Nigromante/José Vilchis Guerrero

*Todavía no salen a dar la cara ni Peña Nieto ni Calderón

Parece prematuro digerir la acusación de Jeffrey Lichtman, abogado de Joaquín El Chapo Guzmán, contra el presidente Enrique Peña Nieto y el ex, Felipe Calderón Hinojosa, de haber recibido miles de millones de dólares en sobornos del narcotraficante Ismael Zambada García para que no lo metieran a la cárcel. Los señalados se deslindaron mediante sendos mensajes en las redes y una aclaración de Los Pinos, sin aportar un argumento que acredite el dicho ante un juez estadounidense que amonestó al abogado, pero no desestimó el señalamiento.

Es claro que ni Felipe Calderón ni Enrique Peña hayan recibido directamente dinero de los capos de la droga, porque tampoco está documentado que ninguno de ellos haya operado directamente con el crimen organizado, porque si así fuera, lo hubieran hecho a través de terceros. Lo que sí es claro es que durante el presente sexenio Guzmán Loera pudo haber operado con impunidad, violencia y con la visible expansión de sus negocios y para ello sólo hubiera sido posible con la protección de la Presidencia.

También es cierto que ya se hizo tradición entre la clase política los pactos de impunidad que desde tiempos inmemoriales el sucesor en Los Pinos cubría con su manto a su antecesor y si procedía contra alguien por razones de imagen pública, los chivos expiatorios siempre fueron los peces chicos o diminutos, el último eslabón en las cadenas de mando.

Frente al juicio que se le sigue a Guzmán Loera en Estados Unidos, lo menos que se esperaba es que los señalados Peña Nieto y Calderón Hinojosa salieran a explicar con más detalle su deslinde a no ser que haya un equipo de analistas detrás del asunto para maquillar el caso para un posible control de daños a la imagen presidencial.

Pero ahí va incluida una cuestión que no sobrepasa al sentido común en una investigación judicial en la que ambos imputados por un barón de la droga: no ha caído ninguno de los empresarios que participaron en el lavado de miles de millones de dólares de procedencia ilícita y que se ven reflejados en exitosos negocios en distintos ramos de la industria mexicana. Obviamente surgen las suspicacias de complicidad con el Chapo desde el gobierno y la iniciativa privada.

No es asunto de venganza; es de justicia

También es cierto que el principio rector de López Obrador que blandió desde la campaña fue la de ir contra la corrupción, aunque en el inicio del período de transición haya dicho que no procederá (penalmente) contra los políticos de alcurnia de este gobierno sin mencionar a Peña Nieto a quien se refirió. Dijo que no le mueve la venganza. Pero esto genera un debate ineludible: no sería venganza proceder penalmente contra quienes hayan violado la ley. Sería una cuestión de justicia.

Ya hubo –hace casi un año– un intento fallido del gobernador de Chihuahua, Javier Corral, quien informó el 20 de diciembre de 2017 de la detención de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, presunto operador de un desvío millonario de recursos públicos hacia campañas del PRI el año pasado. La Fiscalía General del Estado llevó acabo el cumplimiento de una orden de aprehensión dictada por juez competente en contra de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, en un operativo conjunto de la Policía Federal y de la Policía Estatal de Chihuahua.

El diario Reforma citó el testimonio de Jaime Herrera Corral, ex secretario de Hacienda de Chihuahua en el Gobierno de César Duarte, respecto a una presunta triangulación de recursos públicos, que habría sido avalada por la Secretaría de Hacienda, cuando Luis Videgaray era su titular.

¿Qué se podría esperar luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación echó abajo el caso con un amparo que protege de ir a prisión al saliente Peña Nieto en unas semanas? No obstante, hay suficiente material para documentar los sobornos del consorcio Odebrecht y los recursos que se desviaron en el gobierno de César Duarte Jáquez en Chihuahua.

Proceder penalmente contra los responsables quizá sea posible si el Poder Judicial Federal se apropia de independencia luego que pasen las terribles, ruidosas fiestas de fin de año, que suelen opacar lo que realmente importa con el consumismo superficial.

Se tendría que ahondar en la investigación responsable de aquellos empresarios que se involucraron en negocios ilícitos con el crimen organizado y los políticos que hicieron posible ese amasiato como un pago a las campañas que fueron financiadas con recursos de la mafia.

La sociedad mexicana estaría esperando que luego de los señalamientos del abogado de Guzmán Loera, los gobiernos de Estados Unidos y México realicen una investigación conjunta para aclarar el caso. Si proceden estas investigaciones responsables, podríamos ver caer en la cárcel a políticos prominentes como ha ocurrido en otros países latinoamericanos y europeos.

El próximo gobierno deberá ser cuidadoso ante la expansión exitosa de negocios que han crecido con rapidez inusual en medio de la delincuencia y la violencia sin control con los claros antecedentes de corrupción que tiene nombre y apellidos con los ex y gobernadores encarcelados o en fuga, que han tenido la protección de un sector del poder judicial que es señalado de corrupción y que igual que todos los partidos fueron infiltrados por la delincuencia organizada, como sucedió en países como Italia y Colombia.

En el caso de México fue muy evidente que desde 2010 la guerra contra el narcotráfico se centró en las organizaciones que competían con el Cártel de Sinaloa, que encabezaba El Chapo Guzmán, en tanto que éste y sus secuaces se mantenían al margen. Era notorio que tenían la protección de políticos que ahora se deslindan con frases que no tienen argumento, sólo negativas de su posible participación.

Causó suspicacia que en este sexenio haya concluido sin un titular de la Procuraduría General de la República y el puesto lo haya ocupado un encargado del despacho –Alberto Elías Beltrán– y que el fiscal contra delitos electorales (Fepade) –Santiago Nieto– haya sido destituido justo en las cercanías de campañas que al final vino a perder el PRI y partidos que le acompañan. Y los candidatos se hacían los desentendidos, porque no preguntaron nunca la procedencia de los millonarios recursos aplicados en la compra del voto.

Todavía es un misterio sin resolver que muchas campañas hayan sido financiadas con dinero sucio del crimen organizado que pudo haber ocupado –con sus candidatos– espacios que fueron dejados vacíos por la autoridad con el propósito de disimular el ejercicio del poder, para efectuar negocios al amparo del fuero que aún detentan. Sólo el tiempo nos dirá qué podrá ocurrir luego del 1 de diciembre.