Legislación sobre restricción de derechos tiene graves fallas: ONG

CIUDAD DE MÉXICO, 13 de diciembre de 2016.- Grupos de la sociedad civil se pronunciaron este martes porque no se limite la suspensión de garantías que propone la Ley del Artículo 29 enviado por el Senado a la Cámara baja y manifestaron su preocupación al asegurar que el Congreso no ha tenido apertura para hablar del riesgo que tiene la iniciativa.

En conferencia de prensa en el recinto Legislativo de San Lázaro, Catalina Pérez Correa del Centro de Investigación y Docencia Económicas aseguró que la Ley Reglamentaria del artículo 29 que norma la suspensión o restricción de derechos y garantías en casos de invasión, perturbación grave de la paz pública u otro fenómeno que ponga en grave peligro a la sociedad, tiene graves fallas.

Especificó que dicha legislación no contiene controles del Legislativo, ni del Poder Judicial, además, dijo, tiene deficiencias como el hecho de que se pueda prorrogar el tiempo indefinidamente conforme sea necesario.

“Quisiéramos que se incorporara en ese dictamen la creación de una comisión del Legislativo cada que se declare la suspensión de garantías para que un grupo de legisladores vigilen las actuaciones de las Fuerzas Armadas y lo que sucede durante la suspensión de garantías durante la duración de la suspensión”, manifestó.

Santiago Aguirre del Centro de Derechos Miguel Agustín Pro Juárez, hizo un llamado a los legisladores para escuchar a las diferentes organizaciones civiles así como a la de Derechos Humanos,  llamó a los legisladores escuchar a las organizaciones civiles y de derechos humanos para que colaboren en la elaboración de una adecuada legislación en la materia.

“No ha habido una disposición al debate abierto sobre temas que son particularmente relevantes, la CNDH está facultada legalmente para poder controvertir la constitucionalidad de normas, pero esperamos que todos esos mecanismos extraordinarios de control de constitucionalidad no sean requeridos e impere la prudencia para dar una discusión abierta esenciales para la democracia como lo son el Control Civil sobre Fuerzas Armadas, el marco jurídico en materia de seguridad la distinción clara entre seguridad pública y seguridad interior”, detalló.

Se refirieron a la Ley de Seguridad Interior, la cual señalaron está estrechamente relacionada con el tema de garantías y derechos humanos, por lo que mencionaron que es necesario que ya no se postergue el trabajo de las fuerzas armadas en materia de seguridad y pidieron que su participación sea con un objetivo y temporalidad puntual.

Lisa Sánchez, de México Unido Contra la Delincuencia, señaló que la autoridad civil tiene que mantener su responsabilidad en la procuración de servicios de seguridad a la ciudadanía, “y no puede seguir responsabilizándose abandonando el trabajo de profesionalización policial, no nos parece correcto que las fuerzas armadas ejerzan funciones de policía, pero tampoco nos parece correcto que ejerzan funciones ministeriales”, aseveró.

Hizo un llamado a la responsabilidad de los legisladores para que se tome en cuenta y se va a reglamentar se haga con los controles específicos, temporalidades específicas y mecanismos de retorno, “es necesario tener un plan para que las Fuerzas Armadas regresen a sus labores constitucionales”, sostuvo.

Y refirieron que estas dos iniciativas no se pueden discutir en un periodo extraordinario pues aseguraron que eso daría paso a la opacidad marcando el tema como un albazo más del Congreso.

La Ley Reglamentaria del Artículo 29 de suspensión de garantías, se mantiene en discusión en la Comisión de Derechos Humanos y se prevé que sea aprobada este mismo martes para pasar su discusión ante el Pleno este miércoles 14 durante en la penúltima sesión de este periodo.