México, comprometido con los Derechos Humanos: Gobierno Federal / Nacional / Noticias México – Quadratin DF

CIUDAD DE MEXICO, 24 de mayo, (Quadratín México).- El gobierno de México respondió al informe presentado por Amnistía Internacional (AI), y rechazó que haya permitido violaciones a los derechos humanos, pues está comprometido en la promoción y protección de estos.

La postura del gobierno mexicano fue establecida en un comunicado conjunto de las secretarías de Gobernación (Segob) y de Relaciones Exteriores (SRE).

El Gobierno Federal, destacaron, está plenamente comprometido con la promoción y protección de las garantías individuales y mantiene una política de apertura al escrutinio internacional, bajo la convicción de que sus aportaciones contribuyen a los esfuerzos nacionales.

La Segob y la cancillería comentaron que, dentro de esa política, se inscribe el diálogo permanente con la sociedad civil, incluyendo Amnistía Internacional.

Ambas dependencias puntualizaron que el Estado mexicano ha realizado importantes esfuerzos para cumplir las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en cuanto a reparación del daño y diseño de medidas para evitar repetición de conductas ilícitas.

Sobre el caso Radilla Pacheco, el gobierno federal reiteró que acatará los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Respecto a la delincuencia organizada trasnacional, México reconoció, a través de las instancias correspondientes, el alto impacto social de las acciones delictivas y por ello las combate mediante “todas las acciones a su alcance”, siempre “con pleno respeto a los derechos humanos”.

En el comunicado, se aseveró que en esa coyuntura la respuesta del Gobierno Federal se orientó a expandir la defensa de los derechos todos.

“Así lo sustentan las recientes reformas constitucionales en derechos humanos, amparo, seguridad pública y justicia penal de 2008, las cuales representan la mayor ampliación de derechos de la historia contemporánea en nuestro país”, enfatizó.

Y aunque el gobierno reconoció los retos que prevalecen en el rubro, “por convicción propia se han impulsado cambios legislativos trascendentales y políticas públicas concretas, con una visión de Estado”.

En cuestión de impunidad, el documento aclaró que para México esta situación es inaceptable, por lo que el gobierno sancionará a quien sea culpable, sea particular o funcionario público.

También señaló que se ha avanzado en profesionalización, capacitación y modernización de cuerpos de seguridad en los tres órdenes de gobierno, para que se actúe en estricto apego a los derechos humanos.

Sobre el marco jurídico, destacó la reciente publicación, el 23 de abril, de los Protocolos de Uso de la Fuerza, Cadena de Custodia, Preservación de Evidencia y Puesta a Disposición de Detenidos.

Al responder sobre el tema de protección a defensores de derechos humanos y periodistas el gobierno consideró estas actividades como esenciales para la democracia y la rendición de cuentas.

“Para proteger estas actividades, el gobierno mexicano instrumentó los mecanismos de protección para Periodistas y para Defensores de Derechos Humanos”, enfatizó.

Especificó que el Congreso de la Unión avaló la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, al tiempo expuso que la Segob realiza los trabajos necesarios para la implementación de esta ley, próxima a publicarse.

Además existe la instrucción precisa para atender cualquier agresión que sufran los periodistas y defensores de derechos humanos, incluyendo mecanismos de protección, como traslado a lugares más seguros y entrega de equipo y herramientas de seguridad.

En respuesta a lo señalado por AI en cuanto a migrantes, el comunicado destacó que ya se publicó la ley en la materia y la Secretaría de Gobernación presentará en breve su reglamento para fortalecer la protección a los derechos de los migrantes.

“Finalmente, es de destacarse que el Gobierno mexicano realiza esfuerzos para combatir el delito de desaparición forzada”, señaló.

En abril, recordó, se publicó la Ley del Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas, para unificar un registro que permita a la federación y los estados mantenerse coordinados en la materia.

La ley también incluye casos de personas que se encuentren en establecimientos de atención, resguardo, detención o internación y de las que se desconociesen sus datos de filiación, identificación y domicilio, para facilitar que sus familiares los encuentren.

Esta normatividad se encuentra actualmente en proceso de implementación.

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