Legalidad y derechos humanos, columna vertebral en la democracia: CNDH

CIUDAD DE MÉXICO, 24 de junio de 2019. —El Ombudsperson nacional, Luis Raúl González Pérez, afirmó hoy ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que las instituciones, las leyes y la autonomía e independencia de los Poderes y órganos constitucionales tienen la mayor importancia en nuestro sistema democrático y legal, y deben respetarse y mantener su vigencia, sin importar las personas o grupos en el poder. La defensa de la legalidad y de los derechos humanos son prioridades fundamentales y obligaciones, tanto para las autoridades como para la sociedad, y constituyen la mejor protección contra la intolerancia o cualquier tentación autoritaria, además de ser la columna vertebral de nuestro sistema democrático.

De acuerdo a un comunicado, expresó que nuestro país requiere una institucionalidad fuerte, que consolide la democracia y fortalezca la unidad nacional, de ahí que las instituciones marcan pautas e imponen límites a la actuación de personas y autoridades, generan certidumbre en la sociedad y dan cauce a la conciliación de intereses individuales y colectivos, además de evitar posibles arbitrariedades y, si éstas se presentan, los derechos violentados puedan resarcirse. Las instituciones, añadió, son garantías de que los derechos sean vigentes y se respeten, tareas en las que el Poder Judicial de la Federación y los organismos públicos de protección y defensa de los derechos humanos tienen mucho que aportar si asumen el ejercicio de sus atribuciones con responsabilidad, respeto y preservan la dignidad de las mismas.

Al presentar el Informe de Actividades 2018 de la CNDH ante las ministras y ministros de la SCJN, que encabeza el Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, enfatizó que la existencia o no de violaciones a los derechos humanos no puede negociarse ni interpretarse a la luz de intereses políticos o ideológicos, así como la alta responsabilidad y dignidad inherentes al ejercicio de la función jurisdiccional no admiten condicionamientos o sesgo alguno, más allá de la cabal, objetiva y acuciosa interpretación de los hechos planteados y probados en los expedientes, así como de la aplicación debida de las normas. Ambas funciones dan certidumbre a las personas y consolidan la institucionalidad democrática en nuestro país. Destacó que, ante los retos actuales, la rectitud en las conductas y el cabal desempeño de las funciones son el mejor testimonio de la forma como se responde a México y a su sociedad en este momento coyuntural en que se tiene la oportunidad y responsabilidad de servirles.

“En este sentido, el Poder Judicial de la Federación y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, como partes integrantes del sistema institucional y democrático de pesos y contrapesos previsto por la Constitución, son la mejor garantía que tiene la sociedad mexicana de que la verdad y la justicia son posibles y accesibles para cualquier persona. En México no puede haber poderes absolutos. Las autoridades de los distintos órdenes y niveles de gobierno, así como los poderes públicos, con independencia de filiaciones o intereses políticos, deben sujetar sus actos a lo previsto en la Constitución y en sus leyes, correspondiendo al Poder Judicial la responsabilidad de que la ley se aplique y prevalezca, y a los organismos públicos de protección y defensa de los derechos humanos, el que tales derechos se respeten y sus transgresiones sean evidenciadas y denunciadas”, aseguró.

González Pérez expuso que ante situaciones que requieren atención urgente, como los problemas de violencia e inseguridad, los derechos fundamentales no pueden ser violentados. Dijo que nadie puede oponerse a que se revisen las estructuras del poder, se investigue y sancione la corrupción, se abata la impunidad y se haga un mejor ejercicio de los recursos públicos, pero ello no puede implicar vulneración de derechos, que los contenidos de las leyes se negocien para atender postulados o premisas políticas e ideológicas que debiliten o vuelvan ineficientes o inoperantes las instituciones democráticas, que el servicio público se degrade y pauperice la función pública en aras de economías de corto plazo que propicien que se pierda la capacidad, formación y conocimientos de las personas que ven al mismo como opción viable de desarrollo y vida.

En este marco, apuntó que durante 2018 México no superó la crisis que enfrenta desde hace años en materia de derechos humanos, que se acentuó en varios aspectos ante la falta de respuestas efectivas a problemas graves como inseguridad, impunidad, miles de personas desaparecidas, tortura, desplazamiento forzado interno, abusos a migrantes, fosas clandestinas e irregulares, violencia de género, trata de personas, falta de acceso real y efectivo a la justicia y debilidad del Estado de derecho.

