Juicio político contra Rosario Robles nació con sentencia dictada: GPPRI

CIUDAD DE MÉXICO, 19 de marzo de 2020.- La diputada del PRI Anilú Ingram acusó que el proceso de juicio político en contra de la ex secretaria de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Rosario Robles, nació con la sentencia dictada y es que señaló que obedece intereses particulares de quien manda a la bancada mayoritaria en San Lázaro.

«Resulta cuestionable que, de entre más de 100 solicitudes de juicio político, precisamente éste sea del interés de quien los manda, y que pareciera que no busca fincar responsabilidades políticas, sino más bien distorsionar el proceso penal que está siendo objeto la acusada. Recuerden, los carniceros de hoy serán las reses de mañana (…). La verdad sea dicha: este juicio político nació con la sentencia ya dictada”, aseveró.

Lo anterior durante el posicionamiento de ese grupo parlamentario, razón por la cual solo se presentó la diputada Ingram, quien además es integrante de la Sección Instructora encargada del proceso de juicio político, ya que la bancada priista se mantuvo en la decisión de no asistir a la sesión como medida de prevención ante la emergencia en el país por el Covid 19.

La legisladora enfatizó que este juicio se fue desvirtuando pues el procedimiento violó el debido proceso, no se apegó a derecho ni a los principios de transparencia y legalidad, con lo que se violaron los derechos humanos de la inculpada.

«A lo largo de las reuniones de trabajo, se fue desvirtuando la esencia de un juicio político, ya que el procedimiento violó el debido proceso, y la presunción de inocencia (…). Violaciones que van desde convocatorias con notificaciones forzadas en tiempos, acuerdos o proveídos sin las suscripciones y fechas debidas, hasta actos en contravención de los compromisos del país en materia internacional”, explicó.

Refirió que la resolución de la Sección Instructora que se votó este jueves, no demuestra fehacientemente el nexo causal de responsabilidad que se le imputa a Robles, lo que, dijo, es un principio de legalidad en todo proceso judicial.

Y recordó que las consecuencias de este juicio político, en caso de comprobarse responsabilidad política, son la imposición de dos sanciones de carácter administrativo: la destitución e inhabilitación, sin embargo, subrayó, Robles es una ex funcionaria que ya fue inhabilitada por la Secretaría de la Función Pública (SFP).