Piden pacto político y social para combatir crisis de violencia

CIUDAD DE MÉXICO, 27 de diciembre de 2016.- La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la mayor de América Latina, pidió un pacto político y social amplio para enfrentar la crisis de violencia, tal y como se desprende del programa Para la seguridad y justicia, pues el fenómeno no sólo alcanzó a las familias, sino también a mujeres, niños y ancianos.

En el documento denominado Elementos para la construcción de una política de Estado para la seguridad y la justicia en democracia se articulan 36 puntos, y fue elaborado por 88 especialistas reunidos el pasado junio en las instalaciones de la propia UNAM.

Entre las propuestas, destaca «celebrar un pacto político y social amplio que reoriente a las instituciones de seguridad y justicia para enfrentar la crisis de violencia», según un comunicado emitido por la UNAM donde se pone énfasis en que el país vive bajo un clima de violencia atribuida al crimen organizado, en particular el narcotráfico, que en casi cinco años se ha cobrado más de 40 mil vidas.

El Congreso tiene en análisis una ley para definir la participación del Ejército en el combate al crimen, que igualmente es reprobada por grupos como el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, encabezado por el escritor Javier Sicilia. Hasta ahora el tema está pendiente.

El texto universitario considera vital «generar consensos políticos y sociales para dar un giro inmediato en las estrategias de seguridad, centrándolas en la prevención del delito, el abatimiento de la impunidad, la reducción del número de muertes y de lesionados».

Sugiere rediseñar políticas de empleo que destaquen la importancia del nexo escuela-trabajo, y fomenten la estabilidad en el empleo y la capacitación de los trabajadores. Combatir el consumo de drogas y la impunidad de los delitos son otros dos de los puntos del programa.

Para el primero se pide el desarrollo de una política social que ayude «a los consumidores de sustancias adictivas a aceptar su problema y solicitar tratamiento».

A ello plantea sumar «un registro nacional de víctimas y llevar a su máxima intensidad la persecución del delito de lavado de dinero».

Pero uno de los mayores problemas sociales –de alcance histórico–, ante el cual no hemos logrado generar respuestas adecuadas, es el relativo a la violencia que se ejerce de manera cotidiana en contra de mujeres, niñas y adolescentes en todo el territorio nacional. Los datos que aporta el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), como referencia contextual, son abrumadores:

1. 65 de cada 100 mujeres mayores de 15 años han vivido al menos un episodio de violencia a lo largo de sus vidas.
2. 47 de cada 100 mujeres mayores de 15 años, y que han tenido alguna relación de pareja, han sido agredidas por sus novios o cónyuges.
3. Hay una mayor prevalencia de violencia ejercida por las parejas de las mujeres que trabajan sobre quienes no lo hacen. Contra las primeras 52 por ciento de sus parejas han ejercido violencia frente al ya mencionado promedio de 47 por ciento nacional.
4. El 85 por ciento de las mujeres que han padecido violencia física o sexual de parte de sus parejas, la han experimentado en grados “grave” o “muy grave”; en números absolutos se trata de 5.8 millones de mujeres mayores de 15 años.
5. 21 por ciento de las mexicanas que han sido víctimas de violencia física o sexual han pensado en suicidarse. De ellas, nueve por ciento lo han intentado. Se estima que en México hay alrededor de 1.2 millones de mujeres que han sido víctimas de violencia física extrema y que ésta ha puesto sus vidas en riesgo.

Este fenómeno de la violencia, obliga a reflexionar la magnitud del daño que se provoca a los millones de mujeres que, además de la violencia física o sexual, enfrentan cotidianamente violencia sicológica o emocional; al respecto, debe siempre tomarse en cuenta que millones de mexicanas padecen varias formas de agresión de manera simultánea, pues es común que quien es víctima de agresiones físicas o sexuales previamente haya padecido o continúe padeciendo abuso emocional, económico o sicológico.