Expuso que, como consecuencia del reclamo y necesidad de justicia y reparación de las víctimas y de la sociedad, durante 2018 un total de 158,960 personas recurrieron a la CNDH en busca de apoyo, atención o asesoría, y se recibieron 44,274 escritos que derivaron en la apertura de 25,889 nuevos expedientes, de los cuales 9,002 correspondieron a quejas propiamente dichas, 7,855 a orientaciones directas, 8,395 remisiones y 637 inconformidades. Estos asuntos implicaron la atención de un total de 77,404 personas agraviadas. Y agregó que la autoridad que no acepta una recomendación o no atiende sus puntos recomendatorios da la espalda a los derechos humanos, a las víctimas de violaciones a los mismos y contribuye a que subsistan la impunidad, arbitrariedad y abuso de poder.

Tras señalar que la defensa y respeto de los derechos humanos no depende de ideologías, intereses políticos, económicos o de cualquier otra índole, destacó que toda autoridad, por el hecho de serlo, está obligada a asumir como premisa  de su actividad el respeto y vigencia de tales prerrogativas, y no hay programa de gobierno o política económica cuyo cumplimiento o aplicación pueda excusar la vulneración de derechos humanos o el debilitamiento de la institucionalidad democrática para promover o preservar decisiones autoritarias.

Expresó que el sector salud congregó el mayor número de quejas durante 2018, con 4,043 casos, seguido por el de seguridad, con 1,734; el educativo, con 892, y el social, con 328, en tanto que en el mismo periodo la CNDH emitió 101 instrumentos recomendatorios, que comprendieron 90 recomendaciones ordinarias, 8 recomendaciones por violaciones graves, y 3 recomendaciones generales, y se concluyeron investigaciones de casos tan graves como la serie de detenciones arbitrarias, retenciones ilegales, actos de tortura, violencia sexual, y cateos ilegales, entre otras conductas, en que incurrieron miembros de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina en diversas entidades de la República; los abusos cometidos en contra de niñas, niños y adolescentes en una casa hogar, en Zamora, Michoacán; así como los casos emblemáticos de Palmarito Tochapan, en Puebla, y Allende, en el estado de Coahuila.

Asimismo, se emitió la Recomendación relativa al “Caso Iguala”, que estuvo determinado por la falta de información confiable con que contaban las autoridades y las negativas y obstáculos que enfrentó la CNDH para desarrollar sus labores, ya que se vio forzada a realizar, en el ámbito de sus atribuciones, la investigación que otras instancias no pudieron o no quisieron llevar a cabo en forma pertinente y debida. Las omisiones y la actuación indolente de varias instancias de procuración e impartición de justicia ocasionaron la contaminación y pérdida de evidencias y pruebas, y que no se agotaran muchas líneas de investigación y que diversas consignaciones de presuntos responsables hayan sido indebidamente formuladas, lo que ha ocasionado que varios de ellos no puedan ser juzgados y subsista la impunidad.

En el periodo que se informa, la CNDH promovió 53 acciones de inconstitucionalidad, para lo cual se revisaron publicaciones oficiales, federales, locales y municipales, habiéndose detectado y revisado un total de 2,896 reformas o adiciones normativas, de las cuales 189 se estimaron inconstitucionales, correspondiendo 184 a actos emitidos por legislaturas locales y cinco por el Congreso de la Unión, y la SCJN resolvió 27 de las promovidas por esta Comisión Nacional. En 17 de esos casos se declaró la invalidez de al menos un artículo que implicaba una vulneración a los derechos humanos, llegándose a realizar en varios casos una interpretación conforme de las leyes que se impugnaron. En total, las resoluciones emitidas por este Alto Tribunal, en acciones de inconstitucionalidad promovidas por la CNDH, impactaron durante 2018 en 189 leyes, tanto locales como federales.

Entre las resoluciones más relevantes emitidas respecto de estas acciones por la SCJN destaca la relativa a la Ley de Seguridad Interior, la cual ratificó la necesidad de que la seguridad pública y la participación temporal de las Fuerzas Armadas en ese ámbito se sujeten estrictamente a lo previsto por la Constitución y sea acorde con los parámetros internacionalmente reconocidos, los cuales plantean restringir al mínimo tales intervenciones y fortalecer el control de autoridades e instituciones civiles en ese campo.

Finalmente, expresó que, para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, cada resolución que emite la SCJN en una acción de inconstitucionalidad, abona a la causa de los derechos humanos, toda vez que, o bien se previene la aplicación de una norma que sería contraria a los mismos, o se establecen los criterios para su debida interpretación y aplicación con respeto a los derechos humanos. Con la promoción de las acciones de inconstitucionalidad, ganan siempre los derechos humanos.

El Informe de Actividades 2018 de la CNDH puede consultarse en la siguiente dirección electrónica dando clic AQUÍ.