Llama Ombudsman a visión humanitaria en políticas migratorias

CIUDAD DE MÉXICO, 20 de septiembre de 2018.- Además de asumir el rol de contrapeso de los gobiernos de América Latina, las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (INDH) deben observar que se aplique una política migratoria con perspectiva humanitaria y llevar a cabo una labor de concientización y sensibilización en la sociedad respecto de los riesgos que enfrentan las personas en contexto de movilidad, ya que con frecuencia son víctimas de rechazo e indiferencia, discriminación y xenofobia, manifestó el Ombudsperson nacional mexicano, Luis Raúl González Pérez.

De acuerdo a un comunicado de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), más allá de reproches, comentó, debe prevalecer el diálogo constructivo que posibilite a esa población la protección más efectiva de sus derechos fundamentales, toda vez que el principal reto en esta materia es cerrar la brecha existente entre lo que dictan las leyes y tratados internacionales en materia migratoria y lo que millones de personas en esta situación viven día a día. Añadió que, para ello, la Agenda 2030 de la ONU es la hoja de ruta a seguir.

Al participar en  la conferencia de prensa conjunta con los Ombudsperson de la región andina, en que dieron a conocer la Declaración Conjunta de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos sobre la Protección de los Derechos de las Personas Venezolanas en Movilidad Humana, señaló que las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (INDH) deben ejecutar acciones en favor de las personas que, por causas asociadas a la violencia, inseguridad y pobreza, han dejado sus lugares de origen y se encuentran en contexto de movilidad, así como la defensa de su dignidad.

Dijo que el primer paso para resolver la crisis de derechos humanos que atraviesan las personas en movilidad humana es reconocerla y, posteriormente, sumar voluntades y diseñar estrategias que faciliten su atención e integración en otras naciones, y explicó que su participación en este Foro Regional tuvo como objetivo compartir la experiencia del caso mexicano, ya que México es país de origen, tránsito, destino y retorno de personas migrantes.

Al presentar la Declaración Conjunta, los Ombudsperson de México, la Región Andina y Brasil se pronunciaron porque los Estados nacionales de esa zona faciliten los procesos de ingreso y regularización migratoria de las personas venezolanas en contexto migratorio, así como respetar sus derechos de asilo y refugio, además de que puedan acceder a procesos de determinación de la condición de refugiado que sean justos y eficaces, con respeto a los instrumentos internacionales en la materia.

Asimismo, solicitaron a los Gobiernos nacionales de la región respetar las acciones que emprendan las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (INDH) para promover y proteger los derechos fundamentales de esas personas, así como ajustar el diseño e implementación de sus normas internas y política migratoria con base en los convenios y tratados ratificados en materia de movilidad humana, asilo, refugio, apatrídia, trata y tráfico de migrantes.

Llamaron a considerar la diversidad poblacional de flujo migratorio de ese país para adoptar medidas de protección específicas dirigidas a niñas, niños y adolescentes en particular los no acompañados, personas mayores y con discapacidad, mujeres, grupos étnicos u otros que puedan presentar condiciones de vulnerabilidad a sus derechos fundamentales.

Propusieron que se adopten medidas eficaces para prevenir que las personas venezolanas en contexto migratorio sean víctimas de trata y tráfico de migrantes, así como lograr la identificación de quienes ya han sido víctimas, garantizar su protección y atención, además de evitarles medidas restrictivas o de criminalización de la movilidad con fundamento en la prevención, investigación y sanción de esos delitos.

Tras exponer la importancia de implementar y apoyar acciones de convivencia social y que erradiquen discriminación contra las personas originarias de Venezuela en movilidad humana, también demandaron diseñar e implementar políticas públicas para que hagan efectivos sus derechos a la educación, salud, trabajo y seguridad social en igualdad de condiciones entre nacionales y no nacionales, evitando toda forma de exclusión, restricción, explotación o abuso.

Para los Ombudsperson de México, Ecuador, Colombia, Perú, Bolivia y Brasil la población en movilidad debe tener garantizado el acceso efectivo de derecho a la información con miras a propiciar procesos informados de tránsito y permanencia migratoria, reconocimiento de derechos, cumplimiento de deberes, empatía, solidaridad y convivencia armónica.

Igualmente, expresaron su rechazo a cualquier expresión de violencia, reafirmaron el principio de no intervención armada y demandaron promover el diálogo entre los países para que en el marco del respeto a la democracia y los derechos humanos busquen soluciones pacíficas y estructurales para reducir los factores que originan la migración forzada en la región y en particular desde Venezuela.

González Perez compartió la conferencia de prensa con la Defensora del Pueblo de Ecuador, Gina Benavídez; Defensor del Pueblo de Colombia, Carlos Negret; Primera Adjunta al Defensor del Pueblo de Perú, Eugenia Fernán Zegarra; Defensor del Pueblo de Bolivia, David Tezanos Pinto, y Procurador Federal de los Derechos del Ciudadano Adjunto de Brasil, Domingos Sávio Dresch da Silveira.

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