Ológrafo/Víctor Manuel Juárez

No es una violencia la que daña profundamente el país.

Los estudiosos de las ciencias sociales apuntan a que no es una violencia, sino varias y distintas violencias las que desmoronan al país y erosionan a las instituciones. Estas van desde la doméstica, las de género hasta las matanzas y enfrentamientos entre las poderosas bandas de narcotraficantes que mantienen en jaque a amplias zonas del territorio Nacional. A nombrar: Tamaulipas donde son frecuentes los enfrentamientos entre los bandos que se disputan los territorios, así como los encuentros contra las Fuerzas Armadas. El llamado foco rojo se enciende en aquella entidad todos los días. Guerrero en dónde aparecen ejecutados, desmembrados y decapitados casi todos los días. Michoacán, Veracruz, Chihuahua y otras entidades se suman a la geografía del horror, el crimen y la violencia.

Enumerar los hechos delictivos es largo, pues cada día aparecen nuevos fenómenos de descomposición y formas criminales, como son los huachicoleros o chupadores de hidrocarburos. Me centraré, pues, en lo más cercano y en lo que más me duele: la muerte, desaparición, secuestros y amenazas constantes contra mi gremio: el de los periodistas que en los últimos días ha visto caer a dos de sus exponentes ejemplares, como lo fueron Miroslava y Javier, reporteros dedicados a indagar cuestiones del narcotráfico y la colusión de estos con funcionarios públicos, de las áreas policiacas.

De igual manera en esta guerra no declarada y que se extiende desde el año 2000 a la fecha han sido muertos 126 de periodistas, por sus indagaciones en temas delictivos  y por  ubicarse en zonas de alto riesgo para su ejercicio profesional. Su muerte nos duele e indigna a todos y parecería que sólo afecta al gremio. Empero, su dolorosa partida a manos de sicarios del narcotráfico afecta a toda la sociedad que se ha mostrado insensible. No obstante han salido algunas –muy pocas, por cierto– manifestaciones de apoyo a los periodistas, también poco a poco la solidaridad gremial se ha externado y empieza a extenderse. Ojalá nos alcance la indignación para ver resultados. Lo dudo.

Tan sólo este miércoles se publicó en diversos diarios una carta abierta suscrita por los mismos medios de comunicación exigiendo un ¡ya basta!  Y más acciones de los omisos encargados de la ley y la justicia en el país, demandando el esclarecimiento y castigo a los asesinos de periodistas. En el documento se pronuncian porque la que la manifestación de las ideas no sea objeto de ninguna inquisición como principio irrenunciable de la libertad de expresión y del ejercicio periodístico.

Difundido profusamente por los medios firmantes, sólo me queda decir que lo suscribo a plenitud y me sumo a la demanda.

Contra mi escepticismo sobre los resultados prometidos por el gobierno federal que encabeza Peña Nieto y de que no los veremos ni al mediano ni al corto plazo y de que la sociedad civil nos ha dejado solos y les valemos absolutamente madres, resulta bienvenida la postura de la comunidad universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, que ha sido la primera en levantar la mano y solidarizarse con el gremio. Por la importancia que tiene para mí la postura de los académicos de las ciencias de la comunicación reproduzco en mi espacio algunas de sus argumentos fundamentales, con la esperanza de que el clamor contra las violencias crezca y sean frenadas las espirales del miedo.

Dicen:

“Como académicos de la Máxima Casa de Estudios, no debemos permanecer indiferentes a esta tragedia (la violencia) que afecta no sólo a los periodistas sino a todos los ciudadanos que vemos año tras año mermados nuestros Derechos Humanos y nuestra seguridad, ante la pasividad cómplice y ominosa de quien debía velar por salvaguardarlos”.

Exigen al gobierno federal, a los gobernadores y a los diversos procuradores de justicia, tanto federal como estatales, que “sean responsables y cumplan con las funciones que de sus puestos emanan”. Advierten que al momento el 99.5 por ciento de los más de cien asesinatos de periodistas han quedado impunes por medidas poco eficaces para su esclarecimiento.

No queremos –dicen y me sumo en mi carácter de reportero-reportero– que la cifra de 126 periodistas caídos en el ejercicio de su deber siga creciendo. Y advierten que la tragedia del binomio inseguridad-impunidad afecta a todos los ciudadanos del país por igual y merma sus derechos humanos.

La misiva a los tres niveles de gobierno es contundente y amplia, me di a la tarea de enviarla a diversos medios en espera sea tomada en cuenta, quedo a la espera de que éste clamor sea escuchado por los mismos medios y por quienes deben cuidarnos y protegernos contra la delincuencia. Me sumo a las exigencias de los académicos de mi Facultad.

Ni un periodista más acallado por las balas de sicarios, ni un ciudadano vulnerado en sus derechos. El agravio para los connacionales es grande y grandes y contundentes deben ser las respuestas de quienes están ahí para proteger y brindar seguridad a quienes habitamos a lo largo del territorio nacional.

Resulta ya obvio decir que matar periodistas es atentar contra la libertad de expresión y prensa, además de ser atentatorio contra la democracia, pero así es. Matar al mensajero para provocar miedo y parálisis es el objetivo de estas atroces acciones de los hombres malos. Por Miroslava, Javier y los más de cien caídos ni un paso atrás, ni silencio.