Indígenas y afromexicanos, reconocidos como cualquier mexicano

CIUDAD DE MÉXICO, 24 de septiembre de 2024.- Las comunidades y pueblos indígenas y afromexicanos serán reconocidos con el mismo derecho de cualquier mexicano por la Constitución, sus formas internas de Gobierno, convivencia y organización social, económica, política y cultural, y protegidos de cualquier tipo de exclusión, discriminación y violencia hasta sexual.

Por unanimidad de todos los grupos parlamentarios, el Pleno del Senado de la República aprobó, en lo general, con 126 votos a favor, determinar que la Nación tendrá una composición pluricultural y multiétnica sustentada originalmente en sus pueblos indígenas.

Al lograrse la mayoría calificada que requiere esta reforma constitucional, se reconocerán a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio, y garantizará su derecho a la autonomía para decidir sus sistemas normativos apegados a la Constitución.

La propuesta presidencial fue arropada por los senadores de todos los partidos para que los pueblos indígenas puedan preservar, proteger y desarrollar su patrimonio cultural, material e inmaterial.

Podrán participar en la construcción de los modelos educativos para reconocer la composición pluricultural de la Nación con base en sus culturas, lenguas y métodos de enseñanza y aprendizaje, así como “desarrollar, practicar, fortalecer y promover la medicina tradicional”, la partería para la atención del embarazo, parto y puerperio.

Las personas indígenas tendrán, todo tiempo, el derecho a ser asistidas y asesoradas por personas intérpretes, traductoras, defensoras y peritas especializadas en derechos indígenas, pluralismo jurídico, perspectiva de género y diversidad cultural y lingüística”, establece la reforma avalada.

Contempla el derecho de las mujeres indígenas y afromexicanas a participar de manera efectiva y en condiciones de igualdad en los procesos de desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, en la toma de decisiones de carácter público, en la promoción y respeto de sus derechos de acceso a la educación, a la salud, a la propiedad y a la posesión de la tierra y demás derechos humanos.