El mismo INEGI, sostiene que solamente el 35.9 por ciento de las mujeres que reportan violencia sostienen que han sido víctimas de un solo acto de agresión; 24.1 por ciento sostiene haber vivido dos actos de violencia; 16.5 por ciento reportó tres eventos; 12.3 por ciento reporta cuatro actos de agresión; mientras que 11 por ciento sostiene que ha sido víctima de cinco o más actos de agresión.

De acuerdo con los datos del INEGI, en el país habría al menos 26.75 millones de mujeres mayores de 15 años que han sufrido algún evento de violencia; 18.71 millones la han padecido de su último esposo o pareja o de su pareja actual; 19.2 millones han vivido también violencia de otros agresores; mientras que poco más de tres millones han vivido algún episodio de agresión o discriminación laboral en su último año de trabajo.

Debe decirse al respecto, que estas condiciones de violencia generalizada en contra de las mujeres encuentra en el ámbito delictivo severas expresiones que nos llevan a tener una muy alta prevalencia de delitos que se cometen principalmente en contra de mujeres, niñas y niños.

La Secretaría de Gobernación (Segob) asegura que “la violencia emocional o psicológica, es una forma de maltrato que se manifiesta con gritos, insultos, amenazas, prohibiciones, intimidación, indiferencia, ignorancia, abandono afectivo, celos patológicos, humillaciones, descalificaciones, chantajes, manipulación y coacción. Con estas conductas el agresor pretende controlar al otro provocándole sentimientos de devaluación, inseguridad, minusvalía, dependencia, y baja autoestima. Esta forma de violencia es más difícil de detectar que la violencia física pero puede llegar a ser muy perjudicial porque además de que es progresiva, en ocasiones logra causar daños irreversibles en la personalidad del agredido.

Explicó que la “violencia física, implica el uso de la fuerza para dañar al otro con todo tipo de acciones como empujones, jaloneos, pellizcos, rasguños, golpes, bofetadas, patadas y aislamiento. El agresor puede utilizar su propio cuerpo o utilizar algún otro objeto, arma o sustancia para lograr sus propósitos.

Esta forma de maltrato ocurre con menor frecuencia que la violencia psicológica pero es mucho más visible y notoria. El agresor, de manera intencional y recurrente busca controlar, sujetar, inmovilizar y causar daño en la integridad física de la persona.

Violencia sexual, o abuso sexual, se refiere en primera instancia a la violación, pero incluye la burla, la humillación o el abandono afectivo hacia la sexualidad y las necesidades del otro. Además, está la celotipia y todo tipo de acciones, chantajes, manipulaciones o amenazas para lograr actos o prácticas sexuales no deseadas o que generen dolor.

Las relaciones sexuales frente a terceros y la utilización de objetos sexuales sin el consentimiento de la persona también se consideran formas de abuso sexual, que al igual que las demás, buscan el control, la manipulación y el dominio del otro. Violencia económica o patrimonial, como una forma de amedrentar, someter o de imponer la voluntad en el otro se usan los recursos económicos o los bienes personales, sostiene esta dependencia federal.

El Arzobispado de México, en el documento titulado La Inseguridad y la Violencia en México, manifiesta que nuestro país, al igual que en varios países de América Latina y del Caribe, se está deteriorando en la vida social, la convivencia armónica y pacífica.

Esgrimió que esto sucede “por el crecimiento de la violencia, que se manifiesta en robos, asaltos, secuestros, y lo que es más grave, en asesinatos que cada día destruyen más vidas humanas y llenan de dolor a las familias y a la sociedad entera. No se trata de hechos aislados o infrecuentes, sino de una situación que se ha vuelto habitual, estructural, que tiene distintas manifestaciones y en la que participan diversos agentes; se ha convertido en un signo de nuestro tiempo que debemos discernir para ponernos al servicio del Reino, anunciado por Jesús, que vino para que todos tengan vida y la tengan en plenitud (Cf. Jn 10,10)12.

