Nigromante/José Vilchis Guerrero

López Obrador en su laberinto

Con la determinación de fondo de acabar con la corrupción, el presidente Andrés Manuel López Obrador abrió varios frentes que han dado lugar a la polémica en todos los sectores, desde la industria y el comercio, la seguridad pública, los conflictos magisteriales que han provocado serios descalabros a la economía hasta la corrupción en Petróleos Mexicanos con el combate al huachicol.

Pero hay afirmaciones de LO que provocan preocupación porque lleva por su cuenta el manejo estricto de la información gubernamental y limita la explicación de cada tema que deja dudas y genera desinformación o hasta confusión.

Y los ejemplos sobran. Que el magisterio de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) haya secuestrado al país en Michoacán al suspenderse la distribución de cientos de toneladas de mercancías e hidrocarburos que por dos semanas estuvieron varadas y provocaron la pérdida de miles de millones de pesos a la industria y el comercio al cierre de las vías ferroviarias por inconformes que llevaron muy lejos su intolerancia.

Absurdo que luego de autorizar el gobierno el pago de los adeudos con recursos federales haya declarado López Obrador que no reprimiría a los insurbordinados profesores que por casi dos semanas llevaron la huelga para presionar al gobierno, dio pie para que los abusivos mentores en paro prolongaran su chantaje. Y así lo reconoció LO en Palacio Nacional: que era un chantaje. Pero lo aceptó.

“No vamos a utilizar al Gobierno para amenazar, perseguir a dirigentes, o a empresarios, a ningún ciudadano; eso se termina y al mismo tiempo se va aplicar la ley”, comentó. Escueto, sin mayor explicación. Lo que provocó hilaridad.

No se trataba de “reprimir” a los intolerantes maestros sino de aplicar el estado de derecho. Es decir, el gobierno federal tiene la obligación de desalojar a quien obstruya las vías federales de comunicación conforme a derecho. Tiene que garantizar el sano desempeño de las actividades productivas y por ese frente se ganó la descalificación de los industriales y empresarios que reclamaron por las pérdidas económicas y desabasto de gasolina en el centro del país por esa causa.

Faltó por supuesto, que el gobernador Silvano Aureoles aplicara sus dotes de negociador. Pero ante los ojos de todo el país quedó de manifiesto que el hombre tiene pocas habilidades políticas. Y para colmo, al surgir el conflicto generado por incumplir con los pagos al magisterio, ¡¡se fue de viaje a Europa!! Y esperó a que el gobierno federal resolviera el conflicto.

El impacto del cierre a las vías del ferrocarril en Michoacán fue devastador para la economía pues quedaron varadas miles de toneladas de mercancías y refacciones automotrices, incluso perecederos que se perdieron por la intolerancia de un lado y la falta de negociación política por el otro para destrabar el conflicto.

De la suspensión del aeropuerto en Texcoco ni hablamos porque ríos de tinta inundaron los periódicos y se gastó mucha saliva en los noticieros de radio y televisión donde hubo condenas de quienes se dijeron afectados y muchos opinadores que antes fueron beneficiados por el régimen dejaron de recibir favores por la defensa a ultranza de un régimen priista sumido en la corrupción.

Respecto a la lucha contra el huachicol, ya confirmó LO que hay una denuncia contra el líder sindical petrolero Carlos Romero Deschamps, en la que se le relaciona presuntamente con el robo de combustible, pero que no ha sido ratificada. El gobierno sigue recopilando información para documentar el robo, “pues en esta administración no se actuará por consigna ni se perseguirá a nadie sin elementos, pero tampoco se permitirá que se actúe al margen de la ley”.

El presidente recordó que en el marco del combate al robo del combustible se realizan investigaciones de inteligencia financiera de algunas gasolinerías que no han podido demostrar sus ingresos a partir de sus ventas o no coincide lo que le compran a Pemex con lo que venden, por lo que se han congelado algunas cuentas de concesionarios y están en curso otras denuncias.

