México deja de llenar el tanque del castrismo

El recorte del suministro mexicano a Cuba desnuda el costo real de sostener energéticamente a una dictadura que ha hecho de la escasez su método de control

México deja de llenar el tanque del castrismo

El recorte del petróleo mexicano a Cuba abre una discusión incómoda sobre los límites de la solidaridad internacional, el costo interno de sostener a una dictadura y el papel de la energía como instrumento de poder político. A partir de datos duros, presiones desde Washington y el análisis de especialistas internacionales, el texto examina cómo el apoyo energético externo ha funcionado como coartada para prolongar un régimen que ha administrado la escasez como método de control durante casi siete décadas

Alberto Carbot

Hay decisiones políticas que, vistas en el corto plazo, parecen crueles e incluso egoístas. Pero hay momentos en los que sostener artificialmente una realidad fallida resulta todavía más dañino que retirarle el soporte. Eso es, en el fondo, lo que está ocurriendo con la decisión de México de frenar —o al menos reducir drásticamente—, el envío de petróleo a Cuba.

Para nadie es un secreto que el energético ha sido, desde hace décadas, uno de los hilos invisibles que sostienen al régimen cubano. No es un símbolo ni un recurso más dentro de su economía, sino un insumo de poder. Sin energía no hay transporte, no hay industria, no hay servicios básicos, pero tampoco hay control eficaz de la vida cotidiana. Por eso, cada decisión que afecta el suministro energético a la isla, trasciende el plano comercial y se inscribe directamente en la lógica de supervivencia política del castrismo.

Pero esta decisión no nace de una convicción moral repentina del gobierno mexicano, sino que es una medida forzada por la presión directa de Donald Trump hacia cualquier país que ayude a sostener al régimen cubano. No hay que disfrazarlo.

Es precisamente en ese contexto como debe leerse el recorte del petróleo mexicano enviado a Cuba. No como un gesto aislado ni como una simple corrección administrativa, sino como un movimiento que toca uno de los nervios centrales de un sistema que ha aprendido a gobernar desde la escasez. México, voluntaria o forzadamente, ha sido durante meses parte de ese sostén externo y hoy comienza —aunque sea de manera parcial—, a retirarlo.

La coyuntura internacional es determinante. El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca reactivó una política exterior estadounidense que entiende la energía como palanca de presión política. Para Washington, el suministro de petróleo a Cuba no es una cuestión humanitaria, sino un mecanismo que prolonga artificialmente la vida de un régimen autoritario. En ese marco, México dejó de ser un actor neutral para convertirse en un eslabón incómodo.

Durante años, la relación entre México y Cuba se sostuvo bajo el paraguas de la “solidaridad histórica”. Un concepto eficaz, pero impreciso, porque la solidaridad, cuando se vuelve estructural y unidireccional, deja de ser un gesto moral para convertirse en una coartada política. Eso es lo que hoy está en discusión.

Las cifras detrás del discurso oficial

La presidenta Claudia Sheinbaum ha defendido los envíos de petróleo con un argumento recurrente: que México “no está enviando más petróleo del que históricamente ha enviado”, que no se trata de un incremento sustantivo y que los volúmenes no representan un impacto significativo para el país. Esa es la versión oficial. La frase, reproducida por agencias internacionales, busca cerrar el debate antes de abrirlo. Pero el problema no es sólo cuánto se envió, sino qué significa ese envío.

De acuerdo con los reportes que Pemex presentó ante reguladores estadounidenses como la Securities and Exchange Commission, entre enero y septiembre de 2025, México exportó a Cuba alrededor de 17 mil barriles diarios de crudo y derivados, por un valor aproximado de 7 mil 900 millones de pesos, unos 400 millones de dólares. En términos técnicos, puede parecer una cifra contenida. En términos políticos y sociales, no lo es.

Con ese dinero, en México, podrían haberse construido 34 Unidades de Medicina Familiar del IMSS, clínicas completas, de primer nivel, con consultorios y atención médica continua; ese es el costo real de una unidad médica presupuestada por el propio Estado mexicano. O, con ese mismo monto, tomando como referencia los costos anunciados por el propio gobierno federal, se podrían haber construido más de 110 bachilleratos públicos nuevos en distintas regiones del país.

