Elabora IPN sistema de misiones espaciales para México y Latinoamérica
CIUDAD DE MÉXICO, 18 de julio de 2018.- El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) avaló por unanimidad sancionar al PRI con 36 millones 544 mil de pesos, por haber recibido 14.6 millones de pesos en efectivo del gobierno de Chihuahua, durante la administración de César Duarte, lo cual se hizo a través de la Secretaría de Hacienda estatal.
De acuerdo a la investigación de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, se determinó que se realizó un esquema complejo de triangulación de recursos donde, en 2015 el gobierno de Chihuahua pagó compensaciones a los trabajadores de diversas dependencias estatales, con montos inferiores a los que les correspondían, pues descontaban el cinco y 10 por ciento, sin que los empleados lo supieran.
Estos trabajadores eran elegidos de forma aleatoria, es decir, sorteaban a quién y qué porcentaje le descontarían, método que el consejero electoral y presidente de la comisión de Fiscalización del INE, Ciro Murayama, calificó como la lotería de la mala suerte; en tanto, los recursos que se reunían de estas supuestas aportaciones voluntarias, eran entregados mensualmente al PRI.
«Se descubrió una compleja operación a través de un sistema de compensaciones manejado desde la Secretaría de Hacienda estatal, a través del cual se realizaron descuentos a los trabajadores del estado sin que ellos estuvieran enterados; luego se emitían cheques desde dicha dependencia, mismos que eran endosados para posteriormente ser cobrados en efectivo; después el dinero regresaba a la Secretaría de Hacienda para ser entregado al secretario de finanzas del Comité Directivo Estatal del PRI en Chihuahua, Pedro Mauli Romero Chávez, quien firmaba de recibido.
Era una especie de lotería de mala suerte, pues no a todos los trabajadores se les descontaban esos montos, iban cambiando mes a mes, el porcentaje de dichos descuentos era de cinco por ciento si el trabajador percibía entre nueve y 12 mil pesos, y si su ingreso era mayor el porcentaje subía a 10 por ciento”, detalló.
Murayama Rendón explicó que al considerarse como una conducta grave especial por tratarse de recursos en efectivo que no pueden ser rastreados, existe un agravante y la sanción corresponde al 250 por ciento del monto involucrado (14.6 mdp), es decir 36.5 millones de pesos. Indicó que se trata de un caso de desvío de recursos públicos y afectación patrimonial a los trabajadores de Chihuahua, por lo que deberá sancionar otra autoridad.
El representante del PRI ante el INE, Carlos Morelos, condenó la restricción que se hizo a trabajadores del gobierno de Chihuahua, sin embargo, señalo que no está probado que esos recursos hayan llegado a las arcas del PRI.
«Sí vemos un esquema de descuentos a servidores públicos de un gobierno estatal que desde luego reprobamos, sí estimamos qué hay elementos suficientes para colegir que esos recursos fueron representados en un cheque y a través de una empresa se puso en efectivo, donde discrepamos es si ese efectivo llegó o no efectivamente al comité directivo estatal del PRI en Chihuahua», sostuvo.