Presentan diputados panistas amparo contra reforma judicial

CIUDAD DE MÉXICO, 24 de septiembre de 2024.- El diputado del PAN Saúl Téllez anunció que su grupo parlamentario presentó un amparo en contra de la reforma al Poder Judicial, actuando conforme a derecho.

Indicó que hay graves vicios en torno al proceso y desde la convocatoria, por lo que impugnan la creación y publicación de la reforma, destacando que el 80 por ciento de los diputados de la nueva legislatura no conocieron, ni participaron en las deliberaciones correspondientes.

Recordó que para el cambio de sede para la discusión y votación, nunca hubo un comunicado oficial hacia los 500 diputados, además de que ya estando en la Magdalena Mixhuca, se encontraron graves faltas a los principios de certeza y legalidad.

No se pudo corroborar que efectivamente existiera el quórum correspondiente para iniciar sesión, nunca hubo un registro de asistencia y tampoco tuvimos la certeza de que estuvieran participando los diputados, sin tener certeza de la identidad de los presentes”, agregó.

También exhortó al Instituto Nacional Electoral (INE) para que no se continúe con el proceso de elección de jueces, magistrados y ministros, enfatizando en que se sienta un grave precedente por el desacato a suspensiones judiciales existentes.

Enfatizó en los principales motivos que echarían abajo la reforma: el principio de certeza, el principio de legalidad, la consulta previa y los vicios que hubo durante el procedimiento de deliberación del dictamen.

Igualmente vamos a platicar con los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI), con los del partido Movimiento Ciudadano (MC), para ver si nos acompañan en la presentación de una acción de inconstitucionalidad”, recalcó.

Informo que buscarán agotar todas las instancias de manera local, pero de no avanzar, llevarán sus argumentaciones a cortes internacionales para que emitan una recomendación directa al Estado mexicano para modificar la Constitución.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tiene la fuerza para recomendar y obligar, a través de esas convenciones y tratados internacionales, de que la Constitución tenga que ser modificada”, agregó.