La pastoral de la Iglesia no puede prescindir del contexto histórico donde viven sus miembros. El dinamismo de la vida social, política, económica y cultural representa desafíos a la misión de la Iglesia de construir el Reino de Dios13. Por ello, comenzamos acercándonos a la realidad a partir de nuestra experiencia de la fe en Cristo; de ella surge una manera de entender al hombre y a la mujer, su ser integral de persona, conforme a su dignidad de hijos de Dios. Es parte de un proceso de discernimiento, que es el método con que actuamos en la Iglesia, no sólo como modo de proceder; sino porque la misma naturaleza de la Iglesia es misterio de comunión con Cristo, en el Espíritu Santo. Así nos acercamos a los grandes problemas que encontramos en nuestro camino, para que sean aclarados con la luz del Espíritu que ayuda a caminar en la caridad hacia la verdad plena.

Al respecto, debe decirse que entre los años 2009 y 2012 se procesaron en el ámbito del fuero común un total de 749 mil 191 delitos; de éstos, 87 mil 992 están directa o indirectamente relacionados con mujeres, niñas y niños que fueron víctimas; es decir, se trata de 11.7 por ciento del total, sin contar los homicidios y las lesiones.

Entre los delitos considerados para este análisis se encuentran el abandono de familiares, abandono u omisión de asistencia a menores de edad, acoso sexual, la corrupción de menores e incapaces; el estupro, la explotación sexual de menores e incapaces; el incesto, el lenocinio, los matrimonios ilegales, y la sustracción y tráfico de menores de edad e incapaces. También que los delitos que mayor número de casos acumulan en el periodo mencionado son: la violencia intrafamiliar, con 25 mil 22 casos; incumplimiento de obligaciones familiares, con 19 mil 587 casos; violación, con 16 mil 635 procesos; mientras que por abuso sexual se han acumulado 15 mil 338 casos en el periodo que va de 2009 a 2012.

Para dimensionar la magnitud de estos datos basta con señalar que el promedio anual de casos de violencia intrafamiliar que son procesados a la justicia es de seis mil 255; lo cual implica un promedio de 17 diarios.

Panorama en entidades

La distribución de la violencia en contra de las mujeres no es uniforme en todo el país; al respecto debe precisarse que en estados en donde se ha denunciado recientemente un crecimiento alarmante de casos de violencia contra ellas se presentan bajos porcentajes de delitos cometidos contra ellas respecto del total de delitos procesados.

Lo anterior puede tener una doble explicación: o efectivamente los índices de violencia y su prevalencia es bajo; o bien puede darse el caso de que los delitos no se denuncian o que cuando sean de conocimiento de la autoridad ésta actúe de manera omisa o incluso en contra de los derechos de las mujeres.

Con esta acotación debe decirse que si el promedio nacional es de 11.7 por ciento de delitos cometidos contra las mujeres respecto del total de delitos en proceso judicial, hay 16 entidades que superan este promedio.

Los casos más dramáticos son: Guerrero, en donde los delitos procesados en los que las víctimas son mayoritariamente mujeres, niñas y niños representan 27.7 por ciento del total. Esto significa que uno de cada cuatro delitos procesados tienen probablemente a una mujer, niñas o niños como víctimas.

Le siguen en segundo lugar los estados de Chiapas y Veracruz, en donde al menos en uno de cada cinco delitos procesados la víctima es una muer, niña o niño; ahí el porcentaje de estos delitos representan, en cada uno de ellos, 22.7 por ciento del total estatal.

Posteriormente se encuentran las entidades de Sonora, con 18.9 por ciento de los delitos; Chihuahua, con 16 por ciento; Campeche, con 15.7 por ciento; Tabasco, con 15.5 por ciento; y Colima, con 15.4 por ciento del total de los delitos de quienes se encuentran procesados por la justicia estatal.