Va la nueva Ley de economía digital en México
México enfrenta una paradoja difícil de justificar: tiene una ubicación geográfica privilegiada, acceso al mercado más importante del mundo, una planta productiva diversificada y oportunidades extraordinarias para atraer inversiones. Sin embargo, su economía sigue creciendo a un ritmo que resulta insuficiente para transformar esas ventajas en bienestar, empleo y desarrollo.
Las estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), retomadas por la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) en su comunicado del 7 de octubre, deberían encender las alertas del gobierno federal y del sector empresarial: México crecerá apenas 1.5% en 2026 y 1.8% en 2027.
No estamos frente a una crisis económica declarada, pero sí ante un problema estructural que puede resultar igualmente costoso: la normalización del crecimiento mediocre.
Y cuando una economía crece poco, las consecuencias no se limitan a las estadísticas. Se traducen en menos empresas, menos oportunidades laborales, menores ingresos fiscales y una creciente dificultad para mejorar las condiciones de vida de millones de mexicanos.
El FMI confirma lo que los empresarios vienen advirtiendo
El comunicado de COPARMEX tiene una relevancia que merece destacarse. Las recomendaciones del FMI coinciden con planteamientos que el organismo empresarial ha venido impulsando: disciplina fiscal, mayor eficiencia del gasto público, fortalecimiento institucional y condiciones de certeza jurídica para recuperar la inversión.
Esta coincidencia no es menor. Significa que las preocupaciones expresadas desde el sector productivo mexicano encuentran respaldo en el análisis de un organismo financiero internacional.
Uno de los puntos más importantes es la advertencia sobre el endeudamiento público. El FMI considera necesarios mayores esfuerzos para colocar la deuda en una trayectoria descendente, mientras COPARMEX sostiene que la reducción del déficit prevista para 2027 resulta insuficiente.
Aquí existe un problema de fondo: un país no puede construir una estrategia de crecimiento sostenible financiando permanentemente sus desequilibrios con mayor deuda.
El endeudamiento no es negativo por definición. Puede ser una herramienta legítima cuando financia infraestructura y proyectos capaces de elevar la productividad. El problema aparece cuando se convierte en un mecanismo recurrente para sostener gastos que no generan valor económico de largo plazo.
Por eso resulta pertinente la posición de COPARMEX: no se trata simplemente de gastar menos, sino de gastar mejor.
México necesita revisar programas de bajo impacto, eliminar duplicidades y concentrar los recursos públicos en infraestructura, energía, agua, educación, seguridad y otros factores indispensables para elevar la competitividad.
Un Consejo Fiscal Independiente: una propuesta que merece prosperar
Entre las recomendaciones retomadas por COPARMEX destaca la creación de un Consejo Fiscal Independiente, dotado de autonomía técnica para evaluar los supuestos macroeconómicos del presupuesto, analizar riesgos y dar seguimiento al comportamiento de la deuda pública.
Considero que esta propuesta debería convertirse en una prioridad de la discusión económica nacional.
México necesita instituciones que fortalezcan la credibilidad de sus decisiones presupuestarias, independientemente de quién ocupe la Presidencia de la República.
Un organismo de esta naturaleza no tendría que sustituir las facultades del Ejecutivo ni del Congreso. Su función sería aportar evaluaciones técnicas independientes que permitan identificar riesgos, contrastar proyecciones y elevar la transparencia.
La disciplina fiscal no debería depender de la voluntad política de cada administración, sino apoyarse en instituciones capaces de ofrecer certidumbre a largo plazo.
Y esa certidumbre es precisamente uno de los activos que más valora cualquier inversionista.
Sin confianza no habrá inversión suficiente
El otro gran mensaje del FMI, destacado por COPARMEX, es contundente: para elevar el crecimiento potencial de México será indispensable estimular la inversión privada.
Aquí está, probablemente, el mayor desafío económico del país.
Las empresas no toman decisiones de inversión únicamente por incentivos fiscales o costos laborales. Evalúan la estabilidad de las reglas, la disponibilidad de infraestructura, la seguridad, el respeto a los contratos y la existencia de mecanismos confiables para resolver controversias.
Cuando estas condiciones se deterioran o generan incertidumbre, los proyectos se posponen, se reducen o simplemente buscan otros destinos.
El capital tiene alternativas. México compite todos los días con otras economías que también quieren atraer fábricas, centros logísticos, tecnología y empleos de calidad.
Por ello, la certeza jurídica no puede considerarse una exigencia exclusiva de los empresarios. Es una condición necesaria para el crecimiento económico.
En este contexto, los cambios regulatorios y las transformaciones institucionales deben evaluarse también por su impacto en la confianza de quienes están dispuestos a comprometer recursos productivos durante los próximos diez o veinte años.
La inversión no se decreta desde el gobierno. Se construye mediante confianza, instituciones sólidas y reglas que se respetan.
El nearshoring no esperará indefinidamente
México tiene frente a sí una oportunidad histórica derivada de la reorganización de las cadenas internacionales de suministro y de su integración productiva con América del Norte.
Pero sería un error asumir que nuestra cercanía con Estados Unidos garantiza automáticamente la llegada de inversiones.
El nearshoring es una oportunidad, no un derecho adquirido.
Sin energía suficiente, infraestructura moderna, seguridad, disponibilidad de agua y condiciones regulatorias competitivas, muchas inversiones potenciales podrían no concretarse.
Y cada proyecto que se pierde representa empleos que no se generan, proveedores nacionales que no se desarrollan y regiones que dejan pasar oportunidades de crecimiento.
Aquí también existe una responsabilidad empresarial. Las grandes inversiones deben traducirse en cadenas de valor que incorporen a las micro, pequeñas y medianas empresas mexicanas, amplíen las capacidades productivas y generen beneficios más allá de las grandes corporaciones.
El verdadero éxito del nearshoring no debería medirse solamente por los anuncios de inversión, sino por los proyectos efectivamente realizados, los empleos formales creados y el valor agregado que permanece en México.
La decisión es política, pero las consecuencias son económicas
El mensaje que dejan las recomendaciones del FMI y la posición de COPARMEX es que México necesita recuperar una agenda de crecimiento sustentada en responsabilidad fiscal, inversión productiva y fortalecimiento institucional.
No se trata de confrontar al gobierno con los empresarios ni de presentar al sector privado como sustituto del Estado.
Se trata de reconocer que el desarrollo requiere de ambos: un gobierno capaz de ofrecer estabilidad, infraestructura y servicios públicos eficientes, y empresas dispuestas a invertir, innovar, competir y generar empleo.
La administración federal tiene la oportunidad de convertir estas recomendaciones en decisiones concretas. Pero para hacerlo necesita asumir que la confianza empresarial no se recupera con discursos y que la estabilidad macroeconómica, por sí sola, no garantiza el crecimiento.
También el sector privado debe asumir compromisos verificables de inversión y productividad.
A mi juicio, el mayor riesgo para México no es solamente que la economía crezca 1.5% o 1.8%. El verdadero riesgo es que nos acostumbremos a esas cifras y terminemos considerando aceptable un desempeño que está muy por debajo de nuestro potencial.
COPARMEX ha puesto sobre la mesa propuestas concretas y el FMI ha reforzado su pertinencia técnica. Ahora corresponde al gobierno abrir una discusión seria y traducirla en políticas públicas.
Porque México no necesita administrar mejor su estancamiento. Necesita recuperar la ambición de crecer.
Y para crecer, primero hay que recuperar la confianza.




