PERSPECTIVAS: Sociedad mexicana dividida

Tal y como estaba previsto, la decisión de liberar a la francesa Florence Cassez ha dividido a la sociedad mexicana. Y las razones son más que obvias.

La Suprema Corte ha dado valor a lo que se conoce como debido proceso, y ha mostrado a las claras que no se puede violar la ley para, presuntamente, hacer cumplir la ley.

Pero son muchos los mexicanos que sienten que no se hizo justicia. Es más, señalan que en el país lo que se ha privilegiado es la impunidad. Y no sólo de los secuestradores, en el supuesto de que la señora Cassez fuera culpable.

Ante esta situación, el presidente Enrique Peña, ha girado instrucciones a las instancias correspondientes para que no se registren más casos como el de la francesa. Se quiere, dijo el titular del Ejecutivo Federal, que se consolide el estado de derecho.

Pero al mismo tiempo, de parte de las autoridades, no hay indicios de que se piense actuar en contra de quienes, al violar los derechos de la señora Cassez y fabricar pruebas, son los verdaderos responsables de que las víctimas de los secuestradores se conviertan nuevamente, en víctimas al no recibir la justicia demandada.

La realidad es sencilla, por más que el tema sea verdaderamente complicado.

Las autoridades encabezadas por Genaro García Luna y Luis Carlos Palomino, ambos respaldados con todo el poder del gobierno por Felipe Calderón, decidieron violar la ley, fabricar pruebas, crear testigos y faltar a los protocolos internacionales firmados por México, con tal de alcanzar un poco de fama y consolidar el poder en sus manos.

Se burlaron de la sociedad, violentar la ley y mintieron tantas veces como pudieron en el caso de la multicitada señora Cassez. Y en marzo del año pasado, presionar a la Corte para que el fallo que hace un par de días se aprobó para liberar a la supuesta secuestradora, fuera rechazado.

Ahora, el nuevo gobierno dejó correr las cosas. Se determinó la libertad inmediata de Florence Cassez y se destacó que ello resultaba obligado gracias a la pésima actuación del señor García Luna y de sus segundos.

Así las cosas, el que el presidente Peña demande el respeto al estado de derecho y que no se repitan casos como este, resulta, en el mejor de los casos, algo insuficiente.

Si las víctimas no reciben justicia en este caso, no es por culpa de los ministros de la Corte, sino de quienes violaron la ley para hacer creer que habían resuelto un caso importante. Si los que violaron la ley se mantienen en la impunidad, entonces ¿dónde queda el estado de derecho?

La ecuación no puede resultar más simple. Si los delincuentes tienen que ser puestos en libertad por las trapacerías de las autoridades ¿no son entonces las autoridades las responsables y por lo tanto no son quienes deben recibir el castigo que marque la ley?

El gobierno puede por supuesto, ordenar que se respete el derecho y que no se comentan arbitrariedades ni violaciones al momento de las investigaciones de los delitos o las detenciones de los presuntos delincuentes.

Pero ¿puede pedir que se respete el estado de derecho y al mismo tiempo no ordenar la investigación correspondiente en este caso? ¿Se puede hablar de legalidad cuando se respalda la impunidad en un caso tan importante para México como el de la señora Cassez? ¿Se puede aceptar la queja de las víctimas, pero no responder con el castigo a los responsables?

La verdad es que si la impunidad triunfa, lo que habremos visto no será la victoria de la ley y el primer paso hacia la consolidación en el accionar de las instituciones encargadas de hacer justicia, sino algo de política internacional, de necesidades internas y un mucho de demagogia oficial.

QMX/nda