MOLINOS DE VIENTO: El reto de Mancera

El artículo 362 del Código Penal vigente para el Distrito Federal, escribe el editorialista de La Jornada en la edición del viernes, puede usarse como una coartada para perseguir, reprimir, condenar y encarcelar a disidentes políticos y sociales según convenga a las autoridades locales en turno; mire usted:

“Se le impondrán de cinco a treinta años de prisión y suspensión de derechos políticos hasta por diez años, al que mediante la utilización de sustancias tóxicas, por incendio, inundación o violencia extrema, realice actos en contra de las personas, las cosas o servicios públicos, que perturben la paz pública o menoscaben la autoridad del Gobierno del Distrito Federal, o presionen a la autoridad para que tome una determinación”

Como la mayoría de los vigentes en los diferentes estados de la República, se constituye con definiciones ambiguas y circunstancialmente salpicadas de barbarismos propios del slang judicial. Situación  que se extendió como la enfermedad que es, durante los 12 años prianistas, exacerbando así aberraciones en la ruta de la disolución social, el nefasto concepto que daba base a la persecución política en tiempos que los cantores del sistema afirman trascendidos.

Lo que definitivamente no ha sido trascendido es la estupidez que sustancia como el profundísimo de un delito que han dado en llamar “daño a las cosas” y cuya ambigüedad le convierte en alcahuete de lo que sea para lo que sea. Haiga sido como haiga sido. Preocupa sobre todo porque el actual titular delo GDF es un doctor en derecho que ha impartido justicia y en la autoría de legislaciones  de naturaleza similar a la aquí comentada.

La voluntad política y los mejores esfuerzos del gobernante debieran enderezarse a corregir los no pocos elementos negativos que concurren en la infortunada circunstancia actual del DF, de sus pobladores, de su administración pública.

Debiera, por ejemplo, verificar la veracidad, carencia o deformación de esta, en la cédula sobre Delincuencia en México, en la Wikipedia, donde entre otras cosas se afirma que “según informes a principios del 2011, 13 de las 50 ciudades más peligrosas del mundo son mexicanas: Ciudad de México, Ciudad Juárez, Torreón, Cuernavaca…” etcétera, etcétera, etcétera. Esa es una fuente muy frecuentada y sus datos, salvo aclaración en contrario, se admiten como palabra de dios, conforme al dogma de la fe católica.

Tendría, asimismo, que buscar una solución urgente a los graves problemas planteados por la megalomanía de la rectora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, donde hay otro foco rojo encendido para su preocupación personal. El DF se ha consolidado desde el gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas pasando, sin excepción alguna por los de Rosario Robles, Andrés Manuel, Alejandro Encinas y Marcelo Ebrard, en el ámbito natural de todo lo que el prianismo canceló, obstaculizó, anuló, durante sus fatídicos 12 años: Seguridad, crecimiento real, generación de servicios y otros satisfactores para la población, libertad irrestricta de pensamiento, de palabra, de manifestación de las ideas, de disidencia. Contra todo eso atentan infecciones como las aberraciones jurídicas que aquí hemos visto.

Mancera, no debe olvidarlo, gobierna la única plaza de la gepolítica mexicana donde son más y mejores los componentes positivos que la violencia generalizada a cargo de delincuentes, soldados, marinos, policías y la cascada de degradantes efectos consustanciales a lo anterior. Este es un patrimonio no sólo de los capitalinos, sino de la comunidad nacional, porque constituye la valiosísima demostración de que es posible el acceso real al desarrollo en vez del sometimiento a la dictadura de los mercados y sus nefastos compañeros de viaje.

Por eso la despiadada guerra sucia del américan güey contra el DF. Por eso la insoslayable obligación de defenderlo. A toda costa. Sobre cualquier otro interés. [email protected]

QMX/rrb