Impone INE sanciones por 129.8 mdp al resolver 491 quejas

CIUDAD DE MÉXICO, 23 de julio de 2021.- En maratónica sesión de más de 15 horas, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) resolvió 491 quejas y procedimientos administrativos sancionadores, donde impuso sanciones que ascendieron a  129 millones 800 mil pesos  (mdp) a partidos políticos y sus candidaturas por diversas faltas en materia de fiscalización, destacando las impuestas a Movimiento Movimiento Ciudadano (MC) por 83.7 mdp y al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) por 40.9 mdp.

Durante su intervención la consejera electoral y presidenta de la Comisión de Fiscalización, Adriana Favela detalló que de los 491 proyectos de quejas que se analizaron, 319 fueron infundados, 53 desechados, 24 sobreseídos, cuatro parcialmente infundados-sobreseídos; 55 parcialmente fundados y 43 fundados al acreditarse que los partidos políticos no reportaron los gastos, imponiéndose en cada caso la sanción correspondiente.

En tanto, durante su intervención el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, destacó hizo un llamado a las distintas fuerzas políticas para que se erradicquen, dijo, esas trampas administrativas, y a que con nuevas prácticas contables, proselitistas y financieras puedan contribuir a la sustentabilidad de la democracia en los próximos años.

Lamentó que, pese a que se han invertido recursos para capacitar a los partidos políticos para que no realicen conductas que impiden la transparencia y la rendición de cuentas, éstos quieren engañar a la autoridad electoral y mentirle a la sociedad.

Córdova Vianello resaltó que la fiscalización, a pesar de las sanciones impuestas, no es un ejercicio punitivo, sino de transparencia y fortalecimiento.

“La fiscalización electoral no tiene objetivos punitivos, sino que busca convertirse en un incentivo para fortalecer administrativamente a los partidos y contribuir a la rendición de cuentas, a la equidad en la competencia y a transparentar el dinero invertido en la política, en suma, a fortalecer nuestra democracia”, apuntó.

Entre las quejas y sanciones contra partidos y candidatos en materia de fiscalización, destacaron las impuestas a Movimiento Ciudadano por un total de 83.7 millones de pesos y a su candidato, ahora gobernador electo de Nuevo León, Samuel García, por 448 mil 996 pesos.

En un primer punto de este caso, se determinó que hubo aportaciones en especie a través de publicaciones en redes sociales de Mariana Rodríguez, esposa de García y también influencer, por lo que, se acreditó que tiene la calidad de persona física con actividad empresarial, pues su nombre está registrado como marca y comercializa sus historias en Instagram, con lo que está impedida de realizar aportaciones a la campaña en dinero y en especie.

Y en el segundo caso, se acreditó que la campaña de Samuel García recibió 14 millones 026 mil 500 pesos de dinero prohibido por la ley, aportaciones de empresas a través de su madre, Bertha Silvia Sepúlveda Andrade, sus hermanos, Silvia y Roberto García Sepúlveda. 

Así, la sanción por el caso Mariana Rodríguez fue de 55 millones 720 mil pesos, y de 448 mil 996 pesos para Samuel García; mientras que por el,tema de la triangulación de recursos, la sanción para el partido fue de 28 millones 053 mil pesos.

La Consejera agradeció la colaboración de la Comisión Nacional Bancaria (CNBV) y de Valores, del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por la disposición de brindar la información esencial para dilucidar la presente controversia.

Mientras que en el caso de la queja contra del Partido Verde Ecologista, se acreditó que contrataron a 104 influencers a través de empresas, y que se trató de una campaña propagandística con el objetivo de influir en el ánimo de los electores a favor de ese instituto político en plena veda electoral.

Por lo que se determinó sancionar al partido con una multa de 40 millones 933 mil 568 pesos, así como con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita dentro del tiempo federal asignado por el Instituto, por el periodo de un año, a partir del mes de agosto.

“Se arriba a la conclusión de que existió una acción concertada o planeada con un fin específico que es el de influir e influenciar el voto de la ciudadanía a favor del partido, lo que se hizo a través de acciones que denotan sistematicidad en la difusión de esa campaña propagandística a través de influencers en las mismas fechas y horarios”, detalló la consejera Favela.