Nigromante/José Vilchis Guerrero

Sin ataduras mediáticas ni empresariales, llega AMLO al mando presidencial

A la fecha no ha habido presidente electo de la época reciente: Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, que no hayan tenido que someterse a los grupos de presión al ceñirse la banda presidencial. Iniciaron sus respectivas administraciones atados a esos compromisos.

Grupos empresariales y financieros que se acostumbraron a imponer su voluntad al presidente en turno. Andrés Manuel López Obrador se libró de estos compromisos al tomar medidas previas al acto protocolario, como el de reducir al 50 por ciento el gasto de publicidad, que superó los 37 mil millones de pesos en la administración que concluye. Los poderosos empresarios de los medios y sus más populares columnistas seguramente harán valer su actitud crítica y libre expresión.

Para beneficio de los lectores y consumidores de noticias se promoverá el ejercicio libre de la expresión periodística; miles de millones de pesos dejarán de entrar a las arcas de los grandes medios y a los bolsillos de ‘prestigiados’ comentaristas y conductores de noticiarios de radio y televisión. Los otros, los más modestos, tendrán que diversificar sus métodos y estrategias para allegarse recursos suficientes para su permanencia. Combate a la corrupción, su objetivo.

Con la determinación de reducir los gastos de publicidad, López Obrador se libra de esa perversa relación prensa-gobierno y de la perniciosa adicción mediática. Se topará en su administración con cientos de reporteros pobres que vivieron todo el tiempo la injusta marginación de largas jornadas y bajos salarios frente a millonarios dueños de los medios y sus consentidos golpeadores columnistas que ganaron dinero y prestigio en ese perverso contubernio con el poder político.

Luego, al decidir la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco, que fue el proyecto emblema del peñismo, donde se hizo gala de los jugosos negocios que realizarían los grandes consorcios nacionales y extranjeros, el presidente electo logró negociar con los inversionistas, de tal modo que les hizo ver que no podrán asumir el mando en las decisiones del gobierno como lo hicieron antes con los que en su momento se bajaron de la silla presidencial para ser cómplices de inmorales dueños del dinero.

No hubo enfrentamientos ni choque de trenes con los grandes intereses empresariales sino negociación y a pesar de las predicciones de que habría un terremoto político, se llegó a un acuerdo en el que López Obrador los convenció de que no perderían sus contratos si trasladaban a Santa Lucía sus proyectos.

Les hizo ver que habrá una división entre el ejercicio del poder político y el papel estratégico de los inversionistas, cuya función será la de generar empleos, más empresas y recursos que permitan el despegue de la economía en una nueva realidad en la que el presidente tendrá su propia responsabilidad frente al país.

Otra de las decisiones que atrajo la atención de los electores fue el cumplimiento de una de las promesas iniciales en su campaña: se eliminaron las cuantiosas pensiones a los ex presidentes Echeverría, Salinas de Gortari, Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto, que ya no recibirán las sumas millonarias que rebasaban la imaginación de más de 50 millones de mexicanos que sobreviven con miserables ingresos. Y los que no tienen pensión, siguen en la pobreza extrema.

Y la más reciente medida para combatir la delincuencia y el crimen organizado, que ha provocado igual polémica entre organismos nacionales e internacionales: la formación de la Guardia Nacional, que conformarán el Ejército, la Marina y la Policía Federal. Todas las organizaciones civiles de derechos humanos se le fueron encima para reclamarle al presidente electo que dé marcha atrás en sus propósitos de ‘militarizar’ al país con esa corporación.

Es cierto, desde la precampaña López Obrador pugnó en su discurso por sacar al Ejército de las calles porque no es su función el combate a la delincuencia común y al crimen organizado. Pero en la vía de los hechos han sido las fuerzas armadas las que han dado una lucha abierta en la defensa de la vida y los bienes de las víctimas. Sólo falta la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para mantener vigente la Constitución en la defensa de los derechos humanos y moralizar o remover a los jueces corruptos que se coluden con delincuentes.

Desde su campaña López Obrador manifestó que cambiaría la estrategia para combatir a la delincuencia, para no caer en los equivocados métodos que aplicaron Calderón y Peña Nieto, que dejaron un saldo de miles de muertos, de heridos, de desaparecidos, de secuestrados, de inseguridad que se mantiene y que genera desconfianza entre los inversionistas. A estos últimos les ofreció un cambio de rumbo atacando las raíces de la delincuencia y el narcotráfico y les pide su abierta participación.

En consecuencia, anunció AMLO programas de apoyo a jóvenes que puedan tener un ingreso desde su período de capacitación por las mismas empresas que los puedan contratar. Y otros apoyos a los que estudian, para que mientras se forman perciban becas que les permitan continuar sus estudios; fomento al deporte y la cultura, acciones en favor de los muchachos que suelen deprimirse por no tener ocupación y que son presa de bandas de delincuentes y del narcomenudeo que los reclutan. Así va a combatir al crimen organizado. Desde sus raíces, afirma.

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