Por ley, Ejecutivo obligado a impulsar competitividad

CIUDAD DE MÉXICO, 13 de diciembre (Quadratín México).- La Cámara de Diputados dispuso que, por ley, el Ejecutivo tenga la obligación de construir una política de competitividad donde se incluya desde acciones de simplificación tributaria, hasta el incremento de respaldos financieros a ciencia y tecnología, entre otros.

Lo anterior al aprobar el pleno de la Cámara de Diputados reformas que incluyen a la competitividad entre los principios constitucionales que rigen la rectoría del Estado en el desarrollo económico del país y la vincula a la implementación de una política de desarrollo industrial, contemplados en los artículos 25 y 26.

Es de señalarse que esta iniciativa se encontraba en la congeladora legislativa, pues fue aprobada al Senado y remitida a Palacio de San Lázaro desde diciembre de 2011.

Finalmente un año después fue procesada por la Comisión de Puntos Constitucionales de San Lázaro y avalada en la sesión de hoy en una votación con 432 votos a favor, cero en contra y seis abstenciones.

Al tratarse de una reforma a la Carta Magna, ebe ser aprobada por la mayoría de los congresos estatales para su promulgación.

En los argumentos de la reforma a la competitividad se establece que uno de los más grandes desafíos que enfrenta el país es recuperar un crecimiento económico suficiente para generar los empleos necesarios.

Así, la reforma establece que el gobierno federal está obligado a conformar una política pública que abarque todos los rubros necesarios de impulso al a competitividad, entre los cuales figuran los sistemas tributario, educativo, de ciencia, innovación y tecnología, logística y comunicaciones, además de costo de la energía, regulación de la competencia económica, condiciones del mercado laboral, fortalecimiento de los procesos de mejora regulatoria y consolidación del Estado de Derecho, entre otros.

Al insertarse en el artículo 25 la iniciativa propone que la competitividad se considere desde un punto de vista jurídico, globalizador, relevante y general.

También señala que resulta indispensable acompañarlo de otras previsiones en la Carta Magna y por ello propone la adición de un último párrafo al artículo 25, para establecer la obligación de determinar una política nacional industrial, que incluya vertientes sectoriales y regionales.

Señala que hace tiempo que México no tiene una política industrial nacional y que se ha mencionado con algún grado de ironía que “la política industrial mexicana es que no exista política industrial”.

Considera que vincular competitividad y política industrial en el orden constitucional, permitiría contar con instrumentos de política pública que hoy en día son insuficientes.

Un programa de competitividad y una política industrial otorgarán certidumbre a los actores del crecimiento económico y garantizarán la atención prioritaria de impulso y fomento que el Estado debe darles, se establece en el documento.

Indica que estas medidas deben incluirse en el Plan Nacional de Desarrollo, con programas, estrategias y tareas a realizar, para garantizar la vigencia, continuidad y actualización de las políticas de competitividad y de desarrollo industrial.

Asimismo, a generar el marco normativo reglamentario que resulte necesario, como sería una ley reglamentaria para el desarrollo competitivo nacional en la que se definirían el conjunto de condiciones que deberían considerarse dentro de la política de fomento a la competitividad.

En el artículo 25 se establece que “la competitividad se entenderá como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo”.

También señala: “promoviendo la competitividad e implementando una política nacional para el desarrollo industrial que incluya vertientes sectoriales y regionales”.

Asimismo, que “el Plan Nacional de Desarrollo considerará la continuidad y adaptaciones necesarias de la política nacional para el desarrollo industrial, con vertientes sectoriales y regionales”.

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