Pide CNDH a presidenciables definir defensa de dignidad nacional ante EU

CIUDAD DE MÉXICO, 18 de mayo de 2018.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) demandó a los aspirantes a la Presidencia de la República den a conocer explícita y puntualmente de su compromiso real y no sólo discursivo con los derechos humanos, en especial sobre el tema migratorio y la política de dignidad nacional que llevarán a cabo frente a los Estados Unidos.

Se trata, dijo, que expongan cómo harán para que lo que dicen las normas no se quede en el papel y se materialice en los hechos.

Destacó la importancia que el tema migratorio tiene en la agenda de los derechos humanos, por lo que es preciso conocer cómo aplicarán el principio de congruencia en la defensa de nuestros connacionales en la Unión Americana y el trato que se da a las personas migrantes que ingresan por nuestra frontera sur; cuál será la política de desarrollo nacional que emprenderán para evitar que nuestra población emigre y cómo se articulará la política migratoria con Centroamérica para una migración segura, regulada y ordenada.

Así lo señaló el ombudsperson nacional, Luis Raúl González Pérez, quien puso en relieve la importancia de conocer la política pública que en materia migratoria se pondrá en marcha en los estados fronterizos del norte y en especial en los 11 puntos de cruce entre México y Estados Unidos, así como la forma en que se respetará el derecho al refugio de las personas que cruzan por el territorio nacional.

Expresó su preocupación por los diferendos diplomáticos en materias comercial o migratoria entre México y Estados Unidos que vulneran la estabilidad económica y emocional de miles de familias de ambos países, especialmente la dignidad de las personas que tienen esperanza de reunificarse o de quienes buscan prosperidad. También, por la incertidumbre que generan las nuevas políticas migratorias de ese país.

Subrayó la importancia de que en las actuales campañas electorales se privilegien las propuestas y no las denostaciones, insultos o difamaciones; se evite el lenguaje de violencia política y privilegien concordia y entendimiento, pero sobre todo que se escuche a la sociedad y los aspirantes a puestos de elección popular formulen con mayor seriedad y viabilidad propuestas que respeten los derechos fundamentales.

En el marco de la presentación del Informe Migrantes Haitianos y Centroamericanos en Tijuana, Baja California, 2016-2017. Políticas Gubernamentales y Acciones de la Sociedad Civil, en el Colegio de la Frontera Norte (COLEF), González Pérez afirmó que “el contexto de vulnerabilidad que vive la comunidad migrante en general, sea en México o en los Estados Unidos, requiere propuestas mejor estructuradas y no únicamente mecanismos de atención provisional”.

Resultado de dicho Informe, la CNDH demanda al Estado mexicano en sus distintos niveles de gobierno atender las recomendaciones sobre política pública relacionada con flujos migratorios intensos, presupuesto para contingencias derivadas de tales flujos, protocolo de intervención e inserción social.

Se recomienda definir una política migratoria sustentada en principios rectores del Sistema Internacional de Derechos Humanos; elaborar un sistema de información que permita un monitoreo continuo de los flujos migratorios en México y crear un modelo de operación integral, transversal, intra e intergubernamental con la participación de la sociedad civil, con capacidades financieras, mecanismos de seguimiento y fiscalización, así como de implementación inmediata frente a flujos migratorios extraordinarios previamente identificados por los sistemas de planeación de política pública.

En materia de presupuesto para contingencias derivadas de crisis migratorias, se sugiere la creación de un fondo de apoyo ante contingencias por crisis migratorias; que Sedesol fortalezca el Programa de Coinversión Social de Indesol, para que más organizaciones civiles y comunidades religiosas que asisten a poblaciones en situaciones de vulnerabilidad o marginalidad, se inscriban en el Registro Federal de Organizaciones de la Sociedad Civil y puedan presentar proyectos de inclusión social y asistencia humanitaria, y acceder a recursos federales.

Se plantea la necesidad de crear un protocolo de intervención que defina las atribuciones y acciones públicas de las entidades gubernamentales de los tres niveles de gobierno y determine la estrategia para atender y proteger a las personas migrantes, para que exista claridad sobre las tareas y mecanismos de coordinación de todas las dependencias gubernamentales involucradas en la atención, garantizando su integridad y sus derechos humanos; incluyendo, desde el primer momento que sea detectada la crisis o emergencia, la coordinación con organismos internacionales y organizaciones como ACNUR, OIM, UNICEF y sociedad civil local, nacional e internacional.

En cuanto a inserción social, se propone que la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación (Segob) elabore una estrategia integral y transversal a los tres niveles de gobierno que garantice la inserción social, económica y cultural en México de la población haitiana, con base en los resultados de un diagnóstico que realice Sedesol que refleje las necesidades de las personas migrantes y facilite su inserción en las comunidades de destino, independientemente de su estatus migratorio.

Tras detallar que el estudio se refiere a las personas de origen haitiano que en su pretensión de llegar durante los años 2016 y 2017a los Estados Unidos y de las cuales 3000 quedaron varadas en la ciudad de Tijuana y que han obtenido su regularización migratoria y forman parte de la vida cotidiana de esta ciudad, el Ombudsperson nacional expresó que dicha problemática hizo ver a la CNDH las importantes áreas de oportunidad que aún existen en materia de políticas públicas de atención a poblaciones migrantes y solicitantes de refugio en nuestro país.

Acompañado en el presídium por Alberto Hernández, presidente del COLEF, el Presidente de la CNDH refirió las acciones emprendidas por la CNDH en favor de la población haitiana migrante, los acompañamientos desde Tapachula hasta Tijuana, la solicitud de medidas cautelares emitida, las historias desgarradoras que se conocieron, como la de la señora madre que perdió a su hijo al intentar cruzar un río caudaloso entre Colombia y Panamá.

Reconoció el esfuerzo de autoridades y el trabajo de asociaciones civiles y albergues para atender el problema, y agradeció a COLEF el interés y rigor por documentar y dar cuenta de las acciones gubernamentales y de la sociedad civil.

Este Informe, que ya fue debidamente notificado a sus destinatarios, puede consultarse AQUÍ.