Pide CNDH incluir metodología interdisciplinaria en política pública

CIUDAD DE MÉXICO, 7 de marzo de 2019.- Para la adecuada protección y conservación de las 182 Áreas Naturales Protegidas con que cuenta México, es fundamental incluir una metodología interdisciplinaria que considere las necesidades sociales con las ambientales.

Así como ampliar la integración de otras dependencias e instituciones gubernamentales, cuya labor está directa o indirectamente vinculada a la protección del ambiente, en lo relativo a asignación de presupuestos y procuración y administración de justicia, entre otras, para lograr que la política pública que se implemente impacte de manera positiva en la vida de las personas que habitan estas zonas.

Además, es de la mayor relevancia promover una verdadera democracia participativa que considere la consulta previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada, ya sea para comunidades y pueblos indígenas o para otros grupos que vean afectados sus derechos, como los núcleos agrarios, lo cual permitirá identificar realidades, detectar las necesidades de la población y generar propuestas que permitan a las autoridades prevenir el daño a las Áreas Naturales Protegidas y evitar violaciones a derechos humanos.

Así lo expresó el Sexto Visitador General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Jorge Ulises Carmona Tinoco, al encabezar la presentación del Estudio sobre el cumplimiento e impacto de las recomendaciones generales, los informes especiales y pronunciamientos de la CNDH 2001-2017. Tomo VI. Áreas Naturales Protegidas y Derechos Humanos, que aborda el cumplimiento de la Recomendación General 26/2016 relativa a Áreas Naturales Protegidas, la cual, dijo, constituyó un parteaguas al visibilizar el vínculo de la protección del medio ambiente con los derechos humanos y concientizar sobre la conservación y preservación de los recursos naturales y, por ende, de la biodiversidad.

Carmona Tinoco detalló que tanto la Recomendación como el Estudio permiten visibilizar las violaciones a derechos ante la omisión del Estado de salvaguardar las 90,839,521.55 hectáreas de Áreas Naturales Protegidas que posee nuestro país, además de reparar el daño a las personas que se ven afectadas por la insuficiente sincronía de las prácticas administrativas en los tres órdenes de gobierno.

Indicó que el estudio, realizado en conjunto con el Instituto de Investigaciones Sociales y el Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM, señala que aún persisten importantes retos para alcanzar el cumplimiento de la Recomendación General 26/2016 y establece la importancia de que en el proceso de toma de decisiones se considere a todas las personas que viven en las áreas naturales protegidas.

Respecto al deterioro que ha sufrido nuestro país en esta materia, el Estudio señala que para 1976 la cobertura vegetal original en estado primario de los ecosistemas naturales del país se había reducido a 56 por ciento, y para 1993 y 2011 representaba alrededor de 54 y 50 por ciento de su superficie original; mientras que la cobertura de los bosques y selvas del país representaba en 1993, 2002 y 2011, alrededor de 38, 34 y 32 por ciento, respectivamente, de su extensión original, con las mayores pérdidas ubicadas en las zonas tropicales.

También destaca la pertinencia de generar estrategias para contrarrestar fenómenos naturales como los periodos de sequías, dado que más de un tercio de nuestro territorio (35.4 por ciento) sufre este problema, siendo las regiones de Baja California, el Desierto Chihuahuense y la Sierra Madre Occidental las más impactadas; además de que los incendios forestales han incrementado su frecuencia, extensión y severidad: entre 1970 y 2007 los incendios, en su mayoría causados por la acción humana vinculada al uso del fuego agropecuario, afectaron en promedio casi 221 mil hectáreas por año.

El documento presentado indica que se ha evidenciado la pérdida, en el país, de 127 especies animales, de las que 74 eran endémicas; además de que hace un llamado a analizar el incremento en la producción de alimentos, el uso ineficiente de agroquímicos y la apertura de tierras en áreas no aptas para la agricultura, que trajeron como consecuencias erosión, deforestación y contaminación de suelos y aguas.

En lo relativo al costo económico de esta situación, el Estudio señala que, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en 2013 los costos por agotamiento y degradación del ambiente, y los gastos en protección ambiental en México representaron 5.7 y 0.9 por ciento, respectivamente, del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que los costos de mitigación de las emisiones atmosféricas alcanzaron 3.4 por ciento del PIB.

En el acto, realizado en el auditorio Dr. Jorge Carpizo de la Coordinación de Humanidades de la UNAM, el Sexto Visitador General estuvo acompañado en el presídium por Domingo Alberto Vital Díaz, Coordinador de Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); Antonio Azuela de la Cueva, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la máxima Casa de Estudios; Luis de la Barreda Solórzano, Coordinador del Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM; Enrique Provencio Durazo, Presidente del Centro Interdisciplinario de Biodiversidad y Ambiente A. C., y Adriana Geuguer Dosamantes, Directora General de la Sexta Visitaduría de la CNDH.

Al comentar el Estudio, especialistas coincidieron en resaltar la importancia que tiene la Recomendación 26/2016 y el presente Estudio para colocar en la agenda pública el derecho a la protección del medio ambiente y la necesidad de garantizar el derecho a la consulta entre los pueblos y comunidades que habitan las Áreas Naturales Protegidas. Asimismo, que ante la complejidad del tema, el diálogo interdisciplinario y respetuoso entre las instituciones como la CNDH es fundamental para resolver los conflictos que aquejan a la sociedad.

José Ramón Cossío Díaz, ministro en Retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dijo que la Recomendación 26/2016 permitió visibilizar la relación entre derechos humanos y ecosistema, mientras que el Estudio muestra la necesidad de diseñar e implementar herramientas jurídicas adecuadas para solucionar los conflictos de índole agraria y urbanística que suelen presentarse en las Áreas Naturales Protegidas, dado que en esos sitios también confluye el ejercicio de diferentes derechos humanos, entre ellos los relativos a la vivienda, salud y a la consulta, los cuales que deben ser armonizados con la preservación del medio ambiente.