Va Peña por un mínimo de 3% en burócratas con discapacidad

CIUDAD DE MÉXICO, 18 de julio de 2018.- A poco más de cuatro meses de concluir su mandato, el presidente Enrique Peña Nieto busca obligar que las dependencias y entidades de la Administración Pública de los tres órdenes de gobierno y de la Ciudad de México contraten a personas con discapacidad permanente, siempre y cuando reúnan condiciones de idoneidad para la ocupación de las plazas vacantes, en una proporción no inferior al tres por ciento de la totalidad de su personal.

Esto, a través de una iniciativa de decreto enviada a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la cual reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de las leyes generales para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, la de Población, de Protección Civil, y las leyes de Asistencia Social, del Impuesto sobre la Renta; el Código Penal Federal, el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal.

Dicha iniciativa tiene como objetivo reglamentar en lo conducente el Artículo 1° de la Constitución, estableciendo las condiciones en las que el Estado deberá promover, proteger, respetar y garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, asegurando su plena inclusión a la sociedad en un marco de respeto, igualdad y equiparación de oportunidades.

El Poder Ejecutivo Federal pretende armonizar la legislación mexicana con lo establecido en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, al constituir como una propuesta que el Gobierno promueve y considera una Reforma Social por los Derechos de las Personas con Discapacidad.

El proyecto de decreto turnado a las comisiones unidas de Gobernación y de Justicia de la Cámara de Diputados, reforma la Ley del Impuesto sobre la Renta a fin de que patrón que contrate a personas con discapacidad motriz y que usen prótesis, muletas o sillas de ruedas, así como mental, auditiva o de lenguaje, en un ochenta por ciento o más de la capacidad normal.

Tratándose de personas con discapacidad visual total y permanente, podrá deducir de sus ingresos, un monto equivalente al 100 por ciento del impuesto sobre la renta de estos trabajadores retenido, siempre y cuando se esté cumpliendo con la obligación de Seguro Social y obtengan un certificado de discapacidad emitido por las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud.