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CIUDAD DE MÉXICO, 19 de noviembre de 2025.- Ya con 13 personas vinculadas a proceso tras los desmanes por la marcha de la Generación Z, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que mantiene abiertas líneas de investigación para identificar y conducir a proceso a otros agresores ya ubicados, así como para establecer la posible participación de autores intelectuales en los ataques.
Agregó que tras las audiencias iniciales de este martes, ocho personas quedaron en prisión preventiva justificada, 10 enfrentarán su proceso en libertad con diversas medidas cautelares y cinco se encuentran en duplicidad de término, con audiencia programada para el 21 de noviembre de 2025.
Durante la marcha del 15 de noviembre, señaló en un comunicado, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) puso a disposición del Ministerio Público a 29 personas por hechos ocurridos en flagrancia.
Además, siguió, se iniciaron 17 carpetas de investigación sin detenido: ocho por lesiones dolosas, seis por robo de objetos y tres por diversos daños y robos. En su conjunto, estos hechos dejaron como víctimas a 84 policías de la Ciudad de México y cuatro civiles.
Añadió que revisó cada caso bajo el principio de objetividad. Como resultado, determinó que 19 personas incurrieron en conductas penales y que 10 casos debían canalizarse a Justicia Cívica, al tratarse de lesiones que tardan en sanar menos de 15 días, consideradas faltas administrativas y no delitos.
Además, seis casos inicialmente referidos como tentativa de homicidio fueron reclasificados a delitos menores.
De las 19 personas retenidas por probable comisión de delitos, 18 son adultas y una, adolescente de 17 años de edad, quien fue remitido a la Fiscalía Especializada en Justicia para Adolescentes y se determinó su libertad bajo la tutela de sus familiares.
Las 18 personas adultas imputadas tienen entre 18 y 57 años de edad y dos cuentan con investigaciones previas; una de ellas ha sido identificada como líder de un grupo de choque con antecedentes de participación en agresiones colectivas.
En cuatro audiencias iniciales se formularon imputaciones contra las 18 personas adultas por los siguientes delitos: tres por tentativa de homicidio, cinco por resistencia de particulares, ocho por lesiones dolosas y dos por lesiones dolosas y robo.
El resultado ante el Juez de Control fue 13 personas vinculadas a proceso y cinco personas en duplicidad de término, con audiencia programada para el 21 de noviembre de 2025.
Debido al nivel de agresión atribuido en cada caso y al riesgo de evasión —valorado a partir de los elementos de arraigo de las personas imputadas— la Fiscalía solicitó medidas cautelares diferenciadas. El órgano jurisdiccional resolvió lo siguiente:
En este grupo se encuentran Enrique N., Carlos Miguel N., Zahid N., José Luis N., Federico N., Perla Verónica N., Daniela N. y Gabriel N., este último imputado por tentativa de homicidio.
Para acreditar la probable responsabilidad en las agresiones, subrayó la FGJCDMX, se cuenta con diversos elementos de prueba, entre los que destacan los señalamientos directos de las víctimas, quienes reconocen a las personas que las agredieron, así como los informes policiales que describen los hechos presenciados por agentes de la SSC y de la Policía Auxiliar.
También con dictámenes médicos que precisan la naturaleza y gravedad de las lesiones —incluidas fracturas y múltiples contusiones— y los peritajes en mecánica de lesiones que confirman que fueron causadas por golpes.
Además, con videograbaciones en las que se observa a las personas imputadas en el tiempo y lugar de los hechos, participando en agresiones y, en algunos casos, utilizando piedras, palos u otros objetos.
Con la vinculación a proceso se abrió un periodo de investigación complementaria, fijado por los jueces entre uno y dos meses, según el caso. Durante este tiempo, la FGJCDMX continuará recabando información para definir si procede la reclasificación de delitos y, en su caso, la aplicación de mecanismos alternativos de solución de controversias, como acuerdos reparatorios, suspensión condicional del proceso o procedimientos abreviados, siempre con base en la gravedad de la conducta, los derechos de las víctimas y la valoración judicial.




