Nigromante/José Vilchis Guerrero

Después de una larga investigación en la que se descubrió una red de corrupción de la aristocracia priista en la era de Enrique Peña Nieto, en la que unos cuantos forjaron su patrimonio con dinero de recursos fiscales de la Federación, finalmente, “con las faldas bien puestas”, Rosario Robles “dio la cara” y el juez Felipe de Jesús Delgadillo le dictó prisión preventiva por ejercicio indebido del servicio público en el marco del caso conocido como la Estafa Maestra.

Al final de la audiencia, que se prologó por once horas, Robles, extitular de Sedesol y Sedatu, estará presa cuando menos dos meses, tiempo que durará la investigación complementaria del caso. La Fiscalía General de la República (FGR) la acusa de no haber denunciado o frenado, a pesar de que sabía de su existencia, a una estructura de funcionarios que causaron un daño al erario por 5 mil 73 millones de pesos.

Durante la continuación de la audiencia de vinculación a proceso en el Reclusorio Sur, Manuel Granados, agente del Ministerio Público, pidió la prisión preventiva para Robles y dijo que había evidente riesgo de fuga, pues tenía capacidad económica para salir del país, pues Robles tuvo altos salarios de hasta 200 mil pesos mensuales como servidora pública, que combinado con el hecho de que podría recibir una pena de hasta 23 años de prisión, alentaría su fuga.

Con evidente ironía, Granados agregó que “además de la pena podría tener una multa de 5 mil millones de pesos que no sólo compromete su patrimonio, sino el de su cuarta y hasta quinta generación”, y respondió a Robles  Berlanga: “hoy vino a dar la cara, creía que aún tenía el manto protector que creía tener cuando Enrique Peña le dijo ‘no te preocupes Rosario’… vino a dar la cara mucho después de que nos vieron la cara”.

De nada le valió a Rosario Robles llevar escrituras, recibos de luz y teléfono, entre otros documentos para acreditar arraigo en la Ciudad de México e incluso hizo uso de la palabra y entre sollozos clamó no ser encarcelada. Para entonces ya fueron historia los apapachos del régimen priista de abril de 2013, cuando Peña Nieto la tranquilizó: «Rosario, no te preocupes», cuando fue señalada de usar programas sociales en supuestos desvíos con fines electorales.

Robles es el personaje de más alto nivel encarcelado por el caso, que involucra a varios de los principales colaboradores del expresidente Peña Nieto. Obvio que es el caso más destacado por tratarse de la protagonista de uno de los escándalos más grandes de corrupción del sexenio anterior, que llega a los tribunales. De acuerdo con el informe de Hallazgos 2018, de México Evalúa, vivimos en un país con el 96.1 por ciento de impunidad y en donde sólo 10 de 100 investigaciones federales llegan ante un juez y son vinculadas a proceso.

También es un logro que esta denuncia proceda no de una ocurrencia de la Fiscalía, sino de una seria investigación periodística realizada por Animal Político y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y de una denuncia interpuesta ante la hoy FGR por TOJIL y MCCI para valorar el trabajo periodístico y ciudadano que muestra un México harto y cansado de la impune corrupción.

Si la prisión es justa o injusta para Rosario, no deja de ser una medida cautelar justificada, aunque por el delito no la amerite de manera oficiosa, porque sí era atinado suponer que la imputada no sólo intentaría fugarse, sino que pudiera obstaculizar la investigación mediante la destrucción de evidencias, y el juzgador estimó que en el fondo del asunto, los cargos están bien definidos porque ella no advirtió de las anomalías y no avisó a su superior –Enrique Peña Nieto- de las anomalías o no las impidió como titular de la Sedesol.

Los hechos seguirán siendo investigados en los próximos dos meses en que la ex funcionaria estará tras las rejas, hasta documentar los actos de corrupción perfectamente maquinados por sus secuaces, con el objeto premeditado de malversar o desviar recursos públicos de dependencias federales y en el mejor escenario la Fiscalía logre probar más allá de toda duda razonable la culpabilidad de Rosario por lo que respecta al ejercicio indebido de funciones y que un tribunal de enjuiciamiento le imponga una sentencia condenatoria.

