Oraciones a San Lázaro

La palabra prohibida. Y la institucionalización de la censura.

Al PRI le recordaron una vieja lección del poder, una que ejercieron con mano de hierro durante décadas: quien controla la ley no necesita ganar el debate; y puede decidir quién puede hablar, quién puede transmitir, qué pueden decir o no, y, en el peor de los casos, quién puede desaparecer del espectro de la telecomunicación e incluso de redes sociales.

La llamada Ley Mordaza está en su periodo de “análisis y discusión en foros abiertos”, un mes para que dueños de medios, expertos y protagonistas en la materia hagan catarsis sobre un texto firmado y decidido.

Porque en política existe una tentación permanente, confundir tener la mayoría con poseer la unanimidad. Y cuando eso ocurre, toda crítica parece una agresión; toda pregunta, una conspiración; toda discrepancia, un acto de deslealtad. Y toda legislación se vuelve imposición.

Entonces aparecen leyes que prometen proteger a la sociedad. Y terminan protegiendo al gobierno.

La nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión llegó envuelta en un discurso impecable. Combatir la desinformación. Proteger a las audiencias. Ordenar el espectro radioeléctrico. Garantizar la soberanía digital. ¿Quién podría oponerse a semejantes propósitos?

El problema nunca ha sido el discurso.

El problema siempre aparece cuando la ley deja abiertas las puertas para que un gobierno, cualquiera que sea su color, decida hasta dónde termina la regulación y dónde comienza el control.

Por eso la oposición bautizó la reforma como "Ley Mordaza". Morena respondió que el calificativo es una mentira y que nadie pretende censurar a los medios ni a las plataformas digitales.

El oficialismo sostiene que las disposiciones buscan actualizar un marco legal rezagado y fortalecer la rectoría del Estado en un sector estratégico. Sus críticos advierten que la concentración de facultades en nuevas autoridades regulatorias y las sanciones previstas podrían afectar la libertad de expresión si se aplican sin contrapesos suficientes.

Las buenas instituciones no se construyen pensando en los amigos del poder, sino en sus futuros adversarios.

La historia mexicana está llena de ejemplos.

Hubo una "Ley Televisa" que concentró privilegios.

Hubo un IFT que nació como órgano autónomo para impedir que el gobierno regulara a discreción a los concesionarios.

Y ahora, en nombre de la simplificación institucional, desaparecen viejos contrapesos mientras el Estado recupera facultades que durante años estuvieron repartidas entre organismos especializados. Para sus defensores, es una manera de hacer más eficiente la regulación; para sus detractores, implica una mayor concentración de poder en el Ejecutivo.

No hace falta cerrar periódicos, estaciones o plataformas para limitar la libertad.

A veces basta con que los medios, las plataformas o los concesionarios comiencen a preguntarse si vale la pena incomodar al poder cuando una interpretación administrativa puede convertirse en sanción.

La autocensura nunca llega anunciándose, se instala poco a poco, empieza como prudencia, después se vuelve costumbre. Y termina convirtiéndose en silencio.

San Lázaro debería recordar que la libertad de expresión no protege únicamente las opiniones agradables.

También protege las incómodas. Las exageradas. Las equivocadas. Las que molestan al gobierno.

Porque cuando una autoridad adquiere la capacidad de decidir qué información merece circular y cuál debe corregirse desde el poder, la frontera entre regulación y censura deja de ser jurídica.

Se vuelve política.

Y las decisiones políticas casi siempre cambian con el gobierno de turno.

Hoy Morena asegura que jamás utilizaría esas herramientas para callar voces críticas.

Es posible.

Pero las leyes sobreviven a los gobiernos.

Por lo pronto, el Instituto Nacional Electoral demostró que la Ley Mordaza será un anexo a lo que ya está preparado, al menos en materia electoral, para los próximos años, y ese órgano colegiado, garante de la democracia, decidió que Alejandro "Alito" Moreno no puede llamar "narcopartido" a Morena.

La Comisión de Quejas y Denuncias le ordenó retirar publicaciones y abstenerse de utilizar expresiones que vinculen al partido gobernante con el narcotráfico mientras se resuelve el fondo de las denuncias. La medida cautelar no resuelve si la acusación es verdadera o falsa; simplemente establece un límite temporal al discurso político.

El INE, además, dio curso a una solicitud de Morena para revisar y censurar las redes sociales del diputado federal Rubén Moreira Valdez, coordinador de los legisladores de su partido.

La reacción fue inmediata. Alito respondió que impugnará la resolución y sostuvo que no dejará de denunciar lo que considera un problema nacional.

Rubén Moreira fue más allá. El coordinador priista insistió en diversos foros que el crimen organizado busca influir en elecciones y gobiernos, y que la democracia mexicana enfrenta un riesgo creciente cuando la violencia y el dinero ilegal penetran la política.

El debate, sin embargo, ya no gira únicamente alrededor de Morena o del PRI. La verdadera discusión es otra: ¿hasta dónde puede llegar el lenguaje político sin convertirse en propaganda ilícita o en una imputación sin sustento judicial? Y con una ya inexistente línea entre lo judicial y lo político ¿hasta donde llegará un INE a todas luces parcial y carente de la confianza ciudadana?

La paradoja resulta inevitable. En México abundan las investigaciones abiertas, los señalamientos internacionales, los procesos judiciales y las sospechas públicas contra personajes de prácticamente todos los partidos. Cada semana aparecen nuevas denuncias, filtraciones o expedientes. Sin embargo, cuando la discusión toca directamente al partido en el poder, el árbitro electoral termina convertido en árbitro del vocabulario.

Cuando una autoridad comienza a determinar qué palabra puede pronunciar un político y cuál debe desaparecer del debate, inevitablemente se abre una discusión mucho más amplia que una simple medida cautelar. La frontera entre proteger derechos y limitar el debate público nunca ha sido sencilla.

No se trata de defender el insulto como método de hacer política. Tampoco de validar etiquetas que no han sido acreditadas por un tribunal. Se trata de preguntarnos si el remedio puede terminar siendo más delicado que la enfermedad. Porque las palabras prohibidas suelen adquirir una fuerza que jamás habrían tenido por sí mismas.

La historia política está llena de ejemplos donde intentar silenciar una expresión sólo consiguió multiplicarla. La censura casi nunca elimina una idea; generalmente la convierte en bandera.

Los legisladores y políticos en general seguirán encontrando nuevas formas de decir lo que ya no pueden decir literalmente. Cambiarán los adjetivos, inventarán metáforas, recurrirán a insinuaciones o simplemente dejarán que la imaginación del ciudadano complete la frase.

Mientras tanto, Morena celebra la decisión del INE como un freno a lo que considera desinformación y guerra sucia. La oposición denuncia censura y un trato desigual en el debate público.

Y quizá esa sea la mayor ironía de todas: cuando un país comienza a discutir qué adjetivo puede pronunciar un diputado, senador, o líder político, ahí viene una Ley que dejará mudos a todos, y el problema ya no es el diccionario, sino la confianza pública.

Por eso la pregunta que debería hacerse cualquier legislador no es si confía en el gobierno actual.

La verdadera pregunta es mucho más incómoda.

¿Confiaría en que esa misma ley estuviera mañana en manos de su peor adversario político?

Si la respuesta es no, entonces quizá la discusión nunca fue sobre telecomunicaciones o narcogobiernos, fue y es sobre el poder.

Y el poder, como las frecuencias del espectro, siempre busca ampliar su cobertura.