Persecución de oficio: otro frente antiextorsión

@guerrerochipres

La reforma para perseguir de oficio la extorsión marca uno de los avances más relevantes en materia de seguridad pública. Aunque no elimina de golpe el delito, sí cambia el punto de partida con el cual se enfrenta.

Por primera vez, el andamiaje legal deja de colocar el peso de la acción en las víctimas y traslada la acción a las autoridades. La Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión crea un escenario bajo el cual denunciar deja de ser un acto solitario y peligroso y se convierte en puerta abierta para que la autoridad actúe aun sin la participación directa de quien sufrió la amenaza.

El cambio es significativo porque reconoce que la mayoría de las víctimas de extorsión no denuncia. El miedo, generalmente, inhibe la acción, y esa ha sido parte de la estructura por la cual miles de casos quedan fuera del radar institucional. Desde el 2024, el C5 capitalino ha recibido 29 mil 232 reportes de extorsión a través del 089 y la Línea Antiextorsión 55 5036 3301.

La literatura criminológica siempre ha señalado que disminuir un delito requiere alterar la ecuación costo-beneficio que perciben los agresores. Si las sanciones son bajas y la probabilidad de castigo es mínima, el delito se vuelve atractivo. Con penas que ahora van de 15 a 25 años, y hasta 42 años en caso de agravantes, el mensaje cambia. Incrementa la percepción de riesgo entre los extorsionadores al mismo tiempo que protege emocionalmente a las víctimas.

Un enfoque positivo no implica ignorar la magnitud del problema, sino reconocer que existen mejores herramientas para enfrentarlo. La incorporación de la extorsión a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum, permite intervenciones más profundas, análisis de redes y seguimiento de patrones. La autorización judicial para intervenir comunicaciones fortalece la capacidad investigativa. Y la imposición de penas para funcionarios que omitan denunciar, que van de 10 a 20 años, advierte que la omisión institucional también tiene consecuencias.

La experiencia de la Ciudad de México ilustra el potencial de esta nueva orientación. Bajo la conducción de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, los mecanismos de atención se han fortalecido. La Línea Antiextorsión —55 5036 3301— se ha consolidado como un espacio de asesoría especializada que acompaña emocional y técnicamente a quienes enfrentan amenazas.

El dato más alentador es que el 88 por ciento de las llamadas atendidas se refieren a tentativas.

La persecución de oficio no resuelve por sí misma el problema, pero es una decisión que reconoce la complejidad del fenómeno, reduce la carga sobre las víctimas y aumenta la capacidad estatal de respuesta.