Otro país/Tomás Tenorio Galindo

¿Apaga López Obrador el caso Ayotzinapa?

En sentido opuesto al frenesí que muestra en la gestión de muchos otros asuntos, en el caso Ayotzinapa el ahora presidente López Obrador exhibe una morosidad que desentona y pone en entredicho el compromiso que hizo con los padres el año pasado durante su campaña.

Más todavía, si hay un tema en el que sin temor a un reclamo legalista podría el Presidente aplicar su muy discutible criterio de que la justicia está por encima de la ley, es éste. Pero ni con la ley ni con la justicia: a cinco meses de haber comenzado el nuevo gobierno, el caso Ayotzinapa está hoy empantanado, paralizado, sometido a un tortuguismo disfrazado de formalismo.

Desde diciembre, cuando se creó la Comisión de la Verdad para el caso con participación de los padres de los estudiantes desaparecidos, las únicas noticias sobre este trágico episodio se refieren a las decenas de reuniones realizadas para integrar el entorno formal de la investigación. Hasta este mes se han realizado cuatro sesiones de la Comisión de la Verdad, y muchas más de ésta con otras instancias del país e internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la ONU.

Pero por motivos no explicados, hasta ahora no ha sido cumplido un compromiso fundamental que no está sujeto más que a la voluntad de las autoridades, que es el nombramiento de un fiscal especial en la Fiscalía General de la República. En rigor no es indispensable la creación de una fiscalía especial para continuar la investigación, que sin más habría podido ser retomada por el fiscal Alejandro Gertz Manero. Ni siquiera la Comisión de la Verdad sería necesaria, o el acompañamiento de organismos internacionales, pues bastaría con que la Fiscalía General cumpliera con sus obligaciones y que el Ejecutivo la respaldara mostrando en los hechos la voluntad política que en el plano declarativo ha reiterado una y otra vez.

Hace quince días la Secretaría de Gobernación informó que la próxima tarea de la Comisión de la Verdad será crear un grupo para la búsqueda de los 43 estudiantes desaparecidos, pero no informó nada en lo que respecta al nombramiento del fiscal especial, que es la figura central en el entramado que el gobierno ha diseñado para enfrentar el reto de esclarecer definitivamente el caso Ayotzinapa.

Lo cierto es que cinco meses de inmovilidad en lo que a hechos, avances y resultados prácticos se refiere, sugieren la existencia de un cambio en la intención presidencial. Algo ha pasado desde que, en la campaña, López Obrador hizo a los padres la promesa de justicia. Cinco meses después de haber tomado posesión de la Presidencia, López Obrador ya no parece conservar la misma actitud, ni pensar lo mismo, si consideramos la desaceleración que se observa en el desarrollo del caso.

El factor que está detrás de esa desaceleración podría ser el Ejército. Mejor dicho, la alianza establecida por López Obrador con los militares para enfrentar el problema de la violencia en el país. El proceso de creación de la Guardia Nacional mostró el cambio de ánimo del presidente y la profundidad de su alianza con los militares, algo que en la campaña se habría creído inimaginable.

De acuerdo con los padres de los normalistas desaparecidos, investigar a los militares es la primera línea que la Comisión de la Verdad decidió seguir, como informó el vocero Felipe de la Cruz el 18 de abril en Tecpan, Guerrero. Pero en estas circunstancias resulta improbable que el presidente López Obrador –como en su momento Enrique Peña Nieto— acceda a investigar la participación de los militares en los hechos del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, ya sea por su intervención directa si la hubo, o por su pasividad ante el sacrificio de los normalistas.

Existe consenso sobre la manipulación a que fue sometida la investigación mediante la llamada “verdad histórica”, cuya finalidad fue centrar la explicación de los acontecimientos en el fuego del basurero de Cocula, y constreñir las responsabilidades de los hechos al ex alcalde de Iguala, su esposa, algunos policías municipales y el grupo delictivo Guerreros Unidos, dejando fuera de la investigación el papel que jugaron aquella noche el 27 Batallón de Infantería, la Policía Federal e incluso el mismo ex gobernador Ángel Aguirre Rivero. De todo ello se hizo cargo López Obrador en su campaña e incluso en los primeros días de su mandato. Por eso es incomprensible el retraso en el nombramiento del fiscal especial, y el paulatino apagón que sufre el caso en manos de su gobierno.