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CIUDAD DE MÉXICO, 5 de febrero de 2020.- Asumiendo un diagnóstico institucional en negativo, la Fiscalía General de la República señaló una inadecuada estructura para efectuar tareas de investigación efectiva, pues la otrora PGR no operaba en muchos casos bajo el apego idóneo al Sistema de Justicia Penal Adversarial, en términos de la escasa alineación que existía con el Código Nacional de Procedimientos Penales.
En otras palabras, la FGR subrayó que el nuevo modelo de justicia se contrapone con la limitada capacidad de litigación, de persecución y de investigación –especialmente en delitos de alta complejidad–, así como de la ineficiente gestión de asuntos de menor complejidad y mayor volumen, lo que se traduce en una falta de visión sistémica, así como una inadecuada vinculación de casos.
En un documento remitido al Senado de la República sobre el Plan Estratégico de Transición, la FGR indica que para generar un cambio en la forma de indagar, uno de los aspectos a reducir son los trámites y actividades que no son de carácter sustantivo en relación con la función de investigación.
A un año del nombramiento del primer Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, el oficio enlista algunos aspectos que deben ser reconsiderados debido a que impedirían concretar la aspiración de diseñar e instalar la Institución que, con autonomía constitucional, cumpla con su misión y vocación:
Perseguir ante los tribunales, los delitos del orden federal; presentar las pruebas que acrediten la participación de éstos en hechos que las leyes señalen como delito; procurar que los juicios federales en materia penal se sigan con toda regularidad para que a impartición de justicia sea pronta y expedita; así como pedir la aplicación de las penas que correspondan.
El documento de la Fiscalía establece la necesidad de generar nuevos esquemas de trabajo armonizados con un modelo normativo idóneo, práctico y operable en términos del nuevo diseño institucional, el cual a su vez deberá contar con la plataforma tecnológica que soporte los procesos sustantivos y de análisis de información que requieren los Agentes del Ministerio Público Federal, tanto en áreas centrales y delegaciones estatales.
Actualmente, justifica que la estructura, granularidad y mala calidad de los datos complica su intercambio y procesamiento, ocasionando que la información no sea del todo fidedigna, así como establecer esquemas de evaluación del desempeño individualizado de los operadores del sistema.
En materia de averiguaciones previas, la FGR advierte de un gran rezago histórico conocido como el viejo sistema, en el que deberá implementarse un inventario para aplicar un plan de reducción que integre aquellas carpetas de investigación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio que lleven más de un año de retraso.
“Se ha identificado de igual forma un alto nivel de ineficiencia en la procuración de justicia, la falta de priorización en los delitos considerados de alto impacto evidencia La carencia institucional en la comprensión de los mercados criminales que hoy en día afectan al país, así como un plan estratégico de persecución penal de coordinación y transparencia en la propia persecución de los delitos”, reza el oficio publicado en la Gaceta del Senado.
También advierte que uno de los mayores problemas detectados en la extinta PGR fue la falta de claridad acerca de las normas vigentes, al contar con un sinfín de disposiciones reglamentarias, interpretativas, orgánicas y administrativas, Protocolos, Lineamientos y Guías de actuación, que generaron confusión y prácticas informales en los procedimientos, por lo que una transformación real implica por ende un rediseño normativo e integral de la institución.
La FGR plantea la necesidad de un Plan de Persecución Penal que sea operable, efectivo y de claridad y conjuntar sus esfuerzos para combatir los fenómenos criminales de mayor envergadura, actualmente cuenta con un Plan de Persecución Penal Provisional, lo que ha sido una limitante constante en el haber de la persecución penal durante muchos años.