CIUDAD DE MÉXICO, 14 de enero de 2022.- En el recuento de los logros legislativos del Senado de la República, el líder de Morena, Ricardo Monreal, destacó este viernes la aprobación, por unanimidad, de la Declaración formulada por México que reconoce la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, el pasado 1 de septiembre de 2020.

En su mensaje cotidiano difundido a través de sus redes sociales, el coordinador de la mayoría parlamentaria arguyó que el reconocimiento de la competencia en el país del Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas, permite la comunicación entre este organismo y las personas víctimas de ese crimen para investigación y esclarecer estos casos. 

En su mensaje, Monreal Ávila legislador definió que la desaparición forzada es el arresto, la detención, el secuestro o incluso simplemente la privación de la libertad de personas cometida por agentes del Estado o por grupos tolerados por este. Fue la 64 Legislatura la que aprobó la propuesta.

Lamentablemente, el también presidente de la Junta de Coordinación Política denunció que, anteriormente el Estado mexicano nunca aceptó que el Comité contra la Desaparición Forzada interviniera y tuviera jurisdicción el territorio. “Ahora, esa es la trascendencia del acto que ratificamos”.

El senador de Morena pidió dimensionar la gravedad del asunto, ya que ahora se pueden investigar, a petición de este organismo internacional, las desapariciones forzadas que ocurren en el país, lo cual representa un desafío para el Estado mexicano.

El Comité no sólo puede investigar y solicitar al Estado mexicano que colabore con las indagaciones, sino que también tiene la facultad de solicitar la reparación del daño a las víctimas.

“Muchos años luchamos porque tuviese vigencia este instrumento jurídico internacional”, destacó Ricardo Monreal, al recordar el aval de esta declaratoria como un catalizador para la prevención, investigación y esclarecimiento de casos.

Además, contribuye a impulsar la reconciliación con base en la verdad, justicia, sanción, reparación y garantía de no repetición, de los delitos en materia de desaparición forzada de personas.