Pide Alianza In México al Congreso regular trabajo en plataforma digital
CIUDAD DE MÉXICO, 19 de septiembre de 2018.- La alerta se escuchó casi a la medianoche. Eran las 23 horas con 49 minutos del 7 de septiembre de 2017 cuando un terremoto de 8.2 grados de magnitud, con epicentro en Pijijiapan, Chiapas, sacudió el Centro y Sur del país.
Un día antes, un “error humano” durante un ejercicio de mantenimiento activó el sonido de que un temblor se avecina. Parecía un presagio. De haber sabido se hubiera tomado en cuenta el aviso. Pero todo quedó en una falsa alarma.
El primer terremoto que enlutó al país dejó un saldo de 102 víctimas mortales en los estados de Oaxaca, Chiapas y Tabasco. El movimiento telúrico se percibió hasta Centroamérica.
Apenas 12 días después, el 19 de septiembre otro sismo de magnitud 7.1, a las 13 horas con 14 minutos, golpeó con intensidad zonas densamente pobladas; entre ellas, la capital del país.
Esta vez el epicentro se registró en Axochiapan, Morelos, según el Servicio Sismológico Nacional. El saldo mortal: 370 personas en Ciudad México, Morelos, Puebla, Estado de México, Guerrero y Oaxaca.
En lo que va del siglo, los sismos de septiembre son los desastres con más víctimas y de mayor impacto en México, tanto por el número de damnificados, como por los daños materiales y patrimoniales. El segundo, 32 años después de que los mexicanos recordaran el de 1985.
El documento Plan de Acción ante Sismos del Gobierno Federal asegura que los terremotos de 2017 dejaron un saldo de 12 millones de personas afectadas.
Ambos eventos provocaron la destrucción total de 50 mil 610 viviendas y daños parciales a otras 127 mil 479; generaron daños terminales en 276 planteles escolares, daños parciales a cinco mil 63 escuelas y afectaciones menores para 10 mil 797 planteles educativos; mil 821 edificaciones y más de dos mil bienes muebles culturales dañados.
La Encuesta sobre las Afectaciones de los Sismos de Septiembre de 2017 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) señala que la entidades que resultaron mayormente afectadas fueron: Chiapas, Ciudad de México, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Tabasco y Tlaxcala.
La estimación del Gobierno Federal determinó que el costo de reconstrucción de las zonas destruidas en el Centro y Sur del país ascendería a unos 48 mil millones de pesos.
Al igual que el 19 de septiembre de 1985, la ayuda ciudadana no se hizo esperar, cientos de mexicanos y extranjeros, entre médicos, estudiantes, amas de casa, comerciantes, acercaron la mano a las zonas de desastre. La prensa nacional e internacional también apoyó.
Unos con cascos, picos, palas y chalecos, otros sin protección alguna. La intensión mayor era el rescate con vida de las personas atrapadas entre toneladas de escombros y concreto de las viviendas y edificios derrumbados.
En diversos puntos colapsados, con el puño en alto los rescatistas pedían silencio total para escuchar los gritos de sobrevivientes. Dolor, angustia, miedo y desesperación eran el común denominador en el rostro de muchos, pero la esperanza podía más que el asombro de ver zonas urbanas en ruinas.
A un año de esa fatal coincidencia que no se olvida, se desconoce con exactitud el número de damnificados. Los censos de vivienda y familia afectadas no han concluido por omisiones de diferentes autoridades. Fallaron los programas para organizarse y canalizar los apoyos y recursos económicos. No hay certeza de cómo se distribuyó, ni claridad en las acciones y las tareas de reconstrucción, ni certidumbre en los plazos de conclusión.
Todavía se ven escombros, andamios y casas apuntaladas e inhabitables, familias durmiendo a la intemperie o en carpas, niños tomando clases en aulas improvisadas con solo la protección de lonas, escuelas enteras sin reconstruir.
En medio de la burocracia y posible corrupción de autoridades, la reconstrucción de México avanza muy lentamente. Los recursos donados, las acciones y los programas no han sido eficientes para regresar a las comunidades o zonas afectadas a la normalidad.
El trabajo ciudadano en los sismos 7s y 19s exhibieron que los protocolos de actuación del gobierno ante desastres naturales de tal magnitud resultaron insuficientes.
A 33 años del terremoto de 1985, algo que pareció haberse quedado en el olvido en la memoria de los mexicanos, sobre todo en los habitantes de la Ciudad de México, resurgió: vivimos en una zona de certeza sísmica.