Y si lo llevamos al terreno del empleo, usando el salario promedio de cotización reportado por el IMSS, esos 7 mil 900 millones de pesos habrían permitido pagar más de 34 mil empleos formales durante un año completo. Es la traducción concreta del costo de una política exterior que decide privilegiar el sostén externo de un régimen, antes que la inversión interna. Sin embargo, el debate se vuelve más áspero cuando se observa desde fuera.

En Estados Unidos, legisladores republicanos han sostenido que los montos reales del petróleo mexicano enviado a Cuba superan ampliamente lo reportado oficialmente. El congresista Carlos Giménez ha sido uno de los más insistentes al afirmar que, con base en registros aduanales, seguimiento de buques y rutas marítimas, los envíos podrían alcanzar más de 3 mil millones de dólares.

La diferencia entre 400 millones y más de 3 mil millones de dólares, no es una discrepancia menor: es una fractura narrativa. Para México, se trata de cooperación limitada, pero para Washington, de un subsidio encubierto que convierte a México en el principal amortiguador del régimen cubano, tras el colapso del apoyo venezolano.

Esta lectura ha sido reforzada por el secretario de Estado Marco Rubio, quien ha señalado que la energía constituye hoy el principal punto de asfixia del sistema cubano. No se trata de castigar al pueblo —ha dicho—,  sino de impedir que el régimen siga administrando la miseria con oxígeno externo.

El diario Financial Times aportó una dimensión adicional al debate al documentar que, durante 2025, México habría suministrado cerca del 44 por ciento del crudo importado por Cuba, lo cual no es un apoyo marginal, sino casi la mitad del sostén energético de la isla.

Desde el ámbito académico y técnico, el analista energético Jorge R. Piñón, especialista de origen cubano con más de tres décadas en la industria petrolera internacional —exejecutivo de Shell Oil Company, expresidente de Amoco Oil de México y de Amoco Oil Latinoamérica, y responsable de operaciones de BP Europa en el Mediterráneo occidental—, ha sido claro al analizar la crisis de la isla. Autor de Cuba’s Energy Future: Strategic Approaches to Cooperation, Piñón advierte que Cuba carece hoy de capacidad interna para sostener su demanda energética y que cada proveedor externo adquiere, por definición, un peso político indirecto. Quien suministra energía no sólo enciende plantas eléctricas, sino compra tiempo.

Y el tiempo es, precisamente, el recurso más valioso para un régimen que ha hecho de la resistencia su único argumento político.

El autoritarismo que sobrevive administrando la escasez

Europa observa este fenómeno con mayor contención, pero con igual escepticismo analítico. Carlos Malamud, historiador argentino radicado en España e investigador principal del Real Instituto Elcano, ha señalado que los apoyos externos a regímenes autoritarios latinoamericanos no generan estabilidad, sino estancamiento prolongado. Autor de Historia de América y Populismos latinoamericanos, Malamud sostiene que, en el caso cubano, estos respaldos refuerzan la lógica del control estatal y diluyen cualquier incentivo interno para la reforma, al postergar indefinidamente los costos políticos del inmovilismo.

Desde esa perspectiva histórica, la narrativa del bloqueo ha funcionado durante décadas como un escudo discursivo. Mientras ese escudo permanece intacto, el conflicto puede proyectarse hacia afuera, pero cuando comienza a resquebrajarse —por el retiro o la reducción de apoyos estratégicos—, la tensión deja de explicarse en clave externa y empieza, inevitablemente, a dirigirse hacia el interior del sistema.

En América Latina, el ensayista y analista político Moisés Naím, de origen venezolano y exdirector de Foreign Policy, ha descrito a Cuba como un caso paradigmático de autoritarismo de resistencia: sistemas que no sobreviven por eficiencia económica, sino por la administración calculada de la escasez y por apoyos externos selectivos que evitan el colapso total sin resolver ninguna de sus fallas estructurales. En libros como The End of Power y The Revenge of Power, Naím explica cómo estos apoyos no corrigen al régimen, sino que lo vuelven políticamente administrable.

Para Naím, la ayuda sectorial —energía, divisas y seguridad—, no humaniza al régimen, sino que lo hace más eficaz en su control, al permitirle dosificar la precariedad, sin asumir reformas de fondo.