Con la mala imagen del sistema judicial mexicano, para algunos observadores se vislumbra un panorama menos favorecedor, en el que, como sucedió con Javier Duarte, la defensa y la Fiscalía lleguen a un acuerdo en el cual, a cambio de la declaración de culpabilidad por parte de Rosario, se le imponga la pena mínima de dos años a través del famoso proceso abreviado.

A estas alturas del partido, no sería aventurada esta hipótesis, ya que al decir de sus abogados, Rosario Robles sí informó al expresidente Peña Nieto y al exsecretario José Antonio Meade de las irregularidades detectadas en las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu). No obstante, ninguno de los dos procedieron a evitar el desfalco.

Con ese argumento, Robles busca refutar la acusación de la FGR de que fue omisa en informar a su superior jerárquico de las irregularidades en la Sedesol y la Sedatu. La defensa de Rosario Robles Berlanga agregó que cuando su clienta entregó la Sedesol a José Antonio Meade –en agosto de 2015–, también fue informado sobre el tema. Involucrando a sus jefes, Robles pretende salir avante. Sin embargo, en esta trama no estuvo sola.

Tres personas que trabajaron con ella de 2012 a 2018 —y cuyos testimonios fueron usados por la FGR desde la primera audiencia contra la funcionaria, mencionaron a Emilio Zebadúa como cómplice, pues acompañó a Robles en las dos dependencias como oficial mayor.

En su paso por las dos oficialías, Zebadúa fue el encargado del manejo de los recursos de la Sedesol y de la Sedatu y, por tanto, firmó los convenios de colaboración con universidades que fueron señalados de irregularidades. El exauditor superior de la Federación, Juan Manuel Portal, dijo que Zebadúa «era el que operaba todo, él sabía perfectamente y daba instrucciones de a quién entregarle el dinero».

El ejército de abogados que acompañó a Peña Nieto en los seis años anteriores está en la reserva del exmandatario para atender cualquier emergencia de ambos involucrados pues también el exgobernador Javier Duarte y Emilio Lozoya responsabilizan de sus delitos a su antiguo jefe, Peña Nieto.

El prófugo de la justicia Emilio Lozoya ha señalado a Peña como responsable de la compra de Agro Nitrogenados y Fertinal, junto con su abogado Javier Coello Trejo, quien afirma que su cliente actuó con la autorización del jefe del Ejecutivo y cuestionó en junio: «¿Quién es el que ordena en este país? El presidente de la República. No se mueve una sola hoja de un árbol si no lo ordena el presidente», dijo Coello Trejo durante una entrevista en Despierta con Loret.

El abogado Coello reiteró que todo lo que se movió en la empresa, incluidos los contratos, pasó por las manos del Consejo de administración, y evidentemente autorizado por el presidente. «Vamos acreditar también cómo se endeudo Pemex, porque el único que podía autorizar el endeudamiento de Pemex, era la Secretaría de Hacienda y el Congreso de la Nación».

El 26 de julio, el abogado de Lozoya contraatacó nuevamente al asegurar que su cliente difundirá pronto un video en el que contará cómo Pemex fue saqueada por Peña Nieto y Luis Videgaray. En entrevista para El Universal dijo que «ellos fueron los que saquearon a Pemex, no digo que se lo robaron, sino que se llevaron el dinero a la Secretaría de Hacienda».

Por lo que se refiere a Duarte, el 16 de julio se difundió un video en Imagen Noticias que cuenta que la detención de Javier Duarte, exgobernador que se declaró culpable de lavado de dinero y asociación delictuosa, fue pactada con el gobierno de Enrique Peña Nieto. El video mostró al ex gobernador veracruzano muy tranquilo el 15 de abril de 2017, día de su detención, informando que estaba en un hotel, que no lo habían detenido que se estaba entregando y que darían a conocer esto “como si hubiera sido sorprendido y detenido, pero estoy en total libertad».

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