Nigromante/José Vilchis Guerrero

No a los amparos contra el NAIM y Santa Lucía y AMLO queda bien con EU

Llamó mucho la atención que con motivo de los amparos promovidos por distintos afectados y emitidos por distintos juzgados federales en los casos del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) y el de Santa Lucía, el presidente Andrés Manuel López Obrador haya expresado la frase “sabotaje legal”, y que sugiere que el poder Ejecutivo no está dispuesto a someterse a las determinaciones del Poder Judicial en temas sensibles.

Lo que sugiere AMLO es que la 4T va a pasar por encima de estos instrumentos jurídicos legales interpuestos por diversos organismos empresariales ligados al Partido Acción Nacional que se oponen a proyectos ya decididos de la 4T y que en las conferencias mañaneras afirma que tales proyectos: Santa Lucía, la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya, se efectuarán, pese a los litigios en curso.

La oposición continuará frente a las determinaciones asumidas desde la primera acción de gobierno que de Palacio Nacional se traslada a cualquier punto del territorio nacional, para impartir la conferencia mañanera en la que se informa de la agenda nacional. Así se perfila un desprecio al turismo nacional y extranjero cuando menospreció el combate al sargazo, al que se refirió como “un problema menor”, que sin embargo está considerado un verdadero obstáculo para fomentar el turismo a las playas mexicanas.

Mayuli Martínez Simón, senadora del PAN por Quintana Roo, se pregunta qué podrían hacer los quintanarroenses frente a la postura del Presidente de la República que minimiza un verdadero problema que afecta en los últimos cinco años a los empresarios hoteleros y a los vacacionistas; que está considerado por la comunidad científica como un fenómeno que podría desaparecer las playas y su entorno ecológico.

No sólo es un impacto negativo para la economía al disminuir el turismo, sino que erosiona las playas y mata arrecifes, tortugas, peces y diferentes especies marinas, al tiempo que afecta la salud de bañistas y trabajadores que se exponen al alga dañina. El fenómeno podría crecer si no se actúa a tiempo, según los especialistas.

De alguna forma, el presidente López Obrador mantiene intacto su capital político y lo ha hecho evidente al reunirse con las fracciones parlamentarias de Morena en el Congreso de la Unión y el Senado para revisar los pendientes de la 4T y les dijo a los legisladores frente al senador Ricardo Monreal y el diputado Mario Delgado que están pendientes de legislar la revocación de mandato y la eliminación del fuero del Presidente de la República.

Los argumentos fueron contundentes: “Si no servimos, nos tenemos que ir. Tenemos que ser honestos en esto; (nos tenemos que ir) si la gente no está de acuerdo con el desempeño, porque el pueblo siempre va a tener las riendas del poder en sus manos”.

Mencionó otros pendientes como una iniciativa para mejorar los servicios de salud y garantizar el derecho a este servicio, así como la Ley del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, frente a lo cual Mario Delgado anunció que habrá dos períodos extraordinarios en ésta y la próxima semana para ratificar al Secretario de Hacienda, Arturo Herrera y dictaminar la Ley de Extinción de Dominio así como las leyes secundarias de la reforma educativa.

Rechazó que estuvieran en receso legislativo, “estamos trabajando para terminar la agenda de la cuarta transformación, compartimos la misma plataforma legislativa, que fue la misma que votó la gente en las pasadas elecciones.

Monreal se mordió los labios al afirmar que hay total independencia y soberanía de los poderes de la Unión. El presidente ha sido cuidadoso de las determinaciones del Senado, dijo. Sin embargo, el mandamás del Palacio Nacional acudió a los legisladores para que dieran marcha atrás a los intentos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para revocar la ley de salarios y que establece que nadie puede ganar más que el Presidente de la República. Se notó el impulso de usar al poder legislativo para oponerse a las determinaciones del poder judicial.

En otro sentido, la realidad choca con las afirmaciones que se hacen en la mañanera. Por un lado se afirma que México seguirá siendo respetuoso de los migrantes y que se les dará las mejores condiciones en el territorio nacional, pero migrantes centroamericanos usaron sus celulares para mostrar fotografías que exhiben las pésimas condiciones de higiene que padecen en la estación migratoria de Acayucan, Veracruz.

Realizaron una huelga de hambre por las condiciones inhumanas en las que viven, baños inmundos, comida en mal estado y los encargados los obligan a dormir en el suelo, luego de quitarles las colchonetas y cobijas. Contra las declaraciones oficiales, acusan que el personal del Instituto Nacional de Migración los mantiene hasta 40 días incomunicados con sus familias y sólo les permiten hablar con sus abogados. Todo lo cual es negado por el INM.

Lo anterior refleja una realidad, que hace semanas apuntó el diputado Porfirio Muñoz Ledo: México se convirtió en policía migratorio de Donald Trump, detiene y deporta a miles de inmigrantes y desde febrero las cifras aumentan, para hacer más difícil la estancia de quienes se atreven a cruzar el territorio con destino a Estados Unidos. En menos de dos semanas, Trump ha difundido 15 felicitaciones al gobierno mexicano que se ha sometido a sus propósitos de endurecer la política migratoria y ha convertido a nuestro país en muro humano para los migrantes centroamericanos.

Esta posición negativa que daña la imagen del pueblo de México, con una tradición de aceptación de la migración como un derecho internacional, se ha fortalecido con los 144 mil 278 migrantes detenidos cuando intentaron cruzar la frontera hacia Estados Unidos y deportados en mayo, que representan más del 32 por ciento con respecto al mes anterior. 

Ese fue el compromiso asumido por el canciller Marcelo Ebrard frente a Mike Pompeo, el número dos del gobierno estadounidense, para evitar la imposición de aranceles. Otra vez, los indocumentados convertidos en moneda de cambio.

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