autoridades no están dejando libres sólo a los primo delincuentes, sino a hampones que, ahora protegidos por los cambios en el sistema penal, siguen delinquiendo hasta con cierto patente de corso.

En el medio delincuencial se acuñó un nuevo término que se aplica a esos delincuentes que han sido beneficiados por este esquema penal: se les llama «los protegidos».

Así, en el mapa delincuencial, ahí van juntos y libres, lo mismo aquellos secuestradores, ladrones o asaltantes consumados, que las personas que recién, por diversas razones, cometieron un ilícito y, aún más, los ladrones aviesos con una larga cadena de tropelías, pero expertos en no haber sido aún detectados por policía alguna.

Y como botín de esta fauna psicosocial, el ciudadano cada vez más indefenso ante las políticas erradas del sistema judicial.

Sin duda, que debe haber un sistema penal más justo, con la finalidad de que no permanezcan en prisión indiciados que a final de cuentas abandonan su encierro, cuando se comprueba que no fueron responsables de delito alguno y con un simple “usted perdone” por parte de las autoridades, dejan las prisiones llenos de resentimientos y dolor emocional.

No obstante, el nuevo sistema está beneficiando a los cada vez más poderosos grupos delincuenciales que ya encontraron en este monstruo legaloide un resquicio más para proteger sus actividades criminales. ¿Hasta cuándo?

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