De norte a sur/Guillermo Correa

En la lucha contra la corrupción se enfrentan los priistas

Obligado más por el temor a la derrota electoral del próximo año y de 2018, el gobierno priista de Enrique Peña Nieto lanzó ayer el anuncio velado de lo que les espera a los gobernadores de Veracruz, Quintana Roo y Chihuahua: El repudio a sus acciones por parte del Partido Revolucionario Institucional y de la clase gobernante que, tardíamente, se suman al de la sociedad en general, para, paso siguiente, castigarlos.

El objetivo es enviar el mensaje de que se va en serio contra la corrupción, pero no tan a fondo como se desea por parte de la mayoría de los gobernados. Así, se corre el riesgo de que el tiro se le salga por la culata a la actual administración, que de esta forma, provocaría el surgimiento de un nuevo show que busca entretener en lo que resta del sexenio.

Por lo pronto, la Procuraduría General de la República –con el aval de la Presidencia de las República– acusó de “inconstitucionales” los hechos recientes de los gobiernos y congresos locales de los estados sureños que en nombre de la anticorrupción aprobaron recientemente leyes para dar impunidad a Javier Duarte y a Roberto Borge Angulo, quienes durante sus mandatos, se ha denunciado, se dedicaron a robar, golpear y a empobrecer a la mayor parte de los pobladores de las entidades que todavía dicen gobernar.

En este sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, será la que, entre otras determinaciones, advierta que esos gobiernos y legisladores, dominados por los del PRI, carecen de facultades para crear supuestos Sistemas Locales Anticorrupción, adelantándose a las leyes generales correspondientes. Tampoco pueden, dijo la parte acusadora, hacer nombramientos de funcionarios. A los gobernadores mencionados se agregó, de última hora y por pregunta de reporteros, al de Chihuahua, César Duarte Jácques, señalado de pretender lo mismo: impunidad.

Por ello, los voceros presidenciales dejaron en claro que en las demandas que se presenten en contra de cualquier gobernador por casos de corrupción, la PGR agotará todas y cada una de las líneas de investigación.

Por algo se comienza, dirán algunos. Otros, ingenuos, celebran ya que el PRI-Gobierno va ahora sí contra los priistas corruptos y los legisladores locales, o no, que sólo obedecen las órdenes del feudal en turno. No hay que olvidar que la todavía dirigente nacional del PRI, Beatriz Mojica Morga, se pronunció hace unos días por el juicio político a Javier Duarte de Ochoa, el gobernador Veracruzano.

Pero lo cierto es que, en el combate a la corrupción, faltan muchos por señalar y que no todos serán castigados, aunque hayan hecho igual o mayor daño al PRI que está en riesgo de perder las presidenciales de 2018.

De acuerdo con el reciente libro La Corrupción en México; percepciones, prácticas y sentido ético, publicado por la UNAM y comentado por el senador Daniel Gabriel Ávila Ruíz, ese mal es el segundo de los tres problemas más graves en el país, por encima del narcotráfico y debajo de la inseguridad.

En realidad, todos los mexicanos “la hemos sufrido; conocemos cuántas veces y quiénes la cometen, cuánto ha costado a familias, conocidos y personas”. Según los resultados de la Encuesta de Corrupción y Cultura de la Legalidad de 2015, el 73.9 por ciento de los consultados sostiene que es en el sector público donde más se presenta, y casi la mitad asegura que es en los niveles altos de autoridades y funcionarios públicos en los que más se práctica. Lo peor es que el 75.1 por ciento de los entrevistados por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM dijo en su momento no conocer ninguna campaña anticorrupción.

El senador panista aludido destaca que Hugo Concha Cantú sostiene en La Corrupción en México que, para la sociedad mexicana, “la corrupción se entiende y simultáneamente se confunde, se critica, pero se práctica, se rechaza, pero se justifica”. Prueba de ello fue, por citar sólo un ejemplo, el empeño del expresidente Miguel de la Madrid Hurtado por la Renovación Moral de la Sociedad que, como observamos ahora, fue infructuoso hasta en el propio partido que lo postuló.

También se debe recordar, como lo hizo la revista Proceso en septiembre pasado, que en el tercer año de la administración de Enrique Peña Nieto se exhibieron los mayores escándalos de corrupción como la Casa Blanca, Malinalco, OHL, Ixtapan de la Sal, y muchos más.

En las propias palabras presidenciales se reconoce que la corrupción en México es un problema estructural que entre todos debemos enfrentar. Y a pesar de los esfuerzos emprendidos en las últimas décadas, la percepción sobre este no ha mejorado en nuestro país. En el Índice de Percepción de la Corrupción de 2014 que publicó Transparencia Internacional, México obtuvo una calificación de apenas 35 en una escala de 0 a 100; es, prácticamente, la misma calificación que ha tenido durante las últimas dos décadas.

[email protected]