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Foto: Leo Casas/Quadratín México

Periodistas y defensores denuncian espionaje ante PGR

Redacción/Quadratín México
 
| 19 de Junio de 2017 | 16:26
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CIUDAD DE MÉXICO, 19 de junio de 2017.- Ante el presunto espionaje a periodistas y defensores de los derechos humanos por parte del gobierno federal, revelado este lunes por New York Times (NYT), los afectados presentaron una denuncia formal ante la Procuraduría General de la República (PGR).

Además, han sido solicitadas medidas cautelares a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y han sido informados distintos organismos internacionales de protección de derechos humanos.

El día de hoy The New York Times reveló que el gobierno mexicano ha espiado de manera ilegal a defensores de derechos humanos, activistas y periodistas, que han trabajado temas de corrupción y/o violaciones graves a derechos humanos, entre los que destacan: Ayotzinapa, Tlatlaya, Atenco, Casa Blanca de EPN, Tanhuato, Ley 3 de 3 y Panamá Papers.

En conferencia de prensa, en la que participaron la periodista Carmen Aristegui; Salvador Camarena, director de Mexicanos Contra la Corrupción; Juan Manuel Casanueva, director de SocialTIC; Luis Fernando García, director de R3D; Juan Pardinas, director de IMCO; Mario Patrón, director de Centro ProDH; John-Scott Railton, investigador de Citizen Lab y Ana Ruelas, directora de ARTICLE 19, advirtieron que estos nuevos casos no son aislados sino que apuntan a la existencia de una política de hostigamiento sistemático a defensores de derechos humanos, periodistas y activistas anticorrupción.

La investigación, recogida por el diario New York Times, demuestra el uso de malware altamente sofisticado y comercializado exclusivamente a gobiernos, con el objetivo de espiar los teléfonos móviles de defensores de derechos humanos, periodistas y activistas anticorrupción.

Según reportes del New York Times (NYT), cada licencia de infección tendría un costo alrededor de $77,000.00 dólares americanos (o cerca de un millón cuatrocientos mil pesos provenientes del erario público).

El principal método de infección documentado tanto por Citizen Lab como por las organizaciones consiste en el envío de mensajes SMS con enlaces que, al ser accedidos, provocan la instalación inadvertida del software malicioso8. Estos casos de vigilancia a los activistas por el derecho a la salud constituyeron un detonante para que la sociedad civil mexicana en el proceso de la Alianza para el Gobierno Abierto se retirara se retirara del mecanismo de co-construcción con el Gobierno Federal y el INAI.

Según la investigación de Citizen Lab, la mayoría de los nombres de dominio de la infraestructura de NSO se encuentran vinculados a México, lo cual, en conjunto con otras evidencias presentadas en esta nueva investigación, reafirma que autoridades mexicanas, como la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Procuraduría General de la República (PGR) y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), son clientes de NSO y que personas en México han sido objetivos de esta forma de vigilancia.

“Por lo tanto, rechazamos este nuevo ataque en contra de la sociedad civil, exigimos rendición de cuentas por parte del Gobierno mexicano sobre el uso de malware para realizar espionaje, la apertura de investigaciones independientes, exhaustivas y transparentes, así como sanciones contra los responsables que, mediante el abuso del poder, han decidido vulnerar ilegalmente la privacidad de estos actores sociales; así mismo exigimos las reformas legales necesarias para regular las facultades de vigilancia del Estado de conformidad con los parámetros de derechos humanos y garantizando la rendición de cuentas”.

Reiteraron que el espionaje en México se ha convertido en un mecanismo efectivo de intimidación a defensores de derechos humanos, activistas y periodistas.

Señalaron que ante los hechos revelados en esta nueva investigación, el gobierno mexicano debe rendir cuentas a la sociedad sobre el uso indiscriminado y arbitrario de métodos de espionaje y explicar el uso de la información que obtuvieron, así como realizar las investigaciones que lleven a la sanción de los responsables de tales actos.

Los casos AQUÍ