Las reformas deben responder al ejercicio democrático del poder: Miguel Barbosa

CIUDAD DE MÉXICO, 14 de junio (Quadratín México).- Una vez que se han definido los temas para los periodos extraordinarios en el Congreso de la Unión, el senador Miguel Barbosa Huerta aseguró que el Grupo Parlamentario del PRD tendrá la tarea de garantizar que las reformas que se aprueben “respondan a un sentido democrático y de equilibrio en el ejercicio del poder”.

Recordó que en la reunión que el miércoles sostuvieron los coordinadores parlamentarios de ambas Cámaras, se acordó desahogar en dos periodos extraordinarios temas que son inaplazables para el Poder Legislativo, entre ellos: reformas constitucionales en materia de transparencia; deuda de estados y municipios; combate a la corrupción.

Además, la ley secundaria en materia educativa; expedición del Código de Procedimientos Penales Único, y el nombramiento del Consejero del IFE por parte de la Cámara de Diputados.

El coordinador de los senadores del PRD consideró que en materia de transparencia, es necesario dotar al IFAI de autonomía constitucional, a fin de fortalecer sus facultades frente a los órganos del Estado.

También consideró que en las reformas debe establecerse como entes obligados de transparencia a los sindicatos que reciban recursos públicos y a los partidos políticos, para “robustecer los mecanismos de fiscalización frente a la ciudadanía”.

El senador poblano indicó que en esta materia deberá avanzarse a favor de un modelo de rendición de cuentas para el propio IFAI y plantear un esquema de evaluación del trabajo de los actuales Consejeros que esté vinculado con su permanencia a partir del nuevo modelo constitucional que se establezca.

Sobre el tema de deudas estatales y municipales, señaló que el Congreso debe definir un esquema de control, transparencia y fiscalización, al tiempo de reforzar las facultades de los Congresos de los estados y la participación del Congreso de la Unión en la revisión de los recursos públicos canalizados a las entidades federativas.

La nueva legislación – añadió – tendrá que generar mecanismos preventivos y correctivos para atender los casos de sobreendeudamiento; definir un modelo para el manejo de la deuda pública y estabilidad de las finanzas, además de facultar a los Congresos locales para aprobar por mayoría calificada de dos terceras partes los montos de la deuda de los estados.

En materia anticorrupción, Miguel Barbosa dijo que las fuerzas políticas tendrán el reto de “conjuntar un esquema que permita la creación de un órgano constitucional autónomo de los poderes establecidos, con atribuciones amplias para prevenir y combatir la corrupción en los tres poderes de la Unión”.

Se pronunció por crear una Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, “que aún y cuando esté en el ámbito de la Procuración de Justicia, cuente con suficiente autonomía de gestión para el eficaz cumplimiento de sus objetivos”.

Señaló que el titular del órgano constitucional autónomo y el de la Fiscalía Especializada deben tener un esquema de nombramiento y rendición de cuentas transparente, con la participación que corresponde al Senado de la República.

El también Presidente del Instituto Belisario Domínguez dijo que en el rubro educativo, se deben “generar las condiciones de un diálogo constructivo con el magisterio para dar cauce a los principios contenidos en la reforma constitucional.

“Sin desdibujar sus objetivos y propósitos enmarcados en la misma, hay que conciliar un modelo participativo para la transformación educativa, como soporte del desarrollo de nuestro país”, añadió.

Respecto al Código de Procedimientos Penales Único, dijo que debe preservarse el espíritu de la reforma constitucional de 2008, en el sentido de generar un verdadero sistema penal adversarial, oral y acusatorio para todo el país, con principios y características básicas que permitan una aplicación homogénea que hasta ahora no se ha logrado.

Sobre el nombramiento del consejero del IFE, dijo que a pesar de ser una atribución de los Diputados, debe preservarse la imparcialidad y profesionalismo en el nombramiento, lo cual será posible con acuerdos entre todas fuerzas políticas.

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