Impulsarán CNDH y Copecol igualdad mediante armonización legislativa

GUADALAJARA, Jal., 26 de enero de 2018.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y los Congresos locales de todo el país acordaron afrontar la enorme complejidad de hacer efectiva la igualdad para todas las personas, para que puedan gozar de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales, así como de las garantías necesarias para su protección.

Mediante la firma del correspondiente convenio de colaboración entre los presidentes de la CNDH y de la Conferencia Permanente de Congresos Locales (Copecol), Luis Raúl González Pérez y Pascual Sigala Páez, respectivamente, quedó establecido el impulso y seguimiento que se dará de manera sistemática a las tareas de armonización legislativa. Este acto fue atestiguado por el secretario de Gobernación (Segob), Alfonso Navarrete Prida y el Gobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval.

Al participar en la 9 Asamblea Plenaria de la Copecol, CNDH añadió en un comunicado, González Pérez afirmó que la vigencia de los derechos humanos no es negociable, de cumplimiento discrecional o que acepte tolerancia en su incumplimiento. Añadió que no basta el reconocimiento constitucional de tales prerrogativas, pues se requiere hacerlas efectivas para todas y todos en todo el país.

Lograr que los postulados constitucionales tengan una expresión común y una vigencia práctica uniforme en todo el país –dijo–, es un gran reto cuya respuesta gravita, esencialmente, en la actividad que desarrolle el Poder Legislativo, tanto en el ámbito federal como local.

Subrayó la especial responsabilidad del Poder Legislativo de lograr que sus leyes no violenten o restrinjan derechos fundamentales, y contribuyan a hacerlos vigentes, convirtiéndolos en elementos reales de defensa de las personas frente a la actuación arbitraria del poder.

Al referirse al contexto político electoral que enfrenta el país, solicitó a los Poderes Legislativos locales garantizar las mejores condiciones para que la sociedad lleve a cabo el ejercicio democrático en un entorno de paz, seguridad y respeto, y expresó que en la pluralidad y tolerancia está la clave de la convivencia pacífica entre las personas, a la que aspiramos y que la sociedad reclama con urgencia.

Señaló que la violencia contra autoridades y representantes populares, sobre todo municipales, en distintas entidades del país, que en no pocos casos han derivado en pérdida de vidas, demanda que los casos sean investigados y los responsables castigados conforme a derecho. El imperio de la justicia y la vigencia del Estado de Derecho –enfatizó– debe ser el mismo en todas las regiones del país.

También les dio a conocer diversos pendientes que, desde la perspectiva de los derechos humanos, se deben integrar a la agenda legislativa, como la urgencia de revisión integral y replanteamiento de las políticas públicas en materia de seguridad y justicia, y de diversos rubros vinculados a la necesidad de que se armonicen los instrumentos normativos, para dotar a los derechos humanos de mayor efectividad y vigencia, con énfasis en lograr que la igualdad enunciada por nuestra Constitución sea una realidad para poblaciones vulnerables.

Al inaugurar dicha asamblea de la Copecol, Alfonso Navarrete, subrayó que esta reunión es muestra de la civilidad política que tiene la democracia en México; por ello señaló que la labor de la Copecol es eje central en nuestro país, que acepta la pluralidad y que a través de la armonización de las leyes se logra respetar la dignidad de las personas, representadas por el Ombudsman nacional.

El presidente de la Conferencia, Pascual Sigala, reconoció el acompañamiento del Ombudsman nacional a los Congresos locales en la armonización de leyes que garanticen el respeto irrestricto de los derechos humanos. Mencionó que, como representantes del Poder Legislativo local, su compromiso es participar en las tareas encomendadas por la Constitución Mexicana y crear instrumentos que garanticen a las personas sus derechos fundamentales y permitan disminuir los índices de pobreza, desigualdad, injusticia e inseguridad que laceran a nuestro país.

Tras mencionar que el tema de los derechos humanos es fundamental en la agenda nacional, exhortó a los diputados a recordar que son la expresión de la voluntad popular, por lo que la Copecol seguirá trabajando en la armonización de temas como eliminación del fuero, reformas al Código Penal Único, reforma laboral y justicia cotidiana, entre otros.

Previamente, Aristóteles Sandoval convocó a los congresistas de todo el país a acelerar el proceso para instalar en los estados el Sistema Nacional Anticorrupción, con mecanismos donde la ciudadanía vigile libre de compromisos y ataduras, y en el ámbito federal se nombre al fiscal en la materia, eligiendo el perfil más limpio y confiable a los ojos de la nación.

Posteriormente, ante 400 congresistas del país, el Ombudsman nacional impartió la conferencia magistral La responsabilidad de los congresos locales frente a los derechos humanos, y les presentó una propuesta de decálogo sobre derechos humanos y democracia constitucional, con el fin de que evalúen la posibilidad de adoptarlo.

En ese documento los convoca a reconocer la dignidad de la persona como centro de toda actividad legislativa, ejercer su función constitucional como factor de equilibrio del poder político y contrapeso democrático ante los Ejecutivos estatales; atender los mandatos del Poder Judicial federal resultado de acciones de inconstitucionalidad promovidas por organismos públicos de derechos humanos, velar porque ningún legislador incurra en conflicto de interés o tráfico de influencias y prevaricación, así como fortalecer la rendición de cuentas, transparencia y combate a la corrupción e impunidad.

González Pérez puso de manifiesto que no sólo se violan derechos humanos cuando se transgrede un derecho específico, sino también cuando se deja de cumplir con alguno de los deberes estipulados, de modo que la Constitución General y las correspondientes a cada entidad federativa podrían vulnerarse no sólo por una acción, sino también por una omisión en materia de armonización legislativa.

El Poder Legislativo, en los distintos órdenes de gobierno –explicó–, puede incurrir en omisión legislativa, entendida en los términos referidos por la SCJN. La violación a derechos humanos derivada de la omisión legislativa puede suponer la responsabilidad por incumplimiento de un órgano legislativo y al mismo tiempo puede suponer el incumplimiento y consecuentemente la responsabilidad internacional del Estado mexicano.

Les dijo que para colaborar en su responsabilidad, la CNDH desarrolló una plataforma de seguimiento a la armonización legislativa de los diversos estados, en materia de derechos humanos, que puede resultar de utilidad en su trabajo, ya que permite monitorear los procesos de reforma del orden jurídico en todo el país, relacionados con los derechos humanos, y presenta en forma sintética el grado de avance obtenido en cada entidad federativa en la armonización legislativa, además de ser insumo que los congresos locales pueden utilizar al construir sus agendas.

Y los invitó a sostener un diálogo e intercambio de ideas como el que tuvieron los ombudsperson del país con los titulares de los ejecutivos de las entidades federativas.