Por su parte, las fuerzas de seguridad decomisaron decenas de camiones cisterna usados para robar combustible en un operativo en Guanajuato, y el titular de la Secretaría de Marina, José Rafael Ojeda, ya identificó al Cártel de Santa Rosa de Lima como uno de los que se habían apoderado de Pemex desde un punto llamado “El Hoyo“, en el poblado de San Salvador Torrecillas, en Guanajuato. El Cártel de Sinaloa y Los Zetas fueron los primeros en el negocio con la complicidad de altos directivos de la empresa estatal, según reveló uno de ellos.

Decomisaron en el lugar once pipas (camiones cisterna), 14 camiones con “caja” para combustibles, 8 vehículos con pipas ya cargadas de combustibles y una pipa con agua. Hubo sólo un detenido, pero las investigaciones continúan. Además, Ojeda confirmó que hallaron “irregularidades” en el registro de bitácoras de navegación y de combustibles en dos buques incautados por las autoridades mexicanas en el puerto de Dos Bocas,Tabasco.

La expresión de López Obrador que levantó más polvo fue que “ya concluyó la guerra contra el crimen organizado”. ¿No se combatirá más a los criminales? ¿Qué hará entonces la Guardia Nacional? El gobierno debe garantizar seguridad.

Sin embargo, los analistas coinciden. Raymundo Rivapalacio considera que la legitimidad del presidente Andrés Manuel López Obrador está en niveles que soportan, hasta ahora, cualquier cosa.

El país presenta focos rojos de todo tipo, en seguridad, economía e insatisfacción social, pero él está sin mancha. Todos los días se para frente a la nación y recuerda, sin importar el tema, que el pasado estuvo infectado por la corrupción, y que todos los males que se arrastran se deben a los ladrones que saquearon las arcas nacionales para su beneficio y el perjuicio de las mayorías, tomando al gobierno de Enrique Peña Nieto como referencia.

Pero hay claroscuros. Más de un millón de burócratas quedaron sin empleo en todo el país y los que llegaron a ocupar sus puestos, de jefes de área hacia arriba, llegaron como a arrebatar un botín que les había sido negado desde 2006 a los que militan ahora en Morena. Una pregunta: ¿cómo se resolverá el desempleo?

Cientos de periodistas que laboraban en las áreas de comunicación social de las dependencias de gobierno quedaron sin empleo y otros tantos fueron despedidos de las empresas de radio y televisión y los periódicos Milenio, La Jornada, Reforma y Excélsior, en tanto que dejaron de existir otros medios y algunos portales de noticias. ¡¡Viva la libre expresión!!

Para colmo, muchos de los nuevos funcionarios no están capacitados en todas las áreas de gobierno y el sector financiero es uno de ellos; tampoco en las áreas de comunicación social han demostrado capacidad para comunicar lo que ocurre en cada dependencia y en ambos ámbitos hay una desesperación de la nueva clase dominante que ya desde septiembre del año pasado querían el abordaje, mucho antes de que López Obrador tomara posesión, el primero de diciembre.

Amigos de las secretarías de Economía y de Gobernación, relataron a este tecleador que en todos los ámbitos los nuevos servidores públicos llegaron literalmente a desplazar a los que concluyeron el sexenio, sin ajustarse a los lineamientos de austeridad, para cobrar los mismos altos salarios.

Un ejemplo, como botón de muestra. La Secretaría de Hacienda tuvo que frenar a las hordas de improvisados del equipo de Rabindranath Salazar Solorio, ex senador de Morelos, que ocupan ahora el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi), cuyas instalaciones visitaron desde septiembre cuando todavía eran equipo de transición, pero que desde entonces querían controlar. Antes de ser gobierno.

Bansefi es el banco de desarrollo que entre sus funciones más importantes está la de dispersar los recursos de los programas sociales gubernamentales y apoyar al fortalecimiento del sector de ahorro y crédito popular del país. Hacienda descalificó a estos nuevos “servidores públicos” por carecer del perfil para desempeñarse en el especializado sector financiero, pero fueron impuestos por Salazar Solorio, quien desplazó arbitrariamente al personal sin antes evaluar a los que sí están capacitados para sacar adelante a la institución.

O sea, no todo es miel sobre hojuelas para la Cuarta T.