En tanto el politólogo Javier Corrales, académico venezolano-estadounidense y profesor en Amherst College, coincide en que la pérdida de insumos estratégicos tiene un efecto político distinto al de las sanciones generales. Autor de Autocracy Rising y coautor de Dragon in the Tropics, Corrales subraya que, mientras las sanciones amplias suelen reforzar la narrativa victimista, el corte de recursos clave —como la energía—, erosiona la coalición interna que sostiene al poder y quiebra el pacto implícito entre élites gobernantes y sociedad dependiente del Estado.

En Cuba, la energía es parte esencial de ese pacto implícito entre élites y sociedad. Todo esto ocurre mientras el régimen mantiene su modelo de exportación de médicos y técnicos bajo esquemas en los que la mayor parte del salario queda en manos del gobierno y ha convertido esa práctica en un negocio de Estado. En países como Venezuela y México, esos profesionales reciben sólo una fracción de su salario; el resto —entre el 80 y el 90 por ciento—, se queda en manos del aparato gubernamental cubano. Eso no es solidaridad, sino recaudación esclavista en pleno siglo XXI. Lo mismo ocurre con el papel de Cuba como soporte político y de seguridad para regímenes como el que encabezó Maduro.

Visto así, el recorte del petróleo mexicano no es un acto de hostilidad deliberada contra el pueblo cubano. Es el retiro —tardío y forzado—, de una muleta externa que permitía al régimen seguir confundiendo resistencia con fracaso administrado. Sin duda, dejar de enviar petróleo mexicano a Cuba va a empeorar, en el corto plazo, la vida cotidiana de los cubanos: habrá más apagones, más escasez y más transporte paralizado. Eso es innegable y sería deshonesto no decirlo.

Pero también es cierto algo que rara vez se dice: Cuba no vive en la miseria por falta de petróleo mexicano, sino por un sistema opresor que durante casi setenta años ha administrado la pobreza como método de control, primero bajo Fidel Castro, luego bajo su hermano Raúl y actualmente con Miguel Díaz-Canel como continuidad del mismo régimen.

Durante décadas, el régimen cubano ha construido un relato perfecto: la escasez como sacrificio heroico, el sufrimiento como virtud revolucionaria y la miseria como culpa ajena. Y ese relato se sostiene mientras alguien, desde fuera, siga llenando el tanque.

El precio de sostener una ficción; el agotamiento de la coartada revolucionaria

Principio del formulario

Final del formulario

Cuando Venezuela dejó de enviar petróleo, el mito empezó a resquebrajarse, y cuando México entró al rescate energético, el mito se prolongó. Pero una vez que el envío de petróleo mexicano se corte por completo, esa coartada revolucionaria se agotará a corto plazo. Por eso este “apretón de tuercas” energético por parte de México, aunque doloroso y obligado por Estados Unidos, puede tener un efecto que ningún discurso ha logrado: dirigir el reclamo no hacia el supuesto enemigo externo, sino hacia los propios dictadores que llevan casi siete décadas gobernando sin rendir cuentas.

México no libera a Cuba al reducir el suministro, pero tampoco la condena. Simplemente deja de participar, aunque sea parcialmente, en una ficción que ha durado casi siete décadas y tiene un alto costo moral. Al final del día, seguir enviando petróleo mexicano a Cuba no es un acto de humanidad, sino un acto de complicidad prolongada con una élite privilegiada, que ha vivido durante décadas al margen de la escasez que impone, una casta que predica sacrificio mientras administra privilegios y ha convertido la miseria de un pueblo en su principal argumento de supervivencia.

Cada barril de petróleo mexicano que llega a la isla no compra bienestar, sino silencio; no alivia al ciudadano, sino que sostiene al aparato; tampoco evita el colapso, sino que lo aplaza. Un régimen que sólo puede sobrevivir mientras otros le pagan la factura energética, no es víctima del bloqueo sino rehén de su propio agotamiento. Y toda factura cubierta durante demasiado tiempo termina pasando la cuenta —política, histórica y moral—, a quien decide seguir pagándola.

Y hay que decirlo con todas sus letras: un régimen que sólo sobrevive mientras otros le regalan petróleo, no es víctima de ningún bloqueo, sino rehén de su propia mentira. Seguir financiando esa escasez cubana con petróleo mexicano no es solidaridad internacional, sino complicidad para prolongar una tragedia humanitaria, ante dictadores que —como Nicolás Maduro— ya deberían rendir cuentas ante la justicia.