Piden perredistas comparecencia de Osorio Chong en San Lázaro

CIUDAD de MÉXICO,. 2 de diciembre de 2016.- Luego de que el presidente Enrique Peña Nieto reconoció un “repunte en los índices delictivos en el país” durante el presente año, es necesario que su gobierno actúe en los hechos y no mediante discursos que pretenden maquillar la realidad, afirmó la diputada federal del GPPRD, Cristina García Bravo.

Mediante un comunicado, la legisladora dijo que es importante que el Poder Legislativo convoque al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para que desde la dependencia a su cargo se refuercen acciones, estrategias, políticas públicas de prevención y combate a la violencia e inseguridad en las entidades federativas y municipios en todo el país.

La legisladora perredista, quien es secretaria de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, señaló que las estadísticas oficiales son muy preocupantes, pero además “no dejan lugar a dudas sobre el fracaso del Estado mexicano en su tarea de combate a la inseguridad y violencia”.

Llama la atención –agregó- que las tasas delictivas que han ido a la alza, puedan seguir esta misma ruta, toda vez que el otorgamiento de subsidios para el Programa Nacional de Prevención del Delito no tendrá recursos para el 2017, lo que sin duda perjudicará a la seguridad pública de estados y municipios.

García Bravo consideró lamentable que en la discusión del PEF-2017 no se hayan aprobado recursos para dicho programa que, de una u otra manera, podrían prevenir y/o salvar a muchas personas de ser víctimas de una innumerable cantidad de delitos.

Precisó que a decir del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), hasta el 30 de septiembre pasado, 29 mil 152 personas fueron víctimas de homicidios dolosos y culposos, 959 de secuestro y 3 mil 820 de extorsiones, siendo el estado de México la entidad donde mayor número de homicidios se registraron con 2 mil 205; Guanajuato, 2 mil 347 y Guerrero 2 mil 169, entre otros.

La parlamentaria consideró que lo más lamentable es que de cara a todas estas cifras y al propio recorte presupuestal en materia de seguridad, el propio gobierno federal reconoce que “es imprescindible mejorar las condiciones de seguridad y justicia”, esto, mediante una política “para la prevención social de la violencia y de la delincuencia”.

Comentó que la acción para enfrentar este grave problema que ya es endémico, debe darse entre estados y la federación con una corresponsabilidad compartida para revertir cualquier forma de inseguridad e ir devolviendo a la sociedad los espacios públicos que han ido perdiendo