Pide CNDH dejar atrás discursos de odio que dividen y polarizan

CIUDAD DE MÉXICO, 8 de mayo de 2018.- México no puede sucumbir en la coyuntura de ningún proceso electoral, mucho menos sumirse en la contemplación pasiva de la violencia y la impunidad, afirmó el ombudsperson nacional, Luis Raúl González Pérez, quien condenó la crispación, polarización, incertidumbre y violencia política bajo cualquier forma que se presente.

Los ejercicios democráticos, enfatizó, deber ser ocasión para encontrar vías de salida a los problemas que enfrentamos, no rutas rumbo a callejones sin salida de violencia, intolerancia y división.

Demandó que las fuerzas políticas eleven el nivel de la discusión y que todos los sectores sociales y todas las personas tengamos altura de miras para ver propuestas de debates en que se confronten ideas, no personas.

Todo, dijo, en favor de un proceso electoral que permita dar cauce a las instituciones democráticas, al cumplimiento de la ley, para que las mexicanas y mexicanos tengamos claras las plataformas electorales desde una perspectiva ajena a la polarización, para lo cual llamó a dejar atrás los discursos de odio, que dividen y polarizan.

Al presentar el Informe de Actividades 2017 de la CNDH ante el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), encabezado por el ministro presidente Luis María Aguilar Morales, González Pérez llamó a las autoridades a respetar la institucionalidad democrática mediante el impulso del reconocimiento de la ley y del reconocimiento, respeto y defensa de los derechos humanos.

«Solo las normas y las instituciones que las materializan pueden rescatar y fortalecer la legalidad y el respeto de la dignidad de las personas ante cualquier entorno que las amenace. La construcción del desarrollo y el bien común al que aspiramos no se logrará fomentando el odio, la intolerancia o la exclusión”, aseguró.

Al compartir con las ministras y ministros de la corte la preocupación del organismo nacional sobre los hechos que ensombrecen y amenazan la convivencia pacífica de la sociedad, señaló que la inseguridad, violencia, corrupción e impunidad se han extendido como plagas en casi todos los ámbitos de la vida nacional; generando un entorno en el que las y los mexicanos hemos tenidos que empezar a asumir como parte de nuestra normalidad, los elevados índices de homicidios, la violencia contra las mujeres, los ataques y agresiones a periodistas y defensores de derechos humanos, los abusos a migrantes, la trata de personas, así como las subsistencia de prácticas contrarias a la dignidad humana, como tortura, desaparición forzada, detenciones y ejecuciones arbitrarias.

En sesión solemne del Pleno de la SCJN, el ombudsperson nacional subrayó que es preocupante que “normalicemos” el horror, reflejo de una descomposición institucional y social, donde la gravedad y extensión de los problemas que enfrentamos incide en que tengamos un Estado de Derecho débil, con amplia tolerancia al incumplimiento o aplicación discrecional de la ley, con instituciones y autoridades rebasadas, estrategias anuladas y su capacidad de control disminuida al límite, por lo que ese Estado de Derecho es solo una aspiración.

Puntualizó que en este entorno tan complejo, durante 2017, un total de 218,695 personas recurrieron a este Organismo Nacional para buscar apoyo, atención o asesoría, al considerarla una vía real de acceso a la justicia frente a la arbitrariedad y en contra de la impunidad. En total desde 2012, la CNDH ha atendido a más de un millón 257 mil personas.

Explicó que de los 38 mil 722 escritos de queja recibidos el año anterior, se abrieron 25 mil 959 nuevos expedientes, de los cuales nueve mil 331 correspondieron a quejas propiamente dichas, ocho mil 319 a orientaciones directas, siete mil 682 remisiones y 627 inconformidades, y se concluyeron 26 mil 210.

Precisó que en el periodo del informe la CNDH emitió 97 instrumentos recomendatorios, que comprendieron 81 recomendaciones ordinarias, 5 recomendaciones por violaciones graves, ocho recomendaciones del Mecanismo de Prevención de la Tortura y tres recomendaciones generales. Aceptar una recomendación pero no cumplirla lleva implícita la revictimización de quien vio vulnerados sus derechos fundamentales e imposibilita que la verdad y la justicia se concreten, sentenció.

Consideró que el Poder Judicial de la Federación y los organismos públicos de protección y defensa de los derechos humanos enfaticen que México cuenta con un sistema democrático y legal donde importan instituciones, las leyes, la autonomía e independencia de los distintos Poderes y órganos constitucionales, todo lo cual debe mantener su vigencia con independencia de las personas o grupos que se vean favorecidos por el voto mayoritario de la población en las elecciones. Cualquier proyecto de nación, si aspira a ser legítimo y viable, debe tomar como premisa el respeto irrestricto a la legalidad y a los derechos y libertades de las personas.

Y puntualizó la importancia de fortalecer nuestra institucionalidad, que esté desvinculada de cualquier sesgo meramente coyuntural. México reclama instituciones que cierren la brecha entre lo previsto por las normas y lo que ocurre en la realidad, para consolidar la gobernabilidad democrática y lograr mejorías reales en la vida de las personas, concluyó.