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CIUDAD DE MÉXICO, 17 de febrero de 2021.- En la Cámara de Diputados la cuenta regresiva para aprobar la reforma a la Ley Eléctrica avanza y su aprobación parece inminente, pues bastará con la mayoría simple con la que cuenta el grupo mayoritario en el Congreso, Morena, para que así sea, por lo que la diputada morenista y vicepresidenta de la Mesa Directiva, Dolores Padierna, adelantó que esta reforma va y como lo dijo el Presidente de la República, sin modificar ni una coma.
En entrevista para Quadratín México, Padierna Luna explicó que la iniciativa busca fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), evitar que se siga debilitando y perdiendo participación en el mercado para recuperar así, el pleno dominio público de la industria eléctrica.
Acusó que la Reforma Energética hecha durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, provocó una competencia desleal, pues solo da ventajas a los privados y existen condiciones inequitativas del mercado, donde no hay piso parejo para todas las empresas, por lo que insistió en que es necesario competir con verdaderas reglas de libre mercado y no con simulaciones.
“La Reforma Energética de Peña Nieto se llevó un modelo donde todas las reglas son para favorecer a grupos económicos privados y perjudicar deliberadamente a la CFE; restringe su actuación a subsidiar a sus competidoras, eso no se ve en ninguna parte del mundo y todo va en detrimento del erario público y de los propios ingresos de la CFE, finalmente es una competencia desleal.
“Antes había una empresa pública, se borró, se estableció un esquema mixto de libre competencia, dejémoslo así, pero no una competencia desleal con apapachos y proteccionismo a las empresas privadas y toda la carga, todas las pérdidas se las lleve la CFE; si la CFE pierde por su incompetencia misma, es una cosa, a ponerle en la ley reglas que la hagan perder forzosamente o peor aún, que les pague a sus competidores de sus ganancias, eso no existe en ninguna parte del mundo”, aseveró.
La legisladora aclaró que no apoyan ni defienden un modelo estatista, donde la CFE es dueña de la electricidad y solo ellos la comercializan; pero sí enfatizó que se busca el respeto al modelo establecido en la Constitución y en la misma reforma energética del 2013, donde CFE y privados participen en un plan mixto de libre competencia, pero que éste sea real y no como está actualmente, que solo tiene ventajas para los empresarios.
“El debate de fondo en realidad es que hay dos esquemas, uno donde todo el subsidio de ganancias y beneficios se lo llevan las privadas, y todos los costos y las pérdidas se le cargan a la CFE, estamos defendiendo el modelo que se establece en la Constitución y en la reforma de 2013 (…). Hablemos bien, yo creo que ellos (privados) no quieren ninguna negociación, sino seguir en la simulación, pero eso ya se acabó.
“En la discusión de la iniciativa vamos a hablar con toda crudeza y claridad, con datos, con cifras, terminar con la simulación y quitarles la careta de ambientalista que esconden la bola de subsidios que reciben; que cada quien pague lo suyo, ya nadie va a estar subsidiado, si ellos pagan todos sus costos, adelante, pero todos los costos reales”, afirmó.
Y es que, de acuerdo a lo señalado por Dolores Padierna, las cifras que presentan los empresarios sobre los costos que absorben en la generación de energías por porteo, respaldo y servicios auxiliares, no son reales, incluso, sostuvo que las pocas empresas que pagan tienen un subsidio del 95 por ciento que absorbe la CFE, por lo que el desembolso es mínimo para éstas, lo que, dijo, va en detrimento de la empresa pública.
Acusó que se trata de un mercado eléctrico de simulación en donde en realidad no hay libre competencia, “donde hay una confabulación desde la ley para acabar con las empresas públicas y que solo queden en el mercado las centrales privadas, y eso es violatorio de la Constitución misma”.
Sobre los señalamientos de especialistas, académicos y empresarios, quienes afirman que de aprobarse esta iniciativa se estaría incurriendo en diversas violaciones a la Constitución, así como a tratados internacionales y comerciales como el T-MEC, la morenista afirmó que tienen argumentos para defender la reforma, incluso, si se va a tribunales internacionales.
Ejemplificó que en el caso de los acuerdos comerciales como el T-MEC, se establece la libre concurrencia, la cual se viola con las simulaciones en que incurren las empresas privadas, por lo que confió en que tienen los argumentos necesarios para contrarrestar cualquier acción que se quiera emprender contra esta reforma.
“Hay como defender con todo, si se quieren ir a tribunales internacionales, vamos a demostrar cómo en realidad son empresas subsidiadas protegidas por el Estado, muy caras y son mantenidas, no están estableciéndose bajo las reglas de libre mercado que establecen los tratados de libre comercio.
“(…) No hay manera en que los privados puedan ganar porque ellos saben que están violando las reglas de mercado, que están incurriendo en una competencia desleal, que reciben un proteccionismo del Estado que no se permite en los tratados internacionales”, argumentó.
Y destacó las bondades de la iniciativa presidencial, reiterando que promueve la competencia en condiciones de equidad para todos los participantes, permite un trato justo a todos los competidores del mercado eléctrico, con las mismas reglas, modifica los criterios para que se reflejen los costos reales y no los simulados, elimina los subsidios y políticas antidumping que prohíben los tratados internacionales.
¿Se le cambiará alguna coma a la iniciativa?
–No, porque es un debate de dos modelos, digamos que el Presidente tendió la mano para hacer acuerdos, pero ellos prefirieron irse a la Corte, a judicializar un tema atendible por parte del gobierno, la ley está corrigiendo los problemas que se padecen en el mercado de electricidad desde hace muchos años.
Será este viernes 19 de febrero cuando la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, se reúna para dictaminar esta iniciativa; se tiene previsto que el próximo martes 23 se discuta y eventualmente sea aprobada ante el Pleno camaral, y se envíe al Senado, donde tendrán también 30 días de plazo para analizarla y de ser el caso, ratificarla.