Nigromante/José Vilchis Guerrero

El ambivalente Donald Trump, que en cuatro meses ha felicitado 34 veces al gobierno mexicano por haberse convertido en un muro para los migrantes centroamericanos y de otros países, critica al gobierno de Andrés Manuel porque no tiene estrategia en su lucha contra el narcotráfico. Ha sido un fracaso, dijo en agosto. Podría ser cierto por el fallido operativo para detener a Ovidio Guzmán López la semana pasada.

Con su complejo de gobernante de América, hace dos meses amenazó Trump al gobierno de Andrés Manuel López Obrador con «descertificar» a México por incumplir sus compromisos internacionales contra el narcotráfico e incluir así a este país en una lista que incluye de nuevo a Venezuela y Bolivia.

En un memorándum enviado al secretario de Estado, Mike Pompeo, Trump identificó 22 países, en su mayoría latinoamericanos y caribeños, como grandes productores o plataformas para el tráfico de drogas. Dice, palabras más o menos: 

«Necesitamos que el gobierno de México intensifique sus esfuerzos para aumentar la erradicación de la amapola, las incautaciones, los procesos judiciales y la confiscación de bienes», y exigió una «estrategia integral de control de drogas».

«En concreto –añadió–, la plena cooperación de México es esencial para reducir la producción de heroína y combatir la producción ilegal de fentanilo y todas las formas de narcotráfico, incluido a través de los puertos de entrada de Estados Unidos», sostuvo.

En una tibia respuesta, la Secretaría de Relaciones Exteriores publicó un comunicado en el que destaca que la producción, trasiego y distribución de estupefacientes requiere atención regional.

Durante su conferencia mañanera de este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró “de mal gusto” que el gobierno de Estados Unidos opine sobre la estrategia de su gobierno para combatir el crimen y pidió que se respete la soberanía del país.

Un día antes, Rich Glenn, subsecretario de Estado adjunto para asuntos de narcotráfico internacional de Estados Unidos, dijo que solo se logrará el progreso cuando México desarrolle y comparta una estrategia integral para enfrentar al crimen organizado. El gobierno estadounidense señaló el miércoles que no prevé que México progrese en su propósito a menos que los niveles más altos del gobierno mexicano demuestren un compromiso político.

Durante una audiencia en la Cámara de Representantes, Rich Glenn, subsecretario de Estado adjunto para asuntos de narcotráfico internacional, señaló  que únicamente se logrará progreso una vez que México desarrolle y comparta una estrategia integral para confrontar al crimen organizado internacional. La subsecretaria de Estado Kirsten Madison viajó hace dos semanas a México para discutir la necesidad de que el país desarrolle y comparta una estrategia con objetivos claros, indicó Glenn.

Al referirse al malogrado operativo de las fuerzas armadas en Culiacán, para detener a Ovidio Guzmán, quien fuera liberado luego de que los sicarios rodearon a los uniformados y tomaron como rehenes a sus familias y en cinco puntos de la ciudad amagaron con rafaguear a los ciudadanos si no liberaban al hijo de El Chapo Guzmán, dijo que los ataques de hombres armados obligaron al gobierno mexicano a ordenar al ejército que liberara al recién capturado.

“Lo sucedido la semana pasada nos resulta muy preocupante”, dijo Glenn en los comentarios más duros a la fecha por parte de Estados Unidos sobre el incidente. La mañana del jueves fue cuestionado en el palacio virreinal y López Obrador calificó así el señalamiento: “Sí hace falta la cooperación, pero con respeto a la soberanía de cada país. No deben funcionarios de otros países opinar sobre asuntos internos que solo corresponden a nuestro gobierno. Es hasta de mal gusto hacerlo”.

Soltó un golpe en su respuesta: “Imagínense que yo declare que está mal la estrategia que siguen en Estados Unidos porque permiten sin control la venta de armas que se introducen a México para causar la muerte de civiles. No es eso. Cada país tiene su independencia”. Pero hay una gran verdad. Mientras Estados Unidos exige a México reforzar su lucha antinarco, también es el principal proveedor de armas para los traficantes.

De las 201 mil pistolas, revólveres, rifles y escopetas que autoridades mexicanas han decomisado la última década, la mayor parte fue fabricada en EU o importada de manera legal a ese país. Estas armas de fuego se venden desde miles de establecimientos ubicados en las ciudades fronterizas de San Diego, Laredo, McAllen y El Paso, escenario de una reciente masacre contra hispanos que dejó 22 muertos.

Ese arsenal es el mismo que el crimen organizado usa en su disputa contra otros grupos delictivos y también contra las autoridades, lo que ha causado la mayor parte de las más de 250 mil muertes violentas ocurridas en los últimos 13 años en México, según una investigación de Excélsior. Entre 2008 y 2018, la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) recibió 201 mil 396 armas de fuego que autoridades mexicanas decomisaron en distintos ilícitos y las enviaron para análisis y cotejo. De ese total, 140 mil 185, es decir el 70%, son de manufactura estadunidense o fueron importadas desde ese país vía un permiso federal.

En agosto, luego de que Donald Trump condicionó a México la certificación antidrogas, la Cancillería respondió que el tema a atender en este sentido, es el trasiego ilegal de armas de norte a sur. En 11 años se han recuperado en el país más de 201 mil revólveres pistolas, escopetas, y rifles, entre otros.

Los cientos de miles de pistolas 9 mm, revólveres calibre 38, escopetas y rifles calibre .223, 7.62 y .50, con las cuales los cárteles de las drogas han elevado los índices de violencia en México desde diciembre de 2006, son comerciadas en miles de establecimientos (unos dicen seis mil 500, otros 12 mil) en San Diego, Laredo, McAllen y El Paso, escenario la semana pasada de una matanza con saldo de 22 muertos.

Del lado mexicano, las armas —cuyo punto de partida en la Unión Americana es Washington, Utah, Illinois, Georgia, Florida y Colorado— se redistribuyen desde Tijuana y Mexicali, Baja California; Nogales y San Luis Río Colorado, Sonora; Ciudad Juárez, Chihuahua; Acuña y Piedras Negras, Coahuila, y Nuevo Laredo, Miguel Alemán, Reynosa y Matamoros, Tamaulipas, según la investigación de Excélsior.

Pues bien, esos arsenales son los mismos que usan los sicarios de la delincuencia organizada en la disputa por territorios y mercados de la droga, así como contra las fuerzas gubernamentales en la llamada guerra contra el narcotráfico, que es negada por la 4T con el argumento de atacar las causas del crimen, pero son las armas que se utilizaron en las más de 250 mil muertes violentas de los últimos 13 años en México.

De acuerdo a información de la cancillería, el Centro Nacional de Localización (NTC por sus siglas en inglés) de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) ha recibido desde el 1 de enero de 2008 y hasta el 31 de diciembre de 2018 de parte de autoridades mexicanas para cotejar y analizar 201 mil 396 armas de fuego (pistolas, rifles y escopetas) recuperadas en hechos ilícitos. Lo que significa un promedio de 50 armas diarias.

Del armamento recuperado en México y comparado por la ATF, el resultado es que ocho de cada 10 de esas armas proceden de Estados Unidos, según muestran reportes de la ATF consultados por Excélsior. Y es que de esas 201 mil 396 pistolas, revólveres, rifles y escopetas, 140 mil 185, es decir 70% son de manufactura estadunidense o fueron importadas legalmente de ese país con un permiso federal.

La economía de Estados Unidos está basada en la comercialización de las armas, por eso está muy lejos la solución. Los muertos van a estar de este lado de la frontera.

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