Comunidades mayas piden justicia ambiental a la Corte

CIUDAD DE MÉXICO, 14 de mayo de 2026.- Ante la crisis socio ambiental a causa de la expansión desmedida de la industria porcícola, representantes del Consejo Maya del Poniente Chikin-Ja denunciaron afectaciones a sus tierras, cultivos, contaminación de sus acuíferos, cenotes y a la salud de sus comunidades de la Península de Yucatán.

Comunidades mayas, colectivos, organizaciones de la sociedad civil y activistas exhortan a los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) votar a favor de la resolución del amparo en revisión 451/2025 fundamental para garantizar la protección de los derechos de los pueblos indígenas.

Dicho proyecto de resolución será discutido en el Pleno de la Suprema Corte y pide que se fortalezca el derecho a la consulta previa y sentar un precedente frente a las políticas y proyectos impulsados sin la participación de las comunidades mayas.

La Corte debe analizar la constitucionalidad de la Norma Técnica Ambiental NTA-001-SDSD-22, emitida por la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Estado de Yucatán en 2022, durante el gobierno del panista Mauricio Vila Dosal, sin realizar una consulta indígena.

Denuncian graves impactos ambientales y a la salud como el cáncer

Matilde Dzib, apicultora y del Consejo Maya Poniente Chikin-Jab, denunció en conferencia de prensa los impactos ambientales y sociales a causa del asentamiento de granjas porcícolas en los pueblos y comunidades mayas en la región del denominado ‘anillo de cenotes’.

“Vimos que empezó a bajar la población de abejas ya que esta empresa fumigaba para las moscas y por ende se mataba a los polinizadores”, manifestó desde el Centro ProDH.

La representante proveniente de Kinchil, Yucatán acudió a la Ciudad de México para exponer las afectaciones desde la llegada de seis naves porcícolas con 48 mil cerdos cada una a su región, para lo cual se deforestación varias hectáreas para su instalación.

Las comunidades se dieron cuenta de las afectaciones por el cambio del color y olor del agua de los cenotes, así como amoniaco en el aire, que en cadena afectó la actividad de la apicultura, así como en los cultivos de maíz por la proliferación de moscas.

“Empezamos a notar que había enfermedades de cáncer del estómago, enfermedades de la piel, entonces, esto nos ha llevado a bastante preocupación y aparte que, al instalarse estas granjas, tampoco se nos consultó”, denunció.

Ismael Salazar, originario de Chapab de las Flores, expuso que desde hace seis años se sienten afectados por estas granjas porcícolas que invadieron 65 hectáreas en su ejido.

“Nos perjudica bastante por la pestilencia, por moscos, por moscas, no te dejan comer tranquilo en el pueblo, cuando sueltan la llave del agua potable huele a caca de cochino. Hay muchos niños, se les lavan los trastes, la ropa con el agua y ya está contaminado”, manifestó al pedir que la Suprema Corte los tome en cuenta y les haga justicia a sus derechos.