Luego de ciberinteligencia, PF detiene a posible pornógrafo infantil

JALISCO, 11 de junio de 2016.- En el marco del Operativo Interés Superior de la Infancia, implementado por la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) para prevenir y combatir la explotación sexual infantil a través de Internet, la Policía Federal (PF), en coordinación con la Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, Personas y Órganos (UEITMPO), de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), lograron el aseguramiento de un sujeto de 24 años, en Jalisco, por su presunta responsabilidad en la comisión del delito de pornografía infantil.

Como resultado de las labores de investigación y ciberinteligencia de la PF e intercambio de información con la Agregaduría de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Interna y la Oficina de Inmigración y Aduanas de la Embajada de los Estados Unidos en México, según un comunicado, fue ubicado este sujeto y, mediante labores de campo, se logró conocer su identidad y modus vivendi, lo que fue corroborado a través del Sistema Plataforma México.

Así, en coordinación con el Agente del Ministerio Público de la Procuraduría General de la República (PGR) adscrito a la UEITMPO-SEIDO, elementos de las Divisiones de Investigación y Científica de la PF, ejecutaron diligencia de cateo en el domicilio del probable responsable.

En la acción, se localizaron diversos dispositivos de almacenamiento electrónico que, al ser examinados por elementos especializados en Análisis y Extracción de Evidencia Digital de la División Científica, arrojaron indicios de pornografía infantil.

El detenido, a quien le fue leída la Cartilla de los Derechos que Asisten a las Personas en Detención, junto con todo lo asegurado, fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente, en tanto se determina su situación jurídica, con base en los Artículos 202 y 202 BIS del Código Penal Federal, los cuales estipulan que, de demostrarse su culpabilidad, el sujeto podría ser acreedor a una pena de siete a 12 años de prisión, con una multa de 800 a dos mil días de salario mínimo.