Pese a opinión en contra, lunes iniciará ruta para avalar Artículo 19

CIUDAD DE MÉXICO, 8 de febrero de 2019.- La noche de este viernes terminaron las Audiencias Públicas para el análisis de las modificaciones al Artículo 19 en materia de prisión preventiva oficiosa que organizó la Cámara de Diputados, donde la mayoría de expertos, académicos y ex funcionarios del Gobierno federal y local que participaron a lo largo de tres días coincidieron en la poca o nula efectividad que tendría esta medida.

Señalaron, entre ellos el representante en México del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU, Jan Jarab, que aumentar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, no es la solución al problema de inseguridad que enfrenta el país y contrario a ello, sí es una ventana abierta a la violación de los derechos humanos, impunidad, corrupción y abuso.

Indicaron que al aplicar la prisión preventiva se han cometido abusos de autoridad y provocado que haya personas inocentes en las cárceles del país; mientras que, por otro lado, en delitos como el robo de combustible o portación de armas de fuego, se estaría castigando el último eslabón de la cadena delictiva, pero no el origen.

Se pronunciaron porque no se apruebe la reforma al artículo 19, que en los términos que está en estos momentos, contempla aumentar tres ilícitos más como meritorios de prisión preventiva oficiosa: delitos electorales, corrupción y robo de combustible, el conocido huachicoleo.

Sin embargo, los legisladores quieren subir la lista con seis ilícitos más, entre los que destacan feminicidio y portación de armas de fuego de uso exclusivo.

Ante lo que parece ser una eminente aprobación de esta reforma, pidieron que se revise minuciosamente y se hagan las especificaciones necesarias sobre los delitos que estarían sujetos a esta medida, en cuanto a la dimensión del mismo y el tratamiento que se les daría.

Cuestionaron, cuál sería el criterio para detener y juzgar a una persona que por llevar cinco o 10 litros de gasolina robada, sea acusada de huachicoleo, cuando el origen y la dimensión del problema está en los grupos de la delincuencia organizada que se dedican a este ilícito, donde algunos pusieron de ejemplo el caso de Tlahuelilpan, Hidalgo.

A pesar de la abrumadora negativa de los participantes a estas audiencias, para aprobar la reforma al artículo 19, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, Mario Delgado, informó que el lunes próximo se reunirán para definir la ruta a seguir, donde buscarán los consensos necesarios para su aprobación.

«Nos vamos a una dinámica en la que al dictamen que hizo la Comisión de Puntos Constitucionales se le vayan sumando otros delitos, los que generen consenso, las dos terceras partes; o nos vamos sobre la minuta que nos envió el Senado de la República, que incluye nueve delitos», señaló.

A pregunta expresa sobre las opiniones en contra que se recabaron en la audiencias pública, Delgado Carrillo señaló que es difícil generar un equilibrio entre la enorme demanda que hay de justicia, terminar con la impunidad y garantizar que no haya abusos y violaciones a los derechos humanos.

«No basta con reformar el artículo 19 constitucional para garantizar que el robo de hidrocarburos, corrupción y delitos electorales se dejen de cometer, pero sí se le da al Gobierno mayores instrumentos para combatir la impunidad.

«Necesitamos tener una visión integral para avanzar en el sistema de justicia y reducir la impunidad. Tenemos claro que no va a ser suficiente y vamos a seguir trabajando en otras iniciativas y en otras áreas que podamos mejorar”, afirmó.

Sostuvo que en las audiencias se han expresado opiniones que no están en favor de la prisión preventiva, sin embargo, dijo que también hay una exigencia de terminar con la impunidad y que pide justicia.

Con una amplia asistencia de más 60 participantes a estas audiencias públicas que iniciaron el pasado 6 de febrero, estuvieron, entre otros, el Coordinador General de Seguimiento a Recomendaciones y Asuntos Jurídicos de la CNDH, Rubén Pérez Sánchez; el magistrado Juan José Olvera López, de la Unidad para la Consolidación del Nuevo Sistema de Justicia Penal (Consejo de la Judicatura).

Así como el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, Santiago Nieto; mientras que en ámbito de las instancias internacionales, estuvo el Representante en México de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de de la ONU, Jan Jarab, y Antonino De Leo, de la Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito en México.

También participaron, Magistrado Pablo González, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua; José Antonio Caballero, profesor e investigador del CIDE; Carlos Alberto Galindo, Investigador del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República; Layda Negrete, World Justice Project (WJP).

Rodolfo Felix Cárdenas, ex Procurador General de Justicia de la Ciudad de México; Roberto Hernández, director del polémico documental Presunto Culpable; María Novoa, de México Evalúa; Estefanía Vela, Responsable del Área de Derechos Sexuales y Reproductivos del Programa de Derecho a la Salud del CIDE; y Juan Manuel Gastélum, alcalde de Tijuana, entre otros.