México necesita mayor y mejor seguridad, pero no a cualquier costo: CNDH

CIUDAD DE MÉXICO, 23 de enero de 2019.- Al demandar que no se debe renunciar a la institucionalidad civil y democrática, el Ombudsperson nacional, Luis Raúl González Pérez afirmó que nuestro país necesita mayor y mejor seguridad, pero no a cualquier costo ni de cualquier tipo, sino la que corresponde a un Estado Democrático de Derecho.

Al presentar el Informe Anual de Actividades 2018 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, encabezada por el diputado Porfirio Muñoz Ledo, el presidente de la CNDH recordó que el Presidente de la República ha hecho expreso su compromiso de respetar el contenido y principios de la Constitución, como producto histórico de las luchas y aspiraciones de nuestro pueblo.

Por ello, subrayó, que por graves y apremiantes que sean las circunstancias, no se permita renunciar a la institucionalidad civil y democrática.

En el Salón Legisladores de la República del Palacio Legislativo de San Lázaro, enfatizó que expandir la esfera de influencia de las Fuerzas Armadas a la seguridad pública y darles potestad para que asuman tareas de desarrolladores inmobiliarios, constructores de obra pública, así como adquirir bienes y contratar servicios, bajo el manto de reserva y transparencia limitada inherente a las cuestiones de seguridad nacional, es una apuesta riesgosa para la democracia y la institucionalidad civil.

“Si se les concede poder económico, se afianza su poder político y se les deposita como potestad esencial el monopolio estatal del uso de la fuerza –aseguró-, existe el riesgo de que, en la práctica, dejen de existir incentivos reales para que, una vez superados los estados de emergencia, renuncien a tales potestades en favor de la autoridad civil”.

Contar con 33 Fiscalías Autónomas, con recursos y capacidades pertinentes y suficientes es fundamental y permitirá que la investigación de casos complejos – como la desaparición de 43 normalistas y la reciente explosión de un ducto en Hidalgo- tome un curso institucional y la sociedad tenga la certeza de que se llegará a la verdad sin condicionarla a intereses políticos o coyunturales de ningún tipo, lo que no es solo cuestión de dichos o anuncios, sino que éstos se sustenten en elementos técnicos y científicos irrefutables.

Al referirse a las acciones realizadas por la CNDH durante 2018, el Presidente de la CNDH mencionó que las vulneraciones a los derechos humanos generalmente reflejan una tendencia al aumento, sin presentar disminuciones significativas, y destacó que el ejercicio democrático del pasado 1 de julio y los cambios en el poder que se generaron como consecuencia, más allá de la alternancia política, debieran abrir la oportunidad para que, desde la distintas instancias del Estado, incluyendo al Poder Legislativo, se trabaje para incidir significativamente en el abatimiento de las violaciones a los derechos fundamentales y consolidar su vigencia.

Detalló que durante 2018 un total de 377 mil 579 personas recurrieron a la CNDH en busca de apoyo, atención o asesoría; se recibieron 44 mil 274 escritos que derivaron en la apertura de 25 mil 889 nuevos expedientes, de los cuales 9 mil 002 correspondieron a quejas, 7 mil 855 a orientaciones directas, 8 mil 395 remisiones y 637 inconformidades, asuntos todos que implicaron la atención a 77 mil 404 personas agraviadas.

Las autoridades más señaladas como presuntamente responsables de violación a derechos humanos fueron: IMSS, 2 mil 532 casos; ISSSTE, mil 215; SEP, 746; INM, 587; SEDENA, 382; PGR, 375; Policía Federal, 356; SEDESOL, 311; SEMAR, 284; Infonavit, 212, y mientras la SEDENA pasó de 415 quejas en 2017 a 382 en 2018, la SEMAR aumentó de 259 a 284; la Policía Federal pasó de 425 a 356; y PGR, de 422 a 375.

Los presuntos hechos violatorios de mayor impacto fueron: 25 por privación de la vida; 39, desaparición forzada; 57, tortura; 255, tratos crueles, inhumanos o degradantes; 2, ejecución sumaria; 318, detención arbitraria, y resulta preocupante el aumento de casos de desaparición forzada en casi 180 por ciento, al pasar de 14 en 2017 a 39 en 2018, mientras que los de tortura pasaron de 50 a 57.

Del total de quejas registradas, 3,726 casos se resolvieron durante el trámite, 1,486 quedaron sin materia al adoptar la autoridad medidas para subsanar los actos reclamados y en 179 se lograron arreglos conciliatorios, lo que representa un total de 5,391 expedientes resueltos bajo estos mecanismos; se emitieron 101 instrumentos recomendatorios, de los cuales 90 son recomendaciones ordinarias, 8 por violaciones graves y 3 recomendaciones generales. Las 90 recomendaciones ordinarias fueron dirigidas a 78 autoridades, entre las que destacan: IMSS, 21 recomendaciones; PGR, 13; Comisión Nacional de Seguridad, 10; Fiscalía General del Estado de Chiapas y SEDENA, 5 cada una; Gobernadores de Chiapas y Veracruz, la SEP, SEMAR y SEMARNAT, 4 